Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lanzó una contundente denuncia pública contra jueces del Poder Judicial que, afirmó, han favorecido a integrantes de organizaciones criminales a través de resoluciones judiciales «alarmantes».
Harfuch detalló que, desde el inicio de la administración federal actual, se han registrado 193 determinaciones judiciales que permitieron traslados, liberaciones y egresos definitivos de personas vinculadas con delitos de alto impacto.
“Se trata de decisiones que han beneficiado directamente a presuntos delincuentes. En total, más de 100 personas han regresado a las calles”.
Omar García Harfuch
Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar, dos egresos definitivos y 27 traslados a centros penitenciarios de menor seguridad, decisiones que fueron tomadas incluso cuando las autoridades penitenciarias consideraron no viables estos movimientos debido a la peligrosidad de los reclusos.
El caso más señalado fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien, según Harfuch, ha resuelto medidas judiciales que facilitaron la liberación de individuos procesados por delincuencia organizada, peculado, corrupción y lavado de dinero. Entre los casos expuestos destacan:
24 de abril de 2025: autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, al penal estatal de Aguaruto, donde días después se hallaron drogas, armas y dinero.
Enero de 2023: ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Marzo de 2024: dictó auto de no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, alias La Pingua, operador de Los Escorpiones, facción del Cártel del Golfo.
Noviembre de 2024: revocó la prisión preventiva a José Alfredo “N”, alias El Contador, otro familiar de Osiel Cárdenas.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó desde diciembre pasado que se ejercería acción penal contra Salazar Hernández por delitos relacionados con la impartición de justicia. Sin embargo, Harfuch afirmó que no se trata de un caso aislado.
También fueron mencionados otros jueces, como Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato, quien ordenó cinco traslados de presos vinculados con secuestro y corrupción de menores; y los jueces Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, con 58 y 15 resoluciones de cambio de medida cautelar, respectivamente.
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Harfuch reveló que 26 operadores criminales, pertenecientes a grupos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos, fueron liberados en los últimos siete meses por resoluciones judiciales.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen decisiones que favorezcan a los delincuentes. Hay compañeras y compañeros que arriesgan su vida para hacer estas detenciones”.
Omar García Harfuch
Pese a estos obstáculos, el titular de la SSPC subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado la detención de más de 20 mil personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.
Las declaraciones de Harfuch refuerzan la narrativa oficial de combate frontal al crimen organizado, pero también abren un frente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un contexto donde la legitimidad de las instituciones se encuentra bajo constante escrutinio.
Foto: X
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