Corte abre cuadernos de remoción contra Yáber y el notario Ortúzar por pagos vinculados a Vivanco

El análisis de las cuentas corrientes de Yáber reveló una serie de pagos sospechosos entre conservador de Puente Alto y jueces, notarios y operadores del Poder Judicial. que podrían ocasionar su remoción.

El pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió por unanimidad iniciar los procesos de destitución en contra del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y del notario de San Miguel, Rodrigo Ortúzar. La medida, adoptada el pasado viernes, se sustenta en las conclusiones del sumario ordenado en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, que reveló una compleja red de pagos y tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.

La votación, según confirmaron a Reportea dos ministros del tribunal que participaron en la sesión, no registró disidencias. “No hubo ni un solo ministro que entregara un argumento a favor del sancionado”, indicó el medio de investigación, subrayando la contundencia del fallo.

Actualmente, la relatora del pleno de San Miguel se encuentra redactando la resolución que formaliza la apertura de los cuadernos de remoción de Yáber y Ortúzar— por pagos vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco— los cuales serán enviados al máximo tribunal, que tendrá la última palabra sobre la expulsión de ambos funcionarios del sistema judicial.

Cabe recordar que según la investigación del Ministerio Público, Vivanco, junto a su pareja , Gonzalo Migueles Oteíza, habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban en la Corte Suprema recursos de protección relacionados con la disputa entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM).

En su rol de ministra, la exmagistrada habría votado favorablemente en resoluciones que beneficiaron al consorcio, en medio de un litigio por una fallida licitación, lo que obligó a Codelco a desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos.

Yáber y su participación en una red de tráfico de influencias

La decisión de la Corte se fundamentó en los hallazgos de un sumario liderado por la fiscal judicial Carla Troncoso, cuyas conclusiones permitieron no solo confirmar la participación de Yáber en el esquema de blanqueo de dinero vinculado a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco —por lo que actualmente cumple arresto domiciliario—, sino que destapó una estructura paralela de pagos y favores destinada a incidir en nombramientos clave dentro del Poder Judicial.

“En lo fundamental, se acusa a Yáber de formar parte de una red de tráfico de influencias para incidir en el nombramiento de cargos del Poder Judicial, y se acusa que Yáber obtuvo beneficios económicos por sus gestiones”, consignó Reportea

Entre los antecedentes más relevantes que los ministros de San Miguel tuvieron a la vista se encuentran los pagos sistemáticos que Yáber realizó al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, quien fue destituido por una acusación constitucional debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el marco del denominado «Caso Audio».

Según reveló el medio citado, en una investigación previa. entre 2019 y 2025, Yáber transfirió mensualmente un millón de pesos a Ulloa. Frente a este hallazgo, la versión del conservador fue que se trataba de un amigo y que el dinero estaba destinado a financiar los estudios universitarios de una hija del exministro.

Sin embargo, al declarar en el sumario, Ulloa agregó más antecedentes que profundizaron el entramado y señaló que Yáber también le había prestado un departamento de su propiedad en La Serena.

El punto de inflexión que terminó por hundir a Yáber se remonta a 2018, cuando postulaba a su cargo de conservador de Puente Alto. Según su propio relato, en una comida con Antonio Ulloa y Ángela Vivanco, la exmagistrada le solicitó que, de resultar electo, contratara como asesor a su pareja, Gonzalo Migueles, tal como finalmente hizo.

Esta contratación fue determinante, ya que la fiscalía descubrió que las coimas destinadas a Vivanco se canalizaban a través de Migueles, quien cobraba honorarios desde el conservador. Según los antecedentes, en una de esas maniobras, el papel de Yáber fue clave para esconder el origen ilícito de un pago de 45 millones de pesos.

El expediente también contenía otros elementos de peso que sellaron su suerte. Entre ellos, los ministros evaluaron el traspaso de un Porsche Cayenne de Yáber a Vivanco en 2021, respecto del cual “no hay constancia de que […] haya sido una venta, existiendo la posibilidad de que haya sido un pago disfrazado”. Asimismo, se verificó que Yáber tenía contratada en su oficina a la empleada doméstica de la pareja Vivanco-Migueles.

Finalmente, las conclusiones del sumario apuntaron a una práctica especialmente cuestionable : Yáber contrató a familiares de ministros de San Miguel que votaron por él cuando se definió su cupo, lo que la fiscal calificó como “una forma encubierta de retribución”.

Remoción de Ortúzar

La investigación no se detuvo en Yáber. Los mismos antecedentes que comprometían al conservador arrastraron al notario Rodrigo Ortúzar. Según reveló Reportea en diciembre del año pasado, en sus cuentas corrientes se evidenciaron traspasos por más de 300 millones de pesos con Yáber y con Gonzalo Migueles.

Esta relación financiera se dio en paralelo al ascenso vertiginoso de Ortúzar, quien en poco más de un año pasó de ser gerente legal de Subus, una operadora del Transantiago, a ocupar un codiciado cargo notarial de primera categoría en San Miguel, un avance que, según la investigación, fue impulsado por la misma red que operaba desde la órbita de Yáber.

Ante la gravedad de estos antecedentes, los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel actuaron con la misma contundencia que en el caso del conservador y “votaron por unanimidad la apertura de un cuaderno de remoción en contra del notario”, consignó el artículo del periodista Nicolás Sepúlveda para Reportea.

El pleno del tribunal también abordó la situación de otros dos actores del círculo cercano de Yáber: Fernando Martel y Claudio Barrena, ambos con vínculos a notarías de la zona sur de Santiago. Mientras que Barrena se salvó de sanciones porque la fiscal judicial no le formuló cargos, Martel fue multado con 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM que equivalen a alrededor de 350.000 pesos, el máximo permitido para una persona que actualmente no ostenta un cargo oficial en el Poder Judicial.

Arriendo del conservador de Puente Alto

El proceso de suspensión de Sergio Yáber, activado tras los primeros reportajes que expusieron los pagos irregulares, derivó en una situación contractual insólita que quedó consignada en una escritura pública. Dado que poseía la propiedad de las oficinas donde funcionaba el conservador de Puente Alto —un modelo de negocios que, según el citado artículo, también utilizan otros actores del rubro como los controladores del Conservador de Santiago y el notario Francisco Leiva—, su suspensión implicaba una renegociación del espacio.

Las oficinas están a nombre de Consuelo Escobar, esposa de Yáber y tras la suspensión de su marido, optó por firmar un nuevo contrato de arriendo con Andrés Vega, el funcionario designado como reemplazante.

Según consta en la escritura pública, firmada el pasado 31 de diciembre en una notaría de Puente Alto, el arriendo de estas oficinas se fijó en una renta mensual de 12 millones de pesos.

Los múltiples flancos abiertos de Yáber

Más allá del proceso de remoción en la Corte, la situación de Sergio Yáber sigue siendo materia de investigación en otras aristas. Actualmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene una causa reservada donde se indagan los millonarios pagos vinculados a gestiones para lograr cargos judiciales, bajo la hipótesis de que se “vendían cargos judiciales”. Este caso corre en paralelo a la “trama bielorrusa”, donde se busca probar que la exministra de la Suprema Ángela Vivanco cobraba por sus fallos.

Asimismo, Reportea reveló que el conservador tiene otros frentes abiertos, incluyendo una causa reservada que investiga sus vínculos políticos. Según la publicación, Yáber realizó pagos a los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), a quienes además arrendaba departamentos en La Serena.

La investigación también detalla que contrató a la hija de Gahona en el conservador, justo antes de que ella fuera nombrada como notaria interina en San Miguel.

Pese a la contundencia de la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el futuro procesal de Yáber aún tiene un último capítulo por escribir. Sin embargo, el suspendido conservador cuenta con la posibilidad de apelar la decisión que ordena su remoción ante la Corte Suprema.