Sector ambiental y comunidades patagónicas alzan su voz y exigen a futuro gobierno de Kast respeto irrestricto de la ley y no retroceder en derechos ambientales e indígenas
Tras la elección de José Antonio Kast como próximo Presidente de la República, referentes del sector ambiental y comunidades costeras han expresado su máxima alerta. Advierten que su triunfo “constituye una amenaza grave para los avances ambientales conquistados en Chile” y declaran, de manera firme, que “no tolerarán ningún retroceso en derechos ambientales adquiridos”, según comunicado difundido por el “Sector Ambiental Unido”, difundido por Defendamos Patagonia.
La declaración enumera hitos que consideran patrimonio colectivo y que hoy perciben en riesgo. Entre ellos, destacan la ratificación del Acuerdo de Escazú (2022), la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en 2023, el proceso de descarbonización con el cierre de centrales a carbón, y leyes como la de Protección de Humedales Urbanos y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). “Estos avances protegen nuestra megasequía, zonas de sacrificio y biodiversidad única. No son concesiones: son derechos ganados con movilización”, sostiene el texto.
Las críticas se centran en propuestas específicas del programa y declaraciones del Presidente electo. El sector ambiental señala con preocupación sus intenciones de “agilizar permisos a 180 días, eliminar ‘guías ambientales’ que califica de ideológicas y priorizar la inversión sobre la regulación”. Organizaciones de la sociedad civil, citadas en el pronunciamiento, advierten que esto podría llevar al “desmantelamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mayor extractivismo depredador y ausencia de metas climáticas concretas”.
En un frente específico y territorial, comunidades de la Patagonia han dirigido un emplazamiento directo a Kast, exigiéndole que, como futuro Mandatario, haga cumplir la ley “sin excepciones”. Recuerdan, a través de la campaña: Áreas Protegidas sin Salmoneras, que la salmonicultura está “explícitamente prohibida en los Parques Nacionales”, bajo la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Bases del Medio Ambiente y dictámenes de Contraloría. Denuncian la persistencia de 29 concesiones salmoneras al interior de estas áreas protegidas: 19 en el Parque Nacional Alberto de Agostini, 8 en el Parque Nacional Isla Magdalena y 2 en el Parque Nacional Laguna San Rafael. “¡Exigimos la salida inmediata y definitiva de todas las concesiones salmoneras de los Parques Nacionales!”, demandan.
La tensión se extiende a la política indígena y costera. La plataforma Espacios Costeros Marinos ha publicado un análisis que revela la postura “muy crítica” de Kast hacia la aplicación de la Ley Lafkenche (Ley N° 20.249), que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Aunque como diputado votó a favor de la ley en 2005, ahora cuestiona su implementación, argumentando que “se presta para abusos” y afecta a industrias como la salmonicultura. Kast ha propuesto vetar solicitudes pendientes y reformar la normativa, lo que, según el análisis, “contrasta con informes oficiales que indican ausencia de denuncias formales por mal uso de la ley”.
Frente a este escenario, las organizaciones y comunidades hacen un llamado amplio a la ciudadanía. “¡Chile, despierta! Llamamos al país a estar alertas ante discursos que disfrazan desregulación como progreso”, proclaman. Concluyen con un mensaje de resistencia y vigilancia: “A estar presentes en las urnas y calles. A estar conscientes de que el futuro sostenible está en juego. Defendamos Escazú, el SBAP, la descarbonización. No permitamos volver a un modelo contaminante y desigual”.


