Dos días después que el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) le revocara la visa, el fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, que se encuentra al frente de la investigación del caso Cerimedo, fue detenido durante la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz.
Según informó el medio digital La Razón, el persecutor y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron «interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos», sin que hasta el momento se conozca una explicación oficial.
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el lunes la decisión de revocarle la visa a Mariaca, restringiéndole el ingreso a ese país.
El organismo indicó que esta medida forma parte de una nueva política de restricciones de visa contra extranjeros acusados de socavar gobiernos elegidos mediante corrupción o narcotráfico. En el caso de Mariaca, lo acusó de “abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
La sanción también alcanzó a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, y se aplicó además a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú, dentro del mecanismo Escudo de las Américas, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
La Razón aclaró que estas «afirmaciones corresponden a la posición del Gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial en Bolivia».
En una rueda de prensa Mariaca indicó que recibió la noticia “con mucha sorpresa” y rodeado de funcionarios de la Fiscalía General, rechazó las acusaciones formuladas por Washington de que habría recibido sobornos para facilitar el narcotráfico.
«Respetamos las decisiones soberanas de los Estados Unidos de Norteamérica, pero esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia», demandó, al invocar el principio de no injerencia.
El fiscal sostuvo que Bolivia no interviene en decisiones de otros Estados y reclamó reciprocidad. «Bolivia no pretende ni ha pretendido intervenir en las decisiones soberanas de otros estados, pero precisamente porque creemos en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de no injerencia en los asuntos de los Estados. También esperamos el mismo respeto hacia Bolivia, sus instituciones y sus autoridades», dijo, al tiempo que dejó en claro que las restricciones migratorias, agregó, no pueden cuestionar el trabajo del Ministerio Público.
“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado, cargo otorgado democráticamente conforme a la institucionalidad boliviana, sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior. No puedo permitir que mi carrera, mi trayectoria y mi imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes”, manifestó.
Ante la prensa Mariaca ratificó que continuaría adelante con todos los procesos de su gestión, incluidos los de repercusión internacional como las investigaciones sobre las denominadas “narcomaletas” y combustibles y el caso del operador político de la derecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, quien ese encuentra recluido en el penal de Chonchocoro, tras ser imputado por la Fiscalía de Bolivia por el presunto delito de “feminicidio en grado de tentativa”, al ser acusado de presuntamente haber enviado “sicarios” para que asesinaran a su expareja, la abogada Nadia Beller.
El exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz también tiene causas abiertas por legitimación de ganancias ilícitas; violencia intrafamiliar y presunta cobertura a vuelos ligados al narcotráfico.
«Sabemos que algunas investigaciones trascienden las fronteras nacionales, el denominado caso Cerimedo, por ejemplo, ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos , pero ninguna presión política, nacional o internacional, puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados», indicó el fiscal, enfatizando: “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”.
Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, indicó que había solicitado a través de la Cancillería información oficial sobre cuáles fueron las razones por las que Estados Unidos decidió revocar su visa y ratificó que continuará con sus investigaciones, consignó La Razón.
Fiscalía exige pruebas de acusaciones contra Mariaca
El caso del fiscal Mariaca ha causado conmoción en Bolivia. El Ministerio Público desmintió una versión según la cual el persecutor se habría reunido con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de que fuera extraditado a Estados Unidos y exigió pruebas que sustenten dicho encuentro
Desde el Gobierno informaron que solicitarán a Washington los antecedentes que sustenten las acusaciones contra Mariaca y los otros ciudadanos afectados por las restricciones.
En medio de la polémica, Estados Unidos anunció impondrá restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos, sin que hasta el momento se conozcan sus nombres.
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