El detalle de las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro (Documento completo en inglés)

El histórico proceso judicial abierto en Nueva York contra el presidente venezolano Nicolás Maduro se desarrolla bajo la sombra de una advertencia hecha años atrás por su predecesor, Hugo Chávez. En múltiples ocasiones, Chávez alertó que Estados Unidos podría utilizar acusaciones de narcotráfico contra funcionarios venezolanos como parte de una estrategia más amplia para justificar una intervención militar o la desestabilización de su gobierno.

El Ciudadano

Los señalamientos de Chávez, se basaban en su análisis de la política exterior estadounidense, citando como precedente clave la invasión de Panamá en 1989, operación que Washington justificó, entre otros motivos, para capturar al general Manuel Noriega, acusado precisamente de narcotráfico.

Esta advertencia histórica enmarca el contexto geopolítico en el que muchos analistas y el propio gobierno venezolano sitúan las actuales acusaciones, considerándolas una herramienta de «lawfare» o guerra jurídica para alcanzar objetivos políticos y estratégicos, entre los que algunos señalan el interés por los vastos recursos naturales de Venezuela.

Ahora, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el día 3 de enero del 2026, en el corazón del distrito financiero de Manhattan, una corte federal se convierte en el escenario de uno de los casos de la justicia estadounidense que tendrá capturada la atención mundial, durante semanas, tal vez meses, la acusación formal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y seis altos miembros de su círculo íntimo.

El documento, sellado bajo la referencia S4 11 Cr. 205 (AKH), despliega un conjunto de cargos que, independientemente del marco político, pintan un retrato legal de corrupción estatal y alianzas criminales a una escala pocas vistas fuera del cine.

El marco legal de la acusación extraterritorial

La estrategia del Departamento de Justicia se fundamenta en leyes que permiten perseguir delitos cometidos en el extranjero cuando impactan directamente a Estados Unidos. Al radicar el caso en el Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía recurre a una jurisdicción con vasta experiencia en crimen organizado transnacional. La acusación se sostiene sobre el principio de que las acciones ilegales -dirigidas a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense- convierten a los imputados en sujetos procesables bajo leyes federales, sin importar su cargo oficial o ubicación geográfica.

Esta sería la razón central que justifica su operación militar en Venezuela que hoy es condenada internacionalmente y en especial por los países latinoamericanos respetuosos de la democracia y con memoria histórica del actuar de Estados Unidos en la región.

Los cuatro pilares de la imputación

La fiscalía ha estructurado su caso en cuatro cargos principales. El primero y más grave es la Conspiración para el Narcoterrorismo. Este cargo, dirigido específicamente a Maduro, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, alega que no se limitaron al tráfico de drogas, sino que conspiraron para enriquecer y proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas designadas oficialmente por Estados Unidos, como las FARC y el ELN, utilizando las ganancias del narcotráfico.

El segundo pilar es la Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, que engloba a los siete acusados. Aquí, la fiscalía detalla una empresa criminal de décadas, alegando una conspiración para manufacturar, distribuir y finalmente introducir en el mercado estadounidense cantidades industriales de cocaína, con un mínimo de cinco kilogramos por envío, aunque las referencias en el documento hablan de miles de toneladas métricas en total.

Los cargos tercero y cuarto, posesión y conspiración para poseer armas de fuego en fomento del narcotráfico. Se alega que los imputados utilizaron y poseyeron ametralladoras y dispositivos destructivos, instrumentos de guerra, para proteger sus operaciones ilícitas, vinculando directamente el tráfico de drogas con la violencia paramilitar.

Otros del documento

Más allá de los cargos formales, el documento despliega una serie de episodios concretos que la fiscalía presenta como la evidencia de la conspiración. Se describe, por ejemplo, cómo Nicolás Maduro, durante su etapa como Ministro de Relaciones Exteriores, presuntamente vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y coordinó vuelos secretos bajo inmunidad diplomática para repatriar dinero ilícito desde México.

Uno de los episodios más detallados relata el envío fallido en 2006 de más de 5.5 toneladas de cocaína a bordo de un jet DC-9, que partió supuestamente del hangar presidencial en el principal aeropuerto de Venezuela. La acusación nombra a Diosdado Cabello y a altos oficiales militares como coordinadores, y describe un posterior pago de sobornos por millones de dólares para encubrir el hecho.

La narrativa también sitúa a la familia inmediata de Maduro en el centro de las operaciones. Se alega que su esposa, Cilia Flores, actuó como intermediaria de sobornos; que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, utilizaba aviones de la petrolera estatal PDVSA para transportar cargamentos sospechosos; y que familiares cercanos conspiraron desde el llamado «hangar presidencial» para mover cocaína, declarando incluso estar «en guerra con Estados Unidos».

Si bien el documento no presenta pruebas concretas, estas deberán ser presentadas y analizadas en el marco del juicio.

Acusación de alianzas estratégicas con el terrorismo

Un aspecto de la acusación es la descripción de una alianza estratégica y operativa con grupos guerrilleros colombianos. Se relatan encuentros entre Ramón Rodríguez Chacín y líderes de las FARC y el ELN, tanto en campamentos en la selva como en el propio palacio presidencial venezolano, Miraflores. La fiscalía va más allá, alegando que el gobierno venezolano, por órdenes de sus más altos mandos, proveyó armamento de guerra, incluyendo granadas y lanzagranadas, a las FARC, un grupo entonces en la lista de organizaciones terroristas.

La defensa venezolana ha denunciado el caso como «lawfare» o guerra judicial, una persecución política con motivaciones geopolíticas que esconde, el interés por los recursos naturales del país. Sin embargo, el hecho de que la acusación se vincule con co-conspiradores que ya se han declarado culpables en la misma corte, como el exjefe de inteligencia Hugo Carvajal, le otorga una dimensión procesal tangible y compleja que no puede ignorarse.

Más que un simple enfrentamiento retórico, el caso en Nueva York es un pulso legal de largo aliento que se desarrolla en dos planos simultáneos: el de la corte federal, con sus cargos y evidencias, y el de la geopolítica global, cargado de historia, desconfianza y advertencias cumplidas.