Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto al estallido social de 2019 no son una novedad. Su afirmación de que «nuestra inteligencia nos dice categóricamente que provino de organizaciones de izquierda» no hace más que confirmar un hecho histórico y es que la izquierda ha sido y es el sector político que ha luchado por las conquistas de los trabajadores frente a un sistema injusto y desigual como el extremo neoliberal chileno.
“Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, afirmó Judd, agregando que “tenemos un análisis específico que se realizó”.
Lo que realmente debería encender todas las alarmas es que Judd haya reconocido públicamente que Estados Unidos posee un «análisis específico» de inteligencia sobre el estallido social. Esto no es un dato menor, pues significa que la embajada estadounidense ha estado realizando labores de inteligencia y espionaje en territorio chileno, una intromisión inaceptable en los asuntos internos de un país soberano.
El Ciudadano
El contexto que Judd omite
El embajador intenta presentar como un hallazgo lo que es de público conocimiento. Durante décadas, la izquierda chilena ha liderado las movilizaciones contra un modelo que concentró la riqueza en pocas manos y dejó a millones de ciudadanos condenados a educación para ricos y pobres, pensiones indignas, sin acceso a la vivienda sobre todo a las nuevas generaciones. El estallido de 2019 fue la expresión de un malestar social profundo, no una conspiración orquestada.
La evidencia de la acumulación de fuerzas que se venía dando en la organización chilena desde la «revolución pinguina», en adelante, es más que amplia, como también los procesos de carácter institucional que encabezó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, consultando a la ciudadanía en el marco de un «proceso constituyente» que venía en marcha.
Pero Judd va más allá y reconoce que no ha entregado esa información a la justicia chilena, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo si el gobierno de José Antonio Kast lo solicita. Su actitud revela una peligrosa instrumentalización de la información de inteligencia al servicio de intereses políticos particulares, y luego de comunicar su intención por prensa (CNN) , ya ha sido convocado para asistir hoy miércoles 9 de septiembre a una reunión en Cancillería.
La investigación que el poder quiere ocultar
Judd respaldó las declaraciones realizadas en el Foro Madrid por la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, quien atribuyó a “extremistas de izquierda” la quema de estaciones de Metro y la destrucción de comercios durante el estallido social.
Mientras el embajador señala a la izquierda, una exhaustiva investigación periodística de Josefa Barraza y el perito forense Carlos Gutiérrez —plasmada en el libro «¿Quién quemó el Metro?«— ha levantado preguntas incómodas que el poder político y policial ha preferido ignorar.
La investigación documenta acciones coordinadas en los incendios del Metro, con estaciones que comenzaron a arder en un lapso de pocos minutos: Trinidad a las 22:20, Ricardo Cumming a las 22:23, y así sucesivamente. También revela la desaparición de pruebas y la negativa de Carabineros a entregar información, así como el testimonio de un ex técnico que asegura que Metro no permitió el ingreso a las estaciones en los días posteriores al estallido.
El libro no entrega nombres ni apellidos, pero «guía por un camino de hallazgos y antecedentes» que invita a los lectores a sacar sus propias conclusiones. Lo que sí queda claro es que existen múltiples aristas no investigadas que apuntan a una coordinación que desborda la narrativa oficial.
La cortina de humo
Las declaraciones de Judd parecen una jugada calculada para empatar lo que viene quedando al descubierto en Chile: la ultraderecha internacional ha intervenido la democracia chilena mediante campañas de desinformación en procesos electorales. El caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, vinculado a operaciones digitales en favor de la campaña de Kast， es apenas la punta del iceberg de una red de financiamiento que podría provenir de Estados Unidos y del área al que pertenece el propio embajador (MAGA).
La Cancillería chilena ha citado a Judd para que entregue los antecedentes que dice poseer. Es una oportunidad para que el diplomático demuestre la veracidad de sus dichos y, de paso, explique por qué Estados Unidos tiene información de inteligencia sobre Chile sin haberla compartido con las autoridades locales.
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