“Esta ley es ambigua y queda a criterio de los fiscales”: Campillai advierte por Ley Antiterrorista en caso Rucalhue

Contexto: el atentado y la respuesta del Gobierno

El domingo 21 de abril, un ataque incendiario destruyó 50 camiones y maquinaria en la Central Hidroeléctrica Rucalhue, en Santa Bárbara, región del Biobío, provocando pérdidas avaluadas en alrededor de 4 mil millones de pesos. El hecho fue condenado por el Ejecutivo que, pese a que aún no se ha identificado a los responsables, anunció que presentará una querella invocando la nueva Ley Antiterrorista, en lo que sería el primer caso en que esta renovada normativa sería aplicada.

“El gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la Ley Antiterrorista”, declaró el ministro de Seguridad, Luis Cordero, tras visitar la zona. Según explicó, se busca transmitir confianza a la inversión extranjera y dar una señal clara de que el Estado responderá con firmeza.

La advertencia de Campillai

En conversación con este medio, la senadora independiente Fabiola Campillai, víctima de violencia policial y una de las parlamentarias que votó en contra de la nueva legislación, expresó duras críticas sobre la aplicación de esta norma.

–Senadora, usted fue una de las parlamentarias que votó en contra de la nueva Ley Antiterrorista. ¿Cuáles son los principales riesgos que observa en su aplicación, especialmente ahora que el gobierno anuncia su uso en el caso del ataque a la central Rucalhue?
–Uno de los principales peligros de esta ley es que no define con claridad cuándo se considera o no un acto como terrorista. Se pone en riesgo la legítima demanda y se camufla como un “acto violento” cuando no le conviene a los intereses particulares y del Estado… sin contar con la grave vulneración de la información personal con la intercepción de comunicaciones y teléfonos celulares.

Una puerta a la criminalización

La senadora también se refirió a las preocupaciones de diversos sectores sobre cómo esta normativa podría criminalizar la protesta social o afectar a comunidades históricamente perseguidas como el pueblo mapuche.

–Desde sectores críticos se ha advertido que esta normativa amplía excesivamente la definición de terrorismo, abriendo la puerta a la criminalización de la protesta social y de comunidades históricamente perseguidas como el pueblo mapuche. ¿Comparte esa preocupación?
–Por supuesto. Imagine que un grupo de pobladores decide realizar una protesta donde se corta una calle con una barricada. ¿Se les va a considerar como terroristas? O cuando una comunidad mapuche se manifieste fuera de tribunales, ¿también se verán como terroristas? Lamentablemente, esta ley es ambigua y queda a criterio de los fiscales, como dijo el fiscal nacional Ángel Valencia.

¿Qué hacer ante hechos graves como Rucalhue?

–¿Qué alternativas propone usted para abordar hechos de violencia grave como el ocurrido en Rucalhue sin recurrir a leyes que, según varias voces, podrían vulnerar derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión?
–Muchas veces se legisla en temas de seguridad con un sentido simbólico para satisfacer a un sector político… Es urgente mejorar las policías, especializarlas en estos temas y elevar los estándares y calidad de las investigaciones, y eso se consigue únicamente con una reforma profunda a las policías.

Cambios en la nueva Ley

La nueva Ley Antiterrorista, promulgada en 2024, introdujo cambios sustantivos respecto de la legislación anterior. Entre ellos, permite la utilización de pruebas obtenidas mediante vigilancia especial, como escuchas telefónicas e intercepción de datos, y extiende los plazos de investigación. Críticos de la normativa han advertido que la ambigüedad en la definición de «terrorismo» deja abierta la posibilidad de que se utilice para reprimir manifestaciones sociales, especialmente en zonas de conflicto como el Wallmapu.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque en la central Rucalhue, y no existen evidencias concluyentes sobre su autoría. Sin embargo, el anuncio del Gobierno de invocar esta ley ha generado tensión en sectores sociales que temen un nuevo ciclo de criminalización de la protesta y el uso instrumental de legislación excepcional. La aplicación efectiva de la querella será observada con atención por organizaciones de derechos humanos y comunidades en resistencia, ante un escenario donde los límites entre seguridad y garantías democráticas parecen diluirse cada vez más.