Mineras y pesqueras recibieron $6.700 millones en subsidios pese a prohibición legal
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Un reportaje de Fundación Terram reveló que grandes empresas mineras y pesqueras accedieron durante casi dos décadas a subsidios estatales a la mano de obra, pese a que la ley lo prohíbe expresamente. La investigación expone falta de fiscalización, criterios discrecionales de la Tesorería y el uso de recursos públicos en favor de grandes grupos económicos con antecedentes ambientales y judiciales.
Entre 2004 y 2023, al menos $6.717 millones en subsidios a la mano de obra fueron entregados a empresas mineras y pesqueras que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la la Ley N°19.853. Esta normativa excluye explícitamente a compañías mineras con más de 100 trabajadores director o indirectos, y también a aquellas dedicadas a la pesca reductiva.
Así lo devela una nueva investigación realizada por Maximiliano Bazán, miembro de la Fundación Terram, la que además evidencia un patrón de falta de control institucional y criterios administrativos discrecionales que permitieron que grandes empresas accedieran a recursos fiscales diseñados originalmente como un instrumento de fomento para las economías emplazadas en zonas extremas. Pese a las consultas realizadas, la Tesorería no entregó documentación que respalde jurídicamente estas excepciones.
Fuente: elaboración propia en base a datos de la TGR obtenidos por Ley de Transparencia
Incumplimientos de empresas mineras
En el sector minero, el reportaje identifica a cuatro grandes beneficiarias que, en conjunto, recibieron más de $4.800 millones en subsidios, pese a superar ampliamente el límite de trabajadores permitido por la ley.
El caso más significativo es el de Quiborax, ligada a la familia Fosk, que recibió $3.575 millones entre 2004 y 2023. La empresa registra de forma permanente más de 100 trabajadores y mantiene operaciones en el Salar de Surire y Ascotán. A pesar de contar con una demanda del Consejo de Defensa del Estado por 37 años de daño ambiental irreparable en el Salar de Surire y una denuncia de la Corpración Nacional Forestal (Conaf) a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por eludir la evaluación ambiental en una zona que fue declarada Monumento Natural, la Tesorería justificó su acceso al beneficio señalando que opera en “zonas extremas con impacto socioeconómico crítico”. Sin embargo, la exclusión al beneficio tiene rango de ley y para ser modificada requiere de la aprobación del Congreso, y hasta hoy eso no ha ocurrido.
A esta se suma ACF Nitratos, de la familia De Urruticoechea, que recibió $441 millones en subsidios pese a que sus registros laborales superan el umbral permitido en la mayoría de los años analizados.
Otro caso relevante es el de Cosayach, del grupo Errázuriz, cuyas empresas recibieron $397 millones. Aunque declaraban pocos trabajadores directos, informes de fiscalización de Sernageomin de noviembre de 2022 dan cuenta de cientos de trabajadores subcontratados, lo que igualmente las excluye del beneficio. Además, el grupo mantiene intereses en proyectos de explotación de litio en el norte del país.
Finalmente, Imerys Minerales Chile recibió $395 millones, aun cuando superó el límite de trabajadores en distintos períodos. La Tesorería argumentó que fue incluida porque “su actividad se enfoca en minerales no metálicos”, no obstante, esta distinción no existe en la ley y no ha sido respaldada por ninguna modificación legal.
Incumplimientos de empresas de pesca reductiva
La pesca reductiva se refiere a la extracción de peces que son procesados para generar subproductos, como es la harina y aceite de pescado, principalmente de especies como la sardina y anchoveta, destinada como suministro alimentario para otras industrias, como la del salmón, la cual contribuye de forma importante a la proyección de crecimiento de la acuicultura mundial para 2032, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sin embargo, el reportaje también detectó que al menos cinco empresas dedicadas a la pesca reductiva recibieron subsidios a la mano de obra, pese a que esta actividad se encuentra expresamente excluida del beneficio legal. En total, estas empresas recibieron más de $1.800 millones.
Entre ellas destaca Camanchaca, que recibió más de $860 millones, a pesar de ser una de las principales productoras de harina y aceite de pescado del país. La empresa ha estado vinculada a casos de financiamiento ilegal de la política durante la tramitación de la Ley de Pesca, norma que consolidó las actuales cuotas industriales.
También figura Golden Omega, ligada al grupo Angelini, que recibió $650 millones pese a dedicarse directamente a la producción de aceites marinos. A ella se suman Serenor y Orizon, empresas del mismo conglomerado, que accedieron a subsidios pese a formar parte de la cadena industrial pesquera.
El caso de Pesca Chile, la empresa recibió $298 millones para operaciones de extracción de krill en aguas antárticas, una actividad altamente cuestionada por su impacto ecosistémico. La compañía pertenece al grupo empresarial de la familia Del Río, vinculada también a casos de financiamiento ilegal de la política. En 2025, además, fue denunciada por la muerte de una ballena jorobada durante faenas de pesca.
Consultada por estos casos en el marco de la investigación, la Tesorería sostuvo que la exclusión solo aplicaría a empresas que producen harina o aceite de pescado con fines industriales y que estas empresas no se dedicarían a dichas actividades, lo cual contradice la información pública de las propias empresas beneficiadas, según el reportaje. Además, el organismo tampoco entregó los pronunciamientos jurídicos que respaldarían esta lectura.
Revisa la investigación completa aquí de Terram
