Plataforma Cualiffy bajo análisis: Experta alerta sobre vulneración de datos y discriminación

Especialista en protección de datos cuestiona la legalidad del certificado laboral que incluye información sensible como licencias médicas y juicios.

Cualiffy Chile es una plataforma que ofrece certificados laborales gracias a la autorización del usuario por medio de su Clave Única, agrupando datos sensibles de fuentes oficiales, como historial de licencias médicas y juicios laborales. Su objetivo es agilizar los procesos de selección, aunque ha suscitado controversia por la privacidad de los datos y el riesgo de discriminación.

Para la abogada Jessica Matus, especialista en protección de datos y privacidad, cuando un empleador exige el certificado de Cualiffy como requisito para postular a un puesto de trabajo, en ningún caso sería un consentimiento libre. Enfatiza que el desequilibrio de poder entre empleador y trabajador vicia cualquier autorización, pues el postulante se ve forzado a aceptar para acceder a una oportunidad laboral, contraviniendo el estándar de «libertad» que exige la ley para el tratamiento de datos sensibles como las licencias médicas.

El riesgo de discriminación laboral es otro de los puntos que causan conflicto, puesto que la recopilación de información sobre licencias médicas o historiales de juicios laborales, según la especialista: «puede inducir a sesgos de selección, segregación de trabajadores y listas negras», asegura. Esta situación contradice la Constitución, la cual prohíbe la discriminación en el trabajo que no esté justificada por la aptitud o las habilidades del individuo. También incumple acuerdos internacionales clave, como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca asegurar que las personas sean juzgadas por su idoneidad y capacidad para un trabajo, y no por características personales o protegidas por la ley.

Jessica Matus subraya que, bajo la nueva Ley 21.179 de protección de datos, todo tratamiento de información sensible requiere una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (DPIA) previa. En su opinión, Cualiffy: «no aprobaría una evaluación de impacto en protección de datos de acuerdo a la ley», lo que pone en entredicho su legalidad.

Ante este escenario, Matus es clara en los resguardos necesarios. Subraya que los empleadores no deberían exigir certificados como este, pues al hacerlo, el consentimiento del postulante se vicia por el evidente desequilibrio de poder en la relación laboral. La abogada enfatiza que los trabajadores solo deberían acreditar sus empleos anteriores con la documentación pertinente, y que bajo ninguna circunstancia: “pueden exigirle información relativa a su esfera privada o íntima”, sostiene.

La polémica sobre Cualiffy sigue en pie, mientras expertos y la comunidad debaten los límites de la tecnología en el acceso a la información personal en el contexto laboral.