Las lagunas y salares del norte de Chile no son simples espejos desérticos, son ecosistemas frágiles de enorme valor ecológico, cultural e hidrológico. En el corazón de este paisaje único se encuentra el Sistema Hidrológico de Soncor, declarado Sitio Ramsar desde 1996 por su biodiversidad y función ecológica vital en medio de uno de los desiertos más extremos del planeta.
Su protección ha estado enmarcada en la Estrategia Nacional del Litio, anunciada en 2023, la que estableció el compromiso de delimitar áreas de protección donde no se realizarán faenas extractivas, cumpliendo así con la meta de resguardar el 30% de los ecosistemas al año 2030.
Un sitio de incalculable valor para la vida de las comunidades y especies que ahí existen, que el gobierno saliente intenta proteger pero que la industria ve como una amenaza a sus intereses.
El Ciudadano
Un oasis de vida amenazado
El Sistema Hidrológico de Soncor, ubicado en la cuenca del Salar de Atacama, alberga lagunas como Puilar, Chaxa y Barros Negros, que sustentan aves emblemáticas como el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi), junto a numerosas especies de aves migratorias y fauna terrestre de alto valor ecológico como la Chinchilla.
Estos humedales no solo son importantes para la biodiversidad, sino que también son capital cultural e hídrico para las comunidades indígenas y crianceras que habitan esta zona desde hace siglos.
La paradoja del Litio: “Mineral Verde” con costes ambientales reales
El litio ha sido promocionado globalmente como un mineral clave para la transición energética limpia, esencial para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento renovable. Pero esta narrativa oculta un precio ambiental muy alto en ecosistemas como los salares andinos.
En el caso de Chile -el segundo mayor productor mundial de litio-, la extracción se realiza principalmente a través de la evaporación de salmueras ricas en litio en grandes piscinas a cielo abierto. Este proceso extrae agua subterránea y superficial de manera intensa, con efectos acumulativos en el balance hídrico del Salar de Atacama y sus humedales asociados.
Investigaciones independientes y análisis de impacto advierten que la reducción de las reservas de agua, la alteración de acuíferos y la posible salinización de cuerpos de agua cercanos son efectos directos de este tipo de minería.
Consecuencias observadas en los humedales RAMSAR
- Descenso y variación en niveles de agua en lagunas alimentadas por acuíferos que interactúan con el sistema de salmueras, lo que pone en riesgo la reproducción y la supervivencia de aves acuáticas sensibles.
- Disminución de poblaciones de flamencos andinos y de James, especies emblemáticas de la región, asociadas a la extracción intensiva de agua subterránea.
- Alteración de fuentes de agua para comunidades locales y actividades tradicionales, como la ganadería de camélidos y la agricultura de altura.
Organizaciones ambientalistas han alertado incluso a la Secretaría de la Convención Ramsar sobre que la explotación de litio y otros minerales está poniendo en riesgo varios sitios declarados Ramsar en Chile, como los salares de Atacama, Maricunga y Surire.
Políticas y tensiones políticas locales
En respuesta a estas amenazas, el gobierno chileno avanzó en la creación de una Red de Salares Protegidos, que pretende blindar más de 510.000 hectáreas de salares y humedales altoandinos bajo figuras de protección ambiental. Esta red incluye distintos procesos de consultas indígenas, finalizadas recientemente para algunos territorios clave.
Sin embargo, la estrategia ha generado choques con la industria del litio y actores empresariales que presionan por mantener y ampliar concesiones mineras incluso dentro de zonas con valor ambiental declarado o en trámite de protección.
Expertos señalan que si la transición energética depende de litio extraído de ecosistemas tan frágiles como los salares altoandinos sin una evaluación ambiental rigurosa y consulta a las comunidades, se estará reemplazando una crisis ambiental por otra.
Este no es solo un problema de Chile. En todo el Triángulo del Litio (Chile, Argentina y Bolivia), salares únicos están en riesgo debido a la lógica extractivista que prioriza producción por sobre conservación ecológica y justicia social.
Propuesta de Acción
Como sociedad y comunidad internacional, debemos:
- Exigir evaluaciones ambientales independientes, acumulativas y de largo plazo antes de autorizar nuevos proyectos extractivos.
- Fortalecer mecanismos de protección de humedales Ramsar ante presiones económicas.
- Respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en decisiones que afectan sus territorios.
- Fomentar tecnologías de extracción más limpias y sistemas de economía circular del litio, reduciendo la dependencia de métodos destructivos.
- a. Requerir EIA acumulativos y transparentes
- Obligatoriedad de evaluaciones ambientales acumulativas para todo proyecto nuevo o ampliación en cuencas salinas que alimenten humedales Ramsar, con métodos hidrológicos estandarizados y datos abiertos. (No basta un EIA por proyecto: hay que sumar efectos).
- b. Monitoreo hidrológico independiente y de largo plazo
- Estaciones piezométricas y estaciones meteorológicas públicas con datos en tiempo real, gestionadas por una entidad independiente (universidad pública + CONAF/autoridad ambiental), con reportes públicos trimestrales.
- c. Zonas de restricción — prohibir extracción en áreas con conectividad hidráulica directa a humedales Ramsar
- Establecer buffers y prohibición de nuevos pozos dentro de la zona de influencia hidrológica de los humedales que componen el sitio Ramsar del Sistema hidrológico de Soncor. (Esto es compatible con la Red de Salares Protegidos impulsada por el gobierno).
- d. Derechos y consulta efectiva a comunidades indígenas
- Aplicación estricta del Convenio 169 y mecanismos de consulta con poder de veto o condiciones vinculantes cuando los proyectos afecten recursos hídricos consagrados como bienes colectivos.
- e. Incentivar y financiar alternativas menos destructivas
- Apoyar y fiscalizar pruebas de tecnologías de extracción directa (DLE) bajo estándares de agua y químicos, pero solo bajo pilotos controlados, auditados y con indicadores ambientales claros; hasta demostrar mejoras claras, priorizar la reducción de huella hídrica.
