Dignidad Ahora

La Secretaría General de la Universidad da indicaciones contradictorias sobre la declaración patrimonial

Un paso adelante y uno atrás, la BUAP se resiste a la transparencia

En estos tiempos, la transparencia es un tema obligado para las instituciones públicas, lo mismo para aspirantes a puestos de elección popular que para todo tipo de funcionarios; sin dejar de lado a las Organizaciones No Gubernamentales e incluso miembros de la iniciativa privada

En estos tiempos, la transparencia es un tema obligado para las instituciones públicas, lo mismo para aspirantes a puestos de elección popular que para todo tipo de funcionarios; sin dejar de lado a las Organizaciones No Gubernamentales e incluso miembros de la iniciativa privada. Pero no todos parecen transitar el mismo camino, ejemplo de ello es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que en los últimos dos años se ha escudado en el tema de la autonomía universitaria para negar, de manera reiterada, la publicación de contratos de la institución o bienes de sus funcionarios.

Uno de estos episodios se dio a principios de 2020, cuando la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) incluyó a la BUAP en una lista de 20 sujetos obligados a auditar.

De inmediato, tanto el rector Alfonso Esparza Ortiz como el Consejo Universitario denunciaron una persecución política, lo que negó la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, ya que en dicha lista se encontraban dependencias como la Secretaría de Salud, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el propio Congreso.

Invitaciòn a presentar declaraciones patrimoniales

En una circular fechada el 28 de mayo de 2021, la secretaria general de la BUAP, la maestra María del Socorro Guadalupe Alicia de la Inmaculada Concepción Grajales y Porras, hace un llamado a los titulares de las unidades académicas y de las dependencias administrativas a presentar su declaración patrimonial ante la Contraloría General de la Universidad, con plazo máximo al 15 de junio.

Además, se lanzó una convocatoria para que todo aquel que desempeñara un cargo en la Universidad, presentara su 3 de 3, con fecha límite al 31 de mayo.

De forma contradictoria, el 14 de junio se emite una nueva circular, también firmada por la maestra Guadalupe Grajales y Porras, en donde se aclara que: “En virtud de la autonomía de la que goza la Universidad para organizarse y gobernarse a sí misma y dada la definición de ‘servidor público’ inscrita en el artículo 108 constitucional, queda absolutamente claro que las autoridades y funcionarios universitarios no son servidores públicos”.

Por lo anterior, dice el documento, no tienen la obligación de presentar dicha declaración, salvo para el control interno de la institución.

La primera circular firmada por Grajales convoca al personal universitario con puestos administrativos a rendir declaración patrimonial

Las irregularidades en la construcción de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, el uso de recursos de la institución en el equipo de futbol Lobos BUAP; además de los señalamientos de la ASE sobre la utilización de facturas apócrifas por más de 264 millones de pesos, dan cuenta de la necesidad de transparentar el uso de los recursos, que provienen en su mayoría de aportaciones de los gobiernos federal y estatal.

El pretexto de la pandemia ha servido también para cerrar las puertas de la BUAP, lo mismo a los miembros de la comunidad universitaria que a la prensa, para de esta forma contribuir a la opacidad que, en documentos como el que presenta El Ciudadano, es defendida de manera contundente por las autoridades universitarias.

Si bien los funcionarios y autoridades no tendrían la obligatoriedad de declarar su patrimonio, según la maestra Guadalupe Grajales, el 90% de los recursos que la universidad recibe sí son del erario público, lo que significa que por lo menos, la Universidad, tiene la obligación moral de explicarle a la ciudadanía como ejerce los recursos que ésta le entrega. En especial cuando varios de estos docentes aspiran, en ciertos casos, a ocupar cargos directivos.

La BUAP es una universidad que forma a los abogados, administradores y contadores que en los siguientes años trabajarán en la función pública, por lo que sería deseable que pusiera un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, en lugar de convertirse en una Universidad que instruye en la opacidad.

La segunda circular firmada por la academica especifica que la no obligatoriedad de la declaracion patrimonial

Como cierre, cabe señalar que el presente documento plantea problema de interpretación considerable al especificar que «ni es obligatorio ni es opcional», lo que constituye una negación simultánea de conceptos opuestos. Cabría consultar el sentido de este fragmento con la maestra Grajales, quien se ostenta como especialista en la lógica filosófica de Ludwig Wittgenstein.


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