Wikileaks: Naciones Unidas afirma que detención de Assange fue «ilegal»

El grupo de expertos de la ONU encargado de analizar la denuncia por “detención ilegal” presentada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha fallado a su favor, según adelantó este jueves la cadena de televisión británica BBC.

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— WikiLeaks (@wikileaks) febrero 4, 2016

Los seis miembros del grupo de Detenciones Arbitrarias (WGDA) tienen previsto exponer mañana viernes los resultados de su investigación sobre el caso Assange, que impugnó las iniciativas de Suecia y Reino Unido para detenerle y extraditarle.

El fundador de Wikileaks,  que desde 2012 permanece recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, había asegurado que se entregaría a las autoridades británicas si Naciones Unidas fallaba contra él.

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Assange aseguró en un comunicado que se entregaría a las autoridades británicas si Naciones Unidas fallara contra él, ya que no habría lugar a otras apelaciones. Sin embargo, aclaró que “si prevalece y se determina que los actores estatales han actuado de forma ilegal, espero que se me devuelva inmediatamente mi pasaporte y se ponga fin a cualquier nuevo intento de arrestarme«.

La Policía británica advirtió que “la orden de arresto sigue en vigor” y, por tanto, detendrá a Assange si abandona la legación diplomática ecuatoriana.

Asilado político

El periodista australiano lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido insiste en que tiene la “obligación legal” de extraditarle a Suecia.

El fundador de Wikileaks enfrenta cargos en Suecia por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual. En 2010 fue objeto de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, tres de las cuales ya han prescrito. Sin embargo,  aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.

Assange solicitó asilo político argumentando “indefensión” ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a EE.UU, donde podría ser procesado por filtrar en su portal web documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y escuchas ilegales de comunicaciones de líderes mundiales.

Asegura que es víctima de una “persecución política de una envergadura inédita que incluye amenazas de asesinato, de secuestro, de encarcelamiento, campañas de difamación o acoso que afectan a él mismo, a su entorno y a su organización», por parte de Estados Unidos. El periodista podría enfrentar la pena de muerte en  EE. UU. por divulgar información clasificada.