Aprueban proyecto de resolución que busca proteger a pueblos originarios de actividad minera

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La Cámara de Diputados se reunió con el Ejecutivo  durante  la tarde de ayer para analizar la problemática que enfrentan los pueblos originarios ante el incremento de concesiones mineras en sus territorios, resolviendo aprobar por 48 votos a favor el proyecto de resolución 259, que solicita a la presidenta instruir a los Ministerios de Minería y Desarrollo Social las siguientes acciones:

1. Se efectúen los estudios necesarios, con la finalidad que la Conadi pueda apoyar jurídica y económicamente a las comunidades que buscan proteger el territorio en donde residen y los recursos naturales, especialmente de la especulación minera, para que puedan solicitar sus propias concesiones, de manera que esta situación no siga incrementándose.

2. Se evalúe la necesidad de utilizar las herramientas jurídicas que contiene el Convenio 169 de la OIT, explorando todas aquellas alternativas existentes para realizar la defensa de los recursos naturales de las comunidades, considerando incluso solicitar una directa orientación a la OIT en la materia.

3. Analizar en conjunto con otros servicios, como la Conaf, la posibilidad de establecer un programa de apoyo para la reforestación de los territorios de las comunidades, con vides o árboles frutales, que es uno de los impedimentos para constituir servidumbres sin autorización del dueño del predio.

4. Analizar la necesidad de actuación y adecuación de la legislación pertinente en el marco del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

El diputado Fidel Espinoza (PS) fue el encargado de dar inicio a la sesión, quien informó que hasta la fecha, y sólo en la Provincia de Osorno hay 24.980 hectáreas afectadas por concesiones mineras de explotación y 59.065 hectáreas concesionadas para exploración, en territorio mapuche-huiliche, afectando a territorios sagrados de dicho pueblo.

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Espinoza sostuvo que «Nos preocupa que ante este estado de indefensión por parte de las comunidades esto termine conduciendo a estados de frustración que generen nuevas situaciones de tensión con los pueblos originarios, a los que después es fácil estigmatizarlos como violentos, sin revisar las causas que llevaron a esos hechos».

Sergio Ojeda (DC) estimó que esta situación implica una nueva «forma de invasión» para las comunidades indígenas de nuestro país y sostuvo que representa un verdadero proceso de privatización del subsuelo de territorios ancestrales.

Recordó las obligaciones del Estado de Chile a través del Convenio 169 y afirmó que, sostenidamente, no se han venido cumpliendo sus normas. «Este convenio protege especialmente el derecho de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y más que a ello, a participar en su utilización, administración y conservación», precisó.

Diego Paulsen (RN) recalcó que en el tema de las concesiones mineras el Estado está al debe y planteó que es un tema que afecta transversalmente y no sólo a las comunidades indígenas. Llamó a dar una mirada integral al problema y a buscar soluciones rápidas, como por ejemplo, para impedir que particulares se hagan de concesiones en terrenos urbanos donde ya existen viviendas y para resguardar los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios.

Por su parte, la ministra Fernanda Villegas señaló valoró la iniciativa y señaló que la demora en el cumplimietno de los compromisos presidenciales se debe a la voluntad de avanzar en la consulta a los pueblos originarios