Comisión de Paz condena recientes asesinatos de líderes sociales en Colombia

La Comisión de Paz del Senado de Colombia condena los cinco asesinatos a líderes sociales registrados este año en el país, al tiempo que hace un llamado al Gobierno nacional para evitar que el número de homicidios siga siendo una constante en este 2019.

Se trata de las muertes de Gilberto Valencia, Jesús Adier Perafán, Wilmer Antonio Miranda, Wilson Pérez Ascanio y Maritza Quiroz Leiva, además del miembro del partido FARC José Rafael Solano González, asesinados en los primeros seis días de este 2019.

«Enlutan el comienzo del nuevo año y se suman a la ya alarmante cifra de asesinatos y amenazas de diversos tipos contra líderes sociales y excombatientes de las FARC durante el último período, conforme lo evidencian diversos informes oficiales de autoridades nacionales y organismos internacionales”, se lee en un comunicado.

La Comisión denunció asesinatos a indígenas y campesinos en los departamentos de Cauca, Chocó, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño, Sucre y Putumayo, los cuales son los más afectados por estos hechos.

Asimismo, recomienda una investigación exhaustiva, pues “amerita un informe y un plan de choque eficaz de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Defensa y otras instancias del Gobierno y el Estado”.

La Comisión de Paz insiste en esta petición, a la vez que exige al Estado mayores garantías para la protección de la vida de estas personas.

“Exhortamos a las autoridades a proteger a los líderes y comunidades amenazadas, a cumplir con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz para las comunidades campesinas, e impedir que bandas criminales y narcotraficantes copen y controlen los territorios en los cuales tenía presencia la exguerrilla de las FARC”.

Además, solicitó a los colombianos reclamar por la vida, la paz y la justicia, a la vez de hacerle seguimiento a los casos para que no queden impunes.

Los senadores firmantes de esta carta son Aída Avella (Unión Patriótica), Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y Armando Benedetti (de la U), John Milton Rodríguez y Eduardo Emilio Pacheco (Colombia Justa Libres), Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco y Horacio José Serpa (Partido Liberal), Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sanguino y Juan Luis Castro (Alianza Verde), Santiago Valencia (Centro Democrático), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Victoria Sandino, Pablo Catatumbo y Criselda Lobo (FARC).

Denuncia ante la JEP

La Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas en Colombia denuncia que “el asesinato de indígenas es sistemático y continuo”, por lo que presentó ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) un documento donde se detallan 2.995 casos.

“Tenemos casos registrados desde 1984. Nestro propósito es manifestar a la JEP y al país que el asesinato de indígenas es sistemático y continuo“, dijo la titular de la consejería, Aida Quilcué.

De igual manera, espera que los perpetradores admitan su responsabilidad ante las víctimas, que se investiguen estos hechos y que los casos de indígenas asesinados empiecen a ser importantes en el marco de la construcción de la paz y la reconciliación de Colombia.

En tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció en julio pasado que la violencia ha desplazado -desde fines de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz- a 5.730 indígenas. Ade,ás, unos 8.245 sufren confinamientos, 10 más fueron torturados, 25 reclutados por grupos ilegales, al menos 21 cayeron víctimas de atentados y 161 se encuentran amenazados.

Defensa del territorio

Las organizaciones denuncian que la violencia contra los pueblos indígenas es producto de la defensa del territorio aunado al narcotráfico. Varios de los territorios indígenas, reconocidos por la Constitución y llamados “resguardos”, son escenario de confrontación de grupos ilegales que buscan hacerse de ellos para la plantación de cultivos ilícitos.

Las organizaciones indígenas denuncian que el asunto central es la incompleta o nula implementación de los acuerdos de paz, a pesar de que el Gobierno colombiano asegura que hace todo para “proteger” a los pueblos originarios.

Nuevo asesinato de líder social estremece a Colombia

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