Comunidades mapuche williche interponen recurso contra el Estado por otorgamiento de concesiones mineras

Por incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en concreto por violación de lo consagrado en el punto que establece la consulta previa ante la adopción de cualquier medida que afecte los derechos de los pueblos originarios, siete comunidades mapuche williche de la provincia de Osorno concurrieron hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia para interponer un recurso de protección contra el Estado de Chile y los juzgados civiles 1 y 2 de Osorno por el otorgamiento de concesiones mineras en su territorio.

Las comunidades Ñadi-Newen,  Maicolpi, Huacalafquen, Newenche, Ñukemapu, Newen Peñi y Melillanca Huala, representadas por la abogada Orieta Llauca, buscan en primera instancia solicitar la orden de no innovar en las concesiones ya otorgadas y como objetivo último detener en su totalidad el otorgamiento de concesiones mineras en los territorios de las comunidades.

Llauta señaló que la acción legal va dirigida contra los referidos juzgados, que fueron los organismo que entregaron las autorizaciones, y contra el Estado de Chile «por la responsabilidad solidaria que le cabe a los cargos que ejecutan sus empleados, representados por Michelle Bachelet, que también es recurrida en este recurso de protección».

Lo que se espera es detener las concesiones; «Estamos conscientes de que es una cuestión difícil pero no imposible; En primer lugar solicitamos la orden de no innovar, pero como pueblo estamos buscando netamente detener las concesiones mineras en territorios mapuche willliche por el daño que causan», sostuvo la abogada.

En concreto, solo en la ciudad de Osorno, hay 24.980 hectáreas afectadas por concesiones mineras de explotación y 59.065 hectáreas concesionadas para exploración, en territorio mapuche-huiliche, afectando a territorios sagrados de dicho pueblo, según lo señaló el diputado Fidel Espinoza (PS) en el marco de laaprobación del proyecto de resolución 259 hace unas semanas, que busca proteger a los pueblos originarios de la actividad minera.