Evo y la expulsión de la DEA de Bolivia

La decisión del Presidente Evo Morales de expulsar a la DEA norteamericana está justificada a plenitud. Pese a que la ingerencia imperialista en nuestra semi colonia es muy grande, resulta difícil encontrar un área, como la lucha anti drogas, en la que esa ingerencia hubiera sido tan prepotente.

El hecho de que la Embajada de EEUU pagara los sueldos de fiscales y comandantes policiales que le rendían informes directamente da una idea del descaro. Durante el reinado de la DEA, fábricas de cocaína usaron sus ganancias para combatir al gobierno sandinista, en tanto narcotraficantes asesinaron al científico cruceño Noel Kempff Mercado y al diputado socialista Edmundo Salazar, que investigaba el crimen. En calles de Sinahota (Cochabamba), se llegó a vender cocaína con balanzas de precisión. Los ataques armados a campesinos contrastaban con la tolerancia exhibida, por ejemplo, en la salida de La Paz de un avión cargado de droga, en 1995, y capturado en Lima.

Sin embargo, la sola expulsión de la DEA no resolverá el problema del narcotráfico y el país puede ser su mayor víctima sino lo combate de manera efectiva y si las plantaciones de hoja de coca se tornan incontrolables. La tarea es complicada debido a la articulación de los traficantes con paraísos financiaros, donde se lava el dinero mal habido. En lo interno, la próxima vigencia de autonomías regionales e indígenas, con competencias aún no determinadas, el inminente cambio de códigos y leyes vigentes a códigos y leyes plurinacionales y el desconocimiento de autoridades judiciales en poblaciones campesinas, en las que se dice estar vigente, la “justicia comunitaria”, no ayuda a fortalecer un Poder Judicial capaz de enfrentar el desafío.

Existe la necesidad de regionalizar la lucha antidroga a través de la CAN, MERCOSUR y UNASUR y aprobar el proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, que presentamos en 1990, logramos su reposición, año tras año, hasta el 2002, y que ahora ha sido enviado al Congreso con el nombre de Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, asesinado, en 1980, por la dictadura de Luís García Meza. La esencia de esta ley reside en que todos los ciudadanos deben demostrar el origen legal de sus ingresos, a fin de no ser pasibles de la investigación pertinente.

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Evo necesita, en forma simultánea, eliminar los focos de corrupción denunciados en el Vice Ministerio de Vivienda (sobre precios en la construcción de viviendas sociales), la Aduana Nacional (contrabando de 33 camiones repletos de computadoras que fugaron de un recinto militar), la Administradora Boliviana de Carreteras (contratos lesivos con compañías brasileñas) y la Caja de Seguridad Socia (importaciones de medicamentos con escasa transparencia). La lucha antidroga necesita un blindaje moral que permita a Bolivia plantear que la Ley de Investigación de Fortunas sea aprobada a nivel regional. Lo anterior constituiría un mensaje ético a una comunidad internacional, indignada, pero impotente, ante la corrupción creciente.

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Se ha repetido que el narcotráfico, como parte de la ingerencia del poder mundial en los países marginados, está socavando el futuro de las nuevas generaciones. Razón demás para que países consumidores y productores coordinen la lucha contra el tráfico de drogas en condiciones de complementariedad y no de sumisión. El combate a las mafias no debe ser utilizado por las Metrópolis como arma política.

La expulsión de la DEA es un acierto, pero a condición de que esa decisión no signifique quedar atrapado en medio de un río caudaloso, sin poder cruzar a la otra orilla, con el agravante de que estancarse en ese lugar, es decir con la simple expulsión del organismos anti drogas, implica el riesgo de ser arrastrado por aguas turbulentas, en las que las bandas de narcotraficantes nadan como tiburones.

Andrés Soliz Rada

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