La represión social preventiva de Rajoy

En un acto sin precedentes, el gobierno español responde a las protestas callejeras con detenciones a convocantes de movilizaciones.

Al mismo tiempo que en el hemisferio sur se inició la primavera el viernes pasado, España comenzaba el otoño, y con él, una ola de movilizaciones populares que están poniendo muy nervioso al gobierno.

En el primer día del otoño tuvieron lugar, sólo en Madrid, una huelga de los trabajadores del Metro (subte) y los autobuses –un servicio municipal– y nada menos que 33 manifestaciones, la mayoría contra los recortes sociales, convocadas por las principales centrales sindicales.

Los manifestantes del viernes fueron reemplazados ayer en las calles de Madrid por los “indignados” y diversos colectivos ciudadanos, que, con el lema “Desmontando mentiras, construyendo alternativas”, denunciaron ruidosamente “los recortes, privatizaciones y reformas” impuestos por el gobierno gracias a su mayoría absoluta y bajo el paraguas de la crisis.

Tal como está sucediendo cada vez con más frecuencia con todos estos movimientos ciudadanos nacidos a partir de la experiencia de los “indignados”, sus reclamos no se limitan ya a denunciar la pérdida de derechos y calidad de vida. Los convocantes reclamaban en su llamamiento una “profunda transformación social, política y económica, hacia un modelo justo y sostenible”.

Y este próximo martes habrá otra muestra de este fenómeno social, que intenta superar la “indignación” para luchar ahora por la “transformación”. La plataforma cívica 25-S organiza una marcha sobre las Cortes (Congreso de los Diputados) bajo el lema “Ocupa el Congreso”, para hacer sentir a los representantes del pueblo la ira de la ciudadanía, y para abogar por un cambio de sistema. Esta acción ha hecho sonar las alarmas de La Moncloa (sede del Gobierno español).

DETENCIONES «PREVENTIVAS»

Así como el ex presidente Aznar respaldó años atrás las “guerras preventivas” de Bush, su heredero, Rajoy, parece querer acuñar la teoría de las “detenciones preventivas”. Tras una acusación del gobierno, la Justicia ha decidido lanzar una operación inédita en la democracia española: ordenar la detención de los convocantes de la marcha del 25-S… que todavía no se ha producido.

Cuatro personas que portaban en una manifestación de la semana pasada una pancarta convocando a la marcha sobre el Congreso fueron detenidas por la policía. Poco después, numerosos agentes cerraban por la fuerza Casablanca, emblemático edificio okupado desde hace años, utilizado para numerosas actividades culturales y sociales, donde se gestó hace un año y medio atrás la marcha del 15-M sobre la Puerta del Sol, que daría nacimiento al movimiento de los “indignados”.

Y completando el operativo, al menos diez de las personas que participaron en una asamblea pública de los “indignados” en el céntrico Parque del Retiro –como se vienen haciendo desde hace más de un año–, para discutir la acción del martes, fueron detenidas por fuerzas policiales.

Todos los detenidos estos días pueden ser enjuiciados por “promover acciones de entorpecimiento del funcionamiento de un alto órgano del Estado”, como es el Parlamento, un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que puede ser penado con seis meses y un año de prisión.

De nada ha valido que los convocantes aclararan que no hacían un llamamiento a ocupar realmente el hemiciclo, sino a manifestarse y protestar en sus alrededores.

En un momento en que gana nuevos adversarios cada día, Rajoy opta así por la criminalización de las protestas en vez de intentar calmar a quienes se manifiestan.

El presidente pretendería con esta medida atemorizar a los potenciales asistentes a manifestaciones como las del 25-S, pero parece no comprender aún que no es un pequeño grupo de jóvenes radicales el que ocupa las calles todos los días, sino cientos de miles de ciudadanos de distintos sectores laborales y sociales.

INDEPENDENTISMO Y LUCHAS INTERNAS

Rajoy tampoco ha calmado los aires independentistas que soplan desde hace días con fuerza en Cataluña. En su reunión con Artur Mas, presidente de la Generalitat –gobierno autónomo catalán–, Rajoy sólo ofreció a éste unas dádivas fiscales, pero rechazó de plano otorgarle un trato fiscal especial. En respaldo a Rajoy, el rey emitió un comunicado duro contra las reivindicaciones autonomistas e independentistas, algo que ha sentado especialmente mal en Cataluña y el País Vasco, donde no abundan precisamente los partidarios de la monarquía.

The Financial Times criticó al rey por esa intromisión –“que corresponde a los políticos”, dijo en un editorial– y advirtió que la situación actual en España es ahora tan crítica y peligrosa como la que se vivió en 1981, cuando tuvo lugar el Tejerazo, el frustrado intento de golpe de Estado.

El Parlamento catalán celebrará este martes una sesión clave, donde no se descarta que se convoquen a elecciones regionales y hasta que se proponga un referéndum sobre la independencia, o se decida incluso proclamar por el Parlamento la formación de un nuevo Estado. El gobierno de Rajoy ha reiterado que la Constitución sólo admite un referéndum si es aprobado por dos terceras partes de las Cortes y se realiza a nivel de toda España, no sólo en una región.

Con tantos frentes abiertos, Rajoy parece haber encontrado últimamente su único consuelo en la inesperada dimisión –“por motivos personales”– de su eterna rival dentro del PP, Esperanza Aguirre, la poderosa presidenta de la Comunidad de Madrid (provincia de Madrid).

Sin embargo, la batalla que se abre ahora por su sucesión amenaza con acabar con la tensa paz en la que conviven en el seno del PP sus distintas familias, en el momento más crítico del mandato de Rajoy.

Roberto Montoya

Miradas al Sur