Ocupación de tierras indígenas en Brasil pone en peligro la Amazonía

Los pueblos originarios del país latinoamericano constantemente denuncian la toma de sus espacios para el establecimiento de minas
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La expansión de la minería en el Amazonas continúa fortaleciéndose con Jair Bolsonaro. Pese a que esa amenaza a la tierra y sus habitantes está prohibida por la Constitución, el presidente brasileño se ha empecinado en explotarlas. En 2020 las 145 solicitudes mineras que se presentaron representan la cifra más alta de los últimos 24 años.

En menos de dos años, Bolsonaro ha desmantelado las agencias de protección ambiental gubernamentales y ha logrado romper un récord. Aunque el artículo 176 de la Constitución prohíbe toda actividad minera en tierras indígenas —incluso la investigación—, las 145 solicitudes para explorarlas que se presentaron hasta octubre de 2020 significan una cifra récord desde 1996, cuando bajo el Gobierno de Fernando Henriques Cardoso (1995-2002) se presentaron 731 solicitudes. Los territorios Kayapó en el estado de Pará son los más afectados, objeto de más de un tercio de las solicitudes de este año.

Las cifras fueron reportadas por InfoAmazonia, un proyecto que elaboró un mapa de las solicitudes cruzando los datos de localización de las solicitudes presentadas a la Agencia Nacional de Minería (ANM) con datos georreferenciados de los límites de las Tierras Indígenas Amazónicas de Brasil. “Los mapas se superponen”, concluyen. Actualmente hay 3.285 solicitudes vigentes; 2.440 (74%) fueron presentadas después de la aprobación de la Constitución.

La “codicia del sector minero” no ha podido ser amortiguada ni siquiera por el COVID-19, que ha matado a casi 900 indígenas, advierte InfoAmazonia. 

Pese a la prohibición ¿por qué insiste la industria minera?

La demanda de minería es desencadenada por los proyectos de ley presentados en el Congreso, las declaraciones de legisladores y gobernantes, y resoluciones judiciales, según analizó InfoAmazonia. Los antecedentes son varios y sustanciales. Las solicitudes a la ANM aumentaron inmediatamente después de estos hechos:

  • En febrero Bolsonaro presentó el proyecto de ley 191/2020, que abrió la posibilidad de la minería en tierras indígenas, legalizando las actividades actualmente prohibidas por la Constitución.
  • En junio el Tribunal Supremo Federal de Brasil consideró una sentencia que afectaba a la demarcación de las tierras indígenas.
  • En agosto el vicepresidente, Hamilton Mourão, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ejercieron presión públicamente a favor de la minería en las zonas protegidas.
  • El senador Romero Jucá (PFL-RR) presentó en 1996 un proyecto de ley para legalizar la minería en los territorios indígenas, que fue aprobado en el Senado y remitido a la Cámara. ¿El resultado? 731 solicitudes dentro de los territorios indígenas, una cifra récord absoluta y única.
  • En junio de 2008 una Comisión Especial de la Cámara hizo una recomendación que indicaba la aprobación del proyecto de ley de Jucá. Fue un año con un número particularmente alto de solicitudes, alcanzaron las 116, el 65,5% se presentó entre julio y diciembre, tras el debate en el Congreso. 

InfoAmazonia advierte que este proyecto de ley sigue pendiente, con la última actualización en 2019. También recuerda que a fines de septiembre Bolsonaro publicó un Programa de Minería y Desarrollo que menciona el objetivo de “promover la regulación de la minería en tierras indígenas”, y que la primera diputada indígena de Brasil, Joênia Wapichana, presentó un proyecto en contra. 

“La Constitución es bastante clara en cuanto a la posibilidad de que el Congreso apruebe la minería en tierras indígenas en casos de excepción, lo que tiene que ser en el interés nacional. Pero lo que intenta el actual Gobierno, es hacer de este proceso la regla”, dijo a InfoAmazonia Tiago Moreira dos Santos, antropólogo del Programa de Monitoreo de Áreas Protegidas del Instituto Socioambiental.

¿Qué está en riesgo?

Las aplicaciones de la minería representan una amenaza real para las áreas protegidas, especialmente en la Amazonía Legal, donde se encuentra el 98% de los territorios indígenas ya reconocidos de Brasil.

Según InfoAmazonia, los investigadores del Centro de Teledetección de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) calculan que el cambio podría significar la devastación de un área del tamaño de Venezuela, así como una pérdida económica de 5.000 millones de dólares al año por la pérdida de los servicios que proporciona naturalmente el bosque, especialmente en el almacenamiento de los gases de efecto invernadero, que contribuyen al equilibrio climático del planeta.

El proyecto InfoAmazonia desarrolló el perfil de alerta @amazonia_minada en Twitter, que sigue los procesos de la ANM en tiempo real, tuiteando cuando se presenta una nueva solicitud de minería dentro de cualquier área protegida de la Amazonía.

Cortesía de Sputnik

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