Directora de Hospital de San Fernando plantea que fraude no superaría los 16 millones y medio

Con motivo de la revelación efectuada por El Ciudadano sobre presuntas licitaciones «fantasma» en el Hospital de San Fernando, el Servicio de Salud de O’Higgins confirmó la instrucción de un sumario para investigar y establecer responsabilidades administrativas en la Unidad de Contabilidad del recinto.

En un comunicado, el organismo señaló que «en el mes de octubre de 2016, se toma conocimiento a través de una denuncia formal con respecto a una grabación de voz que se hace llegar a la dirección del hospital», y que, en noviembre del mismo año, la Fiscalía interna presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, «en atención a que los hechos descritos revestían caracteres de delito».

La directora del Hospital San Juan de Dios, doctora María Margarita Henríquez, explicó que el año pasado, el Servicio de Salud O’Higgins, a petición del centro asistencial, dispuso la realización de una auditoría, «constatándose una serie de actos al margen del actuar administrativo», concluyendo que el perjuicio fiscal ascendía a $16.503.973.

«Si bien el proceso no es infalible, entrega a la administración un alto estándar de seguridad en cuanto a que el perjuicio fiscal no se incrementaría en mayor medida”, precisó.

La facultativa agregó que “la auditoria se encuentra cerrada y entregada al establecimiento a fin de las mejoras de los procesos internos, de la misma manera se remitirá copia de la misma al Ministerio Publico a fin de que sea parte del proceso de investigación para aportar más evidencia”.

En febrero de 2017, el Hospital de San Fernando presentó una querella en los tribunales de esa ciudad, por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado y público, acción que fue patrocinada por abogados del Servicio de Salud regional.

“Se han adoptado todas las medidas administrativas tanto para determinar las responsabilidades, como para evitar que estos mismos hechos sucedan en el futuro. No hay funcionarios implicados en forma directa que a la fecha estén prestando servicios o bien estén suspendidos de sus funciones en el contexto del sumario o han renunciado”, puntualizó la Dra. Henríquez.

Recordemos que el Ministerio Público investiga la existencia de procesos de compras públicas dobles, adjudicados a proveedores directos -uno real y otro falso-, con el objeto de transferir diversas sumas de dinero por concepto de pagos de facturas ficticias a particulares.