Expedientes no se han perdido en Caso Escuela de la Cultura

Alcaldesa de La Unión, una vez más, en tela de juicio.

El abogado José Lincoqueo, quien representa a un grupo de apoderados de la Escuela de Cultura y Difusión Artística, en una querella posesoria de restitución en contra de la actual alcaldesa María Angélica Astudillo, en su calidad de ex directora del mencionado establecimiento, denunció que el escrito presentado con fecha 9 de diciembre del año 2006 al tribunal local, se extravió debido a la gran cantidad de denuncias que recibe el tribunal, pero ya apareció afortunadamente, agregó. “Esto lo considero grave, pero tengo copia del expediente y si es necesario tendré que volver a presentar la querella”. El libelo tiene el rol 44336 y busca la restitución íntegra de los dineros que la ex directora habría utilizado para beneficio personal, al depositarlos en su cuenta corriente de aquel entonces, en el banco Santander. El monto sería millonario, de acuerdo a los años que ejerció el cargo; ya que sólo se tienen los antecedentes de una auditoría realizada por la unidad de control de la municipalidad de La Unión, del periodo diciembre de 1998 a abril del año 2004, esto en base a los recibos de cada alumno matriculado a quienes se les cobraba $2500 mensuales, destinados según se les decía a los apoderados, a cubrir necesidades materiales de reposición o mejoramiento del inmueble.
Hasta la fecha,la ex directora no ha dado cuenta de los fondos, los que de acuerdo a la ley eran fondos públicos, por lo tanto debieron ingresar a la cuenta corriente del Departamento administrativo de Educación Municipal (DAEM).
Además denuncian otra irregularidad, los dineros en cuestión no podían bajo ninguna circunstancia ser manejados por la señora Astudillo, porque el colegio que dirigía no cuenta con administración delegada para estos efectos, como estipula la ley Nº 19.410, tampoco con financiamiento compartido para que sea licito cobrar estos dineros en forma mensual, ya que la figura del aporte voluntario no existe en la legislación educacional de nuestro país. Por tal motivo el 19 de octubre del año 2004 la Contraloría Regional de Los Lagos emitió un dictamen en el que se señala que la actual alcaldesa jamás debió disponer a título personal, o adquirir bienes con ellos para su beneficio, por ser éstos fondos fiscales. El profesional también persigue que se aclare una supuesta suplantación, por parte de la acusada, a nombre del Centro de padres y apoderados del citado establecimiento educacional, donde se adjudicó un proyecto concursable del fondo social Presidente de la República, por un monto cercano a los $3 millones, para la adquisición de equipos audiovisuales e instrumentos musicales. Los artículos fueron adquiridos en la tienda Ripley de Viña del Mar, pagados con un cheque personal a 30 y 60 días, a nombre de Ramón Enrique Jaramillo Becker y retirados por la señora Claudia Ruiz Tagle, quien curiosamente firmó como María Angélica Astudillo, e incluyó además el rut de la acusada. Por lo anterior, el jurista presume que la señora Astudillo se cambió el nombre para retirar la compra.
Los equipos finalmente fueron entregados al colegio en mal estado, dos años después de ocurrido los hechos, debido a la presión de un grupo de apoderados.
No deja de llamar la atención el hecho de que el ex alcalde, René Tribiño, presentó una querella criminal por tal situación, en represtación de la corporación edilicia y ordenó un sumario administrativo al jefe del DAEM, Sergio Gallardo; pero cuando Astudillo asumió el puesto firmó un decreto para dejar de alcaldesa subrogante a la ex funcionaria Claudia Mazuela, a quien ordenó desistirse de las querellas que el municipio local mantenía en su contra y el sumario contra el jefe del DAEM desapareció misteriosamente. En conclusión, si existían delitos o faltas graves administrativas siempre han quedado en la impunidad, sea por casualidad u oscura intencionalidad. Eso, hasta ahora.