Por violencia contra manifestantes

Logran primera condena para carabineros involucrados en represión a movimiento social de Aysén

Abogado criticó el actuar del Ministerio Público, que traspasó la competencia a tribunales castrenses y no logró penas mayores para los funcionarios.

Por Matías Rojas

14/01/2017

Publicado en

Chile / Portada / Regiones

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Aysen

La Justicia Militar de Coyhaique sentenció a seis suboficiales involucrados en hechos de violencia policial, en el contexto de la represión al movimiento social «Aysén, tu problema es mi problema» de 2012.

El fallo condenó a Boris Hugo Vera Santibañez, Juan Andrés Garrido Contreras y Carlos Alejandro Ferrer Pérez a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, y las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autores del delito de violencia innecesaria con lesiones graves contra Camilo Andrés Paillapán Andrade, previsto y sancionado en el Nº 2 del artículo 330 del Código de Justicia Militar.

Igualmente, el fallo de primera instancia impuso la misma sanción para los funcionarios Andrés Segundo Figueroa Pulgar, Cristian Alberto León Colima y Joel Andrés Riquelme Navarro, como autores del delito de violencia innecesaria contra Matías Leodán Escobar Fernández.

Todos los condenados recibieron el beneficio de la remisión condicional, es decir, deberán cumplir su pena en libertad.

Según los antecedentes de la causa, con motivo de las manifestaciones ciudadanas en la Región de Aysén, a las 22:00 horas del 27 de febrero de 2012, en la ciudad de Coyhaique, ante un llamado de la Central de Comunicaciones de Carabineros, se dirigieron tres vehículos de la institución, individualizados como AB-390, Z-4773 y Z-5077, de dotación de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas de Santiago, ya que un grupo de jóvenes se encontraban protestando junto a una fogata en las cercanías de las Bodegas Municipales, en calle El Divisadero, esquina Los Notros.

Los carros avanzaron por calle Las Lumas y, antes de llegar a la intersección, a unos 50 metros, detuvieron la marcha. Ante la falta de luz natural y artificial, los funcionarios que tripulaban el Z-4773 descendieron y se desplazaron rápidamente de infantería, en fila india, parapetándose en la línea de edificación hacia la calle de la barricada.

Paralelamente, el AB-390 quedó estacionado en dicho lugar, y el oficial a cargo procedió a emplear la carabina lanza granadas lacrimógenas y de mano hacia los manifestantes, produciendo una cortina de humo. Una vez realizada la acción, los funcionarios de Carabineros sorprendieron a Camilo Paipallán Andrade y lo agredieron con diversos golpes con sus bastones de servicio, caisándole un traumatismo encéfalo craneano de carácter grave.

A su vez, el tercer vehículo de Carabineros, individualizado como el Z-5077, avanzó rápidamente por calle Las Lumas en dirección a los manifestantes, impactando el vehículo policial a Matías Escobar Fernández, quien producto de ello quedó atrapado con uno de sus pies bajo la rueda delantera derecha, oportunidad en que el jefe de esta patrulla y su acompañante descendieron y lo agredieron con bastones de servicio, resultando con atrición del pie izquierdo con erosión y escara producto del atropello, además fractura de 5º metacarpiano en mano derecha, provocada por los golpes, calificadas «de carácter grave» por el Instituto Médico Legal.

Los carabineros se retiraron del lugar, sin asistir a los lesionados, quienes fueron trasladados por vecinos del sector al Hospital Regional de Coyhaique.

En declaraciones a Radio Universidad de Chile, el querellante Cristian Cruz destacó que si bien hay sentencia – apelable a la Corte Marcial -, la pena no implica la inhabilidad para ejercer como funcionarios públicos a los condenados. En esta línea, criticó al Ministerio Público por negarse a investigar los hechos y también al Instituto de Derechos Humanos de la época por no impulsar querellas criminales en el caso.

“A pesar que la entonces administración, la jefatura del INDH fue a la zona, hizo informes, no hizo absolutamente nada en términos de persecución penal respecto de los criminales, lo cual ciertamente me parece grave. Esa misma administración que en ese entonces encabezaba Lorena Fríes, hoy día está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo cual obviamente en términos amplios, no nos da garantías”, señaló a ese medio.

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