La fuerte pugna entre el director de Carabineros y el policía que lo acusó de pinchar teléfonos ilegalmente

En el aniversario número 90 de la institución, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, pidió perdón por la gigantesca malversación de recursos públicos en el área de Finanzas, que ya supera los 16 mil millones de pesos, mucho más que el denominado «Milicogate».

Como publicó El Mostrador, desde La Moneda se ha hecho evidente el blindaje al uniformado. Conocedores de los malabares del jefe policial no tienen tapujo en afirmar que ello podría explicarse por la vasta información que mantendría sobre el entorno de la presidenta Michelle Bachelet, quien jugó un papel importante en su llegada a la Dirección General.

Estas posibles ventajas de Villalobos sobre el mundo político fueron expuestas en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados celebrada en julio del año 2011, a la que asistió el ex suboficial de la 19º Comisaría de Providencia, Esteban Infante Alcaíno.

Con molestia reaccionó ante esto Villalobos, entonces «zar» de inteligencia de Carabineros. Llamó directamente al parlamentario que presidía la instancia, Sergio Ojeda (DC), para criticar la publicidad de los dichos de Infante y el polvo que se levantó cuando éste lo acusó directamente de escuchar a distancia las conversaciones privadas de altas autoridades.

La práctica, explicó Infante, consistía en meter subrepticiamente los teléfonos de las víctimas en listados de personas investigadas por narcotráfico. Ello, para obtener la autorización judicial que motivara su intervención por Ley de Drogas, con equipos tecnológicos denominados ‘Chupacabras’. Uno de los casos que presuntamente conoció fue el pinchazo al ex ministro del Interior, José Miguel Insulza.

La tesis que planteó Infante era que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) actuaba «como en la película de ‘La Hermandad de la Rosa’ (…) un trabajo de la CIA para saber la parte delgada de las autoridades, y de esa forma poder extorsionarlas». También contó que Villalobos tenía como chofer al medio hermano de un policía relacionado con robos a cajeros automáticos, y con redes de prostitución que él mismo había investigado junto a su colega, el cabo Luis Parra Castro.

Aunque en esos días, el ex presidente Ricardo Lagos salió a negar las acusaciones y refutar que sus conversaciones con Insulza hubieran sido escuchadas por Carabineros, en la causa judicial por el asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, aparece el testimonio de un ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que reconoció haber espiado al círculo familiar del ‘Pánzer’ en un caso vinculado a las drogas. Eso sí, trabajando para el Ejército de Chile.

«Una vez que terminó la CNI, la mayoría fuimos reintegrados al Ejército y pasamos a depender de la DINE, en mi caso pasé a formar parte de la Unidad a cargo del mayor Arturo Silva Valdés… (donde) me correspondió realizar escuchas telefónicas», confidenció el testigo a la Fuerza de Investigaciones Reservadas’de la PDI en 2007, de acuerdo a un informe adosado a la causa rol Nº 7.891 del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, al que accedió este medio.

Allí, el agente de iniciales R.M. dijo que traspasaba las cintas al empleado civil Raúl Lillo, quien «efectuaba el análisis de la información», y que un día pinchó comunicaciones en el sector «de avenida Salvador… enterándome después que se trataba del domicilio del hijo del que posteriormente fue Ministro del Interior, José Miguel Insulza, esto supuestamente, porque el joven estaba involucrado con el consumo de drogas».

La seriedad que atribuyeron los diputados a la denuncia del suboficial Infante se reflejó en la derivación de los antecedentes al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Ellos también solicitaron que el mandamás de la Dipolcar en ese momento, Bruno Villalobos, saliera de la institución. Pero el gobierno de Sebastián Piñera lo protegió.

Tras su débil aporte de inteligencia en el caso bombas, que terminó con todos los formalizados absueltos acusando un «montaje», el gobierno de derecha puso a Villalobos en la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados, justo cuando se hacían las bases técnicas de la licitación que favoreció a la empresa Tecnodata en el Plan Frontera Norte, acusada de pagar coimas y generar sobreprecios en la venta de densímetros y fibroscopios.

Incólume, Villalobos respondió a las acusaciones de Infante con querellas por supuestos delitos de espionaje contra la propia Dipolcar. Pasaron los años y ninguno de los dos fue condenado por los cargos que mutuamente se imputaron.

EL ARTE DE ENGAÑAR

«Hemos visto a un suboficial muy bueno para decir cosas que no son verdad, para mentir… Él no tiene nada y renunció a la institución antes de ser dado de baja por tener cargos en su contra», aseveró el general Bruno Villalobos en un mensaje interno difundido a mediados de abril sobre el fraude en Carabineros.

El alto oficial omitió decir el nombre de la persona, sin embargo, aludía claramente a Esteban Infante, el mismo que en 2011 lo denunció y que años después formó Equanime, una empresa que asesora jurídicamente a policías afectados por sumarios y que alegan arbitrariedades. «Tengan cuidado con estas personas que además lucran en base a supuestas asesorías a personal activo. Varios seguramente le entregaran un aporte mensual, no pierdan su dinero», advirtió Villalobos.

Días antes, Infante había señalado en varios canales de televisión que el desfalco investigado por el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, era mucho mayor y se remontaba a 1995, dichos que fueron confirmados a Informe Especial de TVN por el teniente coronel (r), imputado en la causa, Patricio Morales, quien involucró a dos auditores de Contraloría y al propio general director en el encubrimiento de los ilícitos.

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El día de la formalización de ocho ex uniformados, el representante de Equanime interpeló a Villalobos para que pusiera «su cargo a disposición, por dignidad», ya que, en su condición de director nacional de Inteligencia, no fue capaz de descubrir y denunciar el masivo saqueo en remuneraciones.

«Yo, como jefe de una empresa, ¿cómo no me voy a dar cuenta si mis trabajadores llegan en una Hammer o si se compraron un fundo? El propio general Villalobos dice que esto data del tiempo del general (director anterior) González Jure, pero él mismo lo colocó como director de nuestra Mutualidad con un sueldo millonario”, puntualizó el suboficial (r).

Fiel a su particular estilo comunicacional -que la semana pasada, lo llevó a criticar el «festín» que hiciera la prensa ante el no pago de contribuciones en la parcela que tiene en Peñaflor-, el hecho de que Villalobos arremetiera contra Infante no generó sorpresa. En otro video publicado en redes sociales, éste último no tardó en contestar. Lo trató de «mentiroso».

«Él dijo que yo había sido imputado por delitos, es mentira… (yo) tenía mucha información sobre actos de corrupción, porque denunciaba a altos mandos que tenían casas de prostitución. Y para sacarme de circulación… me falsificaron mi hoja de vida»,  explicó.

A través de Facebook, Infante precisó que su salida se concretó, finalmente, de manera «voluntaria… pero apremiado por la Dirección de Inteligencia (que habría escuchado su teléfono de manera ilegal), porque yo tenía información relevante».

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En cámara, el suboficial en retiro leyó una declaración contenida en el expediente judicial abierto por supuestas escuchas ilegales efectuadas por la antigua Dipolcar de Villalobos contra él y su par sabueso, el cabo Luis Parra. Cabe señalar que este proceso de los «pinchazos» terminó en la Justicia Militar, con la absolución del único imputado, el oficial de inteligencia (r) Gonzalo Alveal Antonucci.

El testimonio mencionado por Infante sitúa como presunto autor intelectual de la intervención telefónica del cabo Parra al hoy director Bruno Villalobos, superior de Alveal. Plantea que el general ordenó que se omitiera el nombre del colega de Infante en un listado de celulares sospechosos de pertenecer a una banda de drogas que operaba desde la cárcel. Esto, en un oficio engañoso de la Dipolcar a la justicia.

Si bien la relación de Parra con la banda nunca existió, el dato falso de la Dipolcar -que supuestamente provino de Gendarmería- llevó a la jueza Ema Novoa a autorizar el monitoreo de sus conversaciones personales. Luego de múltiples horas de grabación, Dipolcar solo descubrió que Parra vendía información de bases de datos institucionales a terceros y pidió autorización a la Fiscalía para abrir un sumario en su contra. Al término de éste, el fiscal administrativo, mayor Hans Deischler, pidió su destitución.

LA AMENAZA FANTASMA

El modus operandi expuesto en el caso del suboficial (r) Esteban Infante y el cabo Parra, guarda bastante semejanza con las intervenciones telefónicas irregulares denunciadas por el Consejo de Defensa del Estado en una querella presentada el 27 de noviembre de 2013, en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, por el supuesto delito de obstrucción a la investigación.

La acción legal relata que se ordenó interceptar «a una serie de números telefónicos fijos y celulares», a fin de cotejar información aportada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros, que demostró ser falsa.

En un principio, los datos obtenidos a través de un presunto informante de Gendarmería apuntaron a la planificación del homicidio de Gustavo Fuentes Aliaga, apodado «El Grillo», en respuesta «a la delación efectuada por éste en la causa de asociación ilícita terrorista y colocación de explosivos» que involucró a los anarquistas del primer caso bombas.

Teniendo a la vista dudosos informes de la Dipolcar del general Villalobos, el fiscal sur Víctor Nuñez Escalona explicó a la magistratura de ese entonces (principios de 2011), que el plan ficticio contemplaba «atentar contra la vida del Fiscal Regional Metropolitano Sur, Alejandro Peña Ceballos«, y que los potenciales hechores habían viajado a la Región de la Araucanía, para coordinar su operación, con «clara intención de evitar cualquier seguimiento, interceptación o rostro de sus actividades».

De hecho, según consigna el Informe Nº 329 de la Dipolcar (del 13 de enero de 2011), agentes encubiertos viajaron -con recursos del Estado- a Victoria, Villarrica y Linares, siguiendo los pasos de un sospechoso. Todo sin resultados, ya que el Departamento III de Seguridad Pública de esa repartición afirmó, tiempo después, que las diligencias «no arrojaron evidencia… para acreditar el hecho», sobreseyéndose entonces la carpeta con la declaración de «El Grillo», quien desmintió a Carabineros.

«Del relato de los hechos aparece que se simuló la existencia de una denuncia de planificación de un homicidio y otros delitos con el fin de solicitar medidas intrusivas que, de otro modo, no hubieran sido autorizadas. Ello dio lugar a una investigación fiscal que en ningún momento arrojó resultados positivos y se afectaron derechos constitucionales de personas imputadas y de terceros», calificó el CDE en la querella.

Pero la investigación de este «fraude a la administración de justicia» -en palabras del propio Consejo- no siguió adelante. El 13 de abril de 2017, acogiendo una decisión de no perseverar del Ministerio Público, el tribunal cerró la puerta a indagar responsabilidades mayores en el organismo de inteligencia, comandado, a la fecha de las interceptaciones, por el actual director de Carabineros.

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