Puerto Rico en crisis: terremotos, negligencia, escándalos y protestas

Puerto Rico enfrenta una nueva crisis política. Sus calles son escenario de manifestaciones en contra de la gobernadora Wanda Vázquez y sus autoridades por la falta de acciones ante la emergencia creada por los sismos que sacuden la isla caribeña desde diciembre y que tuvieron su punto máximo con el terremoto de magnitud 6.4 en la escala de Richter, acontecido el pasado 7 de enero.

Ese fenómeno natural provocó la muerte de una persona, lesiones a cientos de otras, varios miles de damnificados y severos daños materiales en inmuebles, viviendas e infraestructura.

Los puertorriqueños denuncian la falta de ayuda oportuna, y la indignación creció al descubrirse en la región de Ponce un almacén lleno de artículos de primera necesidad, los cuales no fueron distribuidos a las víctimas de huracán María en 2017, ni a los damnificados tras los los 2.000 eventos sísmicos que han estremecido la isla desde diciembre pasado.

El escándalo provocó que la gobernadora despidiera al comisionado del Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, pero la medida no calmó los ánimos, especialmente entre los miles que perdieron sus viviendas.

El terrible paso del huracán María demostró que, a pesar de que la isla está situada en una de las zonas más activas de ciclones tropicales del planeta, sus autoridades no están preparadas para enfrentar este tipo de fenómeno que dejó alrededor de 3.000 muertos,  millonarias pérdidas y daños a infraestructuras que aún no han podido ser reparados.

La nación caribeña también está ubicada en un área de fuerte sismicidad, que cobró inusitada actividad y evidenció las carencias de programas oficiales para enfrentar desastres naturales de esa índole. Desde que comenzó esta ola de temblores que aún no cesan, se reportan más 7.000 personas albergadas en 14 centros habilitados en la zona sur, donde cientos de niños siguen sin poder asistir a sus escuelas.

«Quedó demostrado que Puerto Rico no está preparado para un movimiento sísmico«,  indicó Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Gestores de Emergencias de la isla.

Lugo, exdirector de Gestión de Emergencias, condenó que el Gobierno no activó su centro de mando para tales efectos sino hasta el 8 de enero, lo que supone un incumplimiento de los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

María dejó en evidencia que, ante este tipo de fenómenos, las autoridades locales y federales no contaban con recursos ni suministros, y que las infraestructuras e instalaciones estaban en mal estado, quedando por ello gran parte de los boricuas sin luz y otros servicios básicos durante meses.

El sismo del 7 de enero volvió a dejar a la mitad el país sin electricidad, mientras que miles de familias aún sufren por la falta de agua potable.

Una Gobernadora que no gobierna

En agosto de 2019, Wanda Vásquez fue nombrada gobernadora interina, tras la renuncia de Ricardo Rosselló debido a las protestas y presión popular por las fallas de su administración y la filtración de un chat en el que intercambió mensajes ofensivos, sexistas y homofóbicos con sus asesores.

La designación de Vásquez, quien se desempeñaba como Secretaria de Justicia, fue sumamente criticada por su poca rigurosidad en investigaciones anticorrupción que implicaban a miembros de su partido Nuevo Progresista, al que también pertenece Rosselló, y que defiende la idea de que Puerto Rico abandone su estatus de estado libre asociado y se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

«Entendemos que es la mejor decisión que pudo tomar, por el bien del país y de su familia. Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente», afirmó al asumir el cargo.

Asimismo, prometió cooperar con las autoridades estadounidenses en la lucha contra la corrupción y expulsar a todos aquellos acusados de malas prácticas.

Tras cinco meses en el cargo, Vásquez es señalada de no cumplir sus promesas y los puertorriqueños exigen su renuncia, al igual que hicieron con su antecesor.

Ante las acusaciones, la gobernadora argumenta que no se debe “perder de perspectiva”  y defiende que, tras el terremoto del 7 de enero, su administración actuó con celeridad al establecer refugios, proveer artículos de primera necesidad a los damnificados y restablecer los servicios de agua y electricidad en pocas semanas.

También insiste en que, con la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal, se distribuyeron dos millones de dólares entre los municipios más afectados, para que pudieran responder efectivamente a la emergencia generada por el sismo de magnitud 6.4 y las réplicas subsiguientes.

Según Vásquez, no ha recibido quejas de los damnificados sobre las ayudas que están recibiendo durante la emergencia.

“La emergencia fue atendida con prontitud. Si el gobierno no hubiese sido eficiente, qué estaría pasando con los refugiados. Están en lugares seguros con atención médica, duchas, servicios psicológicos. Las necesidades de ellos son atendidas, y eso no lo podemos obviar”, indicó en unas declaraciones que causaron indignación entre quienes exigen su renuncia.

Escándalo del almacén

El descontento popular se acrecentó cuando se descubrió en Ponce (sur) un almacén repleto de provisiones, agua potable, comida para bebé, medicina y víveres, que se encontraban acaparadas y sin ser distribuidas entre los afectados desde el azote del huracán.

Tras el descubrimiento, cientos de personas se dirigieron al lugar, rompieron las cerraduras y encontraron miles de botellas de agua que habían caducado. Así como pañales, comida para bebé, radios de emergencia, baterías, carpas y otros artículos de primera necesidad llenos de polvo y mugre tras estar dos años almacenados.

Estas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y enfurecieron a la isla. En primer lugar, porque ante la tragedia los ciudadanos han sido un sostén importante para los afectados, ya que se han volcado en masa a donar suministros para quienes han perdido su vivienda; y en segundo lugar porque no es la primera vez que un hallazgo como éste sale a la luz. 

En 2018, casi un año después del azote del huracán María, fse encontraron dos millones de dólares en agua embotellada que nunca llegó a quienes la necesitaban.

Ante el escándalo, la respuesta de Vásquez fue despedir a Carlos Acevedo, quien se desempeñaba como comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias, y ordenar una investigación.

“Hay miles de personas que han hecho sacrificios para llevar ayuda al sur y es imperdonable que se hayan mantenido recursos en un almacén», aseguró en ese momento.

Sin embargo, en declaraciones al diario Metro, Acevedo aseguró que tanto la gobernadora, el Secretario de Estado y el Jefe de la Guardia Nacional sabían de la existencia del almacén y de su inventario de provisiones.

Al respecto, la gobernadora lavó sus manos y procedió a despedir también a la titular del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, y el jefe de la cartera de Vivienda, Fernando Gil.

Sin embargo, estos despidos han sido atribuidos a motivaciones político-partidistas.

¿Menos ayuda para Puerto Rico?

El escándalo surgió en un momento crítico para Puerto Rico, debido a que funcionarios de la isla han pasado meses convenciendo a Washington de que podrán administrar adecuadamente los miles de millones de dólares aprobados por el Congreso para las labores de reconstrucción.

Se trata de un monto total de unos 20.000 millones autorizados después del azote de María, de los cuales han sido desembolsados  apenas 1.500 millones.

Una partida de 8.300 millones fue ‘bloqueada’ por el Departamento de Vivienda cuando estalló la crisis política en julio pasado, reportó Univisión.

Este departamento puso en suspenso la entrega del dinero hasta que no hubiese seguridad de que sería utilizado apropiadamente y fuese designado un grupo que dé seguimiento a su uso.

Cuando finalmente, el Departamento anunció que está próximo a liberar el dinero ocurre este escándalo que le sirve de municiones al presidente Donald Trump para criticar la gestión de las autoridades puertorriqueñas y defender la falta de entrega de recursos a la isla.

Incluso, Wanda Vázquez alertó que el asunto puede golpear “la credibilidad que les había costado reconstruir”.

«Entendemos que las acciones de estos funcionarios podrían tener un efecto negativo en los adelantos que habíamos logrados con el Gobierno federal (…) habíamos logrado ganar credibilidad y esto la trastoca», señaló.

Puerto Rico en crisis

La situación de Puerto Rico es delicada. Desde 2006, la isla vive una desastrosa crisis económica, para la que todavía no ve una salida.

Decenas de miles han emigrado desde entonces, los índices de desempleo y pobreza se han disparado, los recortes y la deuda se ha multiplicado y el Gobierno, acusado de corrupción, se quedó sin fondos.

A esto se sumó el azote de María que dejó más de 3.000 muertos y pérdidas económicas e infraestructura por 90.000 millones de dólares.

Ahora, los incesantes terremotos crean alarma y desconcierto en la población.

Washington firmó una declaración de estado de desastre mayor para Puerto Rico, para que la isla pueda acceder a fondos de ayuda federal que contribuyan a atender la emergencia.

Sin embargo, el pueblo puertorriqueño teme que la respuesta de Washington sea una vez más ignorar la crisis que atraviesa la isla y que Trump minimice la tragedia.

Por su parte, Wanda Vásquez parece ignorar las masivas protestas y asegura que no renunciará, ya que, a su juicio, ha brindado ha brindado un gobierno «limpio y sin corrupción».

«Yo no voy a prestar atención a ninguna otra controversia que desvíe la verdadera atención (…) Al pueblo de Puerto Rico le digo que esté muy atento a aquellos que tienden a crear desasosiego y desesperanza. Esto no es nada político. Por mi parte, aquí no hay ninguna consideración política, está totalmente fuera», afirmó Vásquez, quien aspira a ser electa gobernadora en los comicios generales previstos para el 3 de noviembre de este año.

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