The Economist: Nayib Bukele, el primer dictador millennial

"Con el estallido de COVID-19, su desprecio por las normas democráticas solo ha aumentado. Bukele podría estar en camino de convertirse en el primer dictador milenial de América Latina", afirmó la publicación británica The Economist.

The Economist se sumó a los medios de comunicación que han criticado la forma en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirige su país. En un artículo, el semanario británico alertó que el mandatario «va camino a convertirse en el primer dictador millennial«.

«En 11 meses como Presidente, ha hecho más para destruir la democracia de El Salvador que para reformarla. Con el estallido de COVID-19, su desprecio por las normas democráticas solo ha aumentado. Bukele podría estar en camino de convertirse en el primer dictador millennial de América Latina», afirmó la publicación.

Con el estallido de COVID-19, su desprecio por las normas democráticas solo ha aumentado.

The Economist planteó que la pandemia de coronavirus ha dejado en evidencia que varias democracias de la región se tambalean.

Señaló que con el COVID-19 como coartada, la presidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, está acumulando poder y buscando retrasar una elección, mientras que el ultraderechista jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, acumula partidarios que llaman a cerrar el Congreso y la Corte Suprema.

Durante la pandemia de COVID-19, Bukele ha aplicado medidas arbitrarias que desafían las leyes de El Salvador. Imagen: Web.

Las arbitrariedades de Bukele

Sin embargo, el medio británico afirmó que «Bukele ha ido aún más lejos», ya que se movió rápidamente para contener la propagación de COVID-19, imponiendo un confinamiento nacional el 21 de marzo, cuando el país tenía solo tres casos confirmados«.

«En nombre de la protección de los ciudadanos, ha pisoteado sus derechos. La Policía arrestó a más de 2.000 personas por violar las reglas de cuarentena y las confinó hasta por 30 días en condiciones que hacen más probable la propagación de la enfermedad», señaló.

https://www.youtube.com/watch?v=1daTjlBgVhE

También recordó que cuando la Corte Suprema dijo que el Estado no puede detener a las personas sin una ley que lo respalde, Bukele la desafió.

«Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños indicó Bukele, y las fuerzas de seguridad tomaron sus órdenes para hacer cumplir su bloqueo, emitido a través de Twitter, como mandatos legales», reseñó el artículo.

Asimismo, Bukele arremetió de nuevo cuando los asesinatos aumentaron el mes pasado después de un largo descenso.

«Alentó a la Policía a utilizar la fuerza letal contra los delincuentes y ordenó que los miembros encarcelados de pandillas rivales fueran confinados en las mismas celdas. La oficina de Bukele publicó fotos de cientos de prisioneros casi desnudos, empaquetados más cerca que gallinas de batería, mientras se inspeccionaban sus celdas», indicó el texto.

https://www.youtube.com/watch?v=xB4AhWrQ04k

The Economist también se refirió a la presión que ejerce el Mandatario sobre los integrantes de su equipo con el fin de obtener los resultados que desea.

Con la línea: “Sus tuits son mis órdenes«, la publicación ilustró la respuesta de los ministros y funcionarios que corren a ejecutar lo que el Mandatario ordena por Twitter, aún si esto rompe la ley o no tiene sentido.

Para The Economist, Bukele todavía no ha pagado ningún precio por su brutalidad. Sin embargo advirtió que «no está claro cuánto tiempo planea conservar todo este poder».

De hecho, cada día se registran mayor cantidad de cacerolazos por parte de los salvadoreños hartos de los atropellos y acciones arbitrarios aplicadas por el Mandatario.

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Polémico estado de emergencia

Ante las numerosas críticas, Bukele insiste en defender las medidas implementadas por su Gobierno ante la pandemia. Aunque reconoce que son incómodas, en su opinión son necesarias y constituyen “la única esperanza para evitar una catástrofe sanitaria” en El Salvador.

De hecho, este fin de semana prorrogó el estado de emergencia nacional, bajo el argumento de querer frenar la propagación del coronavirus, que hasta la fecha ha contagiado a 1.265 personas, dejando al 26 fallecidos.

El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiraba la noche del sábado por lo que amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el Presidente decidió prorrogarlo por un mes más.

Diputados opositores y expertos en derechos humanos catalogaron la acción del Ejecutivo como un «desconocimiento» del Congreso y del «estado de excepción».

Sin embargo, este lunes 18 de mayo, la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional el decreto del Jefe de Estado, que entró en vigencia dos días antes y ordenó su suspensión «inmediata y provisional».

El polémico decreto faculta a Bukele a utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, mantienen suspendidas las clases en las escuelas y universidades, y el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del FMLN denunció que Bukele rompió el Estado de Derecho y está utilizando la emergencia para hacer uso discrecional de los recursos financieros del Estado.

https://twitter.com/gpfmln/status/1262046926993850370

A juicio del abogado Humberto Sáenz, del Centro de Estudios Jurídicos, la medida aplicada por Bukele usurpa las funciones de la Asamblea y consideró correcta la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. “Hay que hacer notar que estamos en una ilegalidad e inconstitucionalidad y hay responsabilidades para personas que promueven esto”, afirmó Sáenz.

De hecho, la situación llegó al punto que la Fiscalía General de la República denunció que Bukele usurpó la facultades del Congreso al prescindir de este órgano de Estado para decretar el estado de emergencia.

https://www.youtube.com/watch?v=R35RFWhhYoQ

«Un estado de emergencia decretado por el Presidente de la República debe ser sometido al control de la Asamblea Legislativa, por lo que emitir un estado de emergencia por un período de 30 días resulta un acto de usurpación de facultades», señaló la FGR en un comunicado.

El Ministerio Público también valoró que el decreto emitido por el Mandatario “excede competencias” de la ley, debido a que no fue concebido por aprobación de los Diputados.

Por estos motivos, la Fiscalía presentó un recurso de inconstitucionalidad  ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto, en la que se solicita una medida cautelar de suspensión. La respuesta ya se conoció hoy, tal como lo mencionamos arriba.

Al final, el tiempo dirá cuáles serán los nuevos planes y arbitrariedades del presidente Nayid Bukele. Mientras tanto, The Economist alertó que los «salvadoreños deben buscar formas de controlar su poder ya”.

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