Argentina: ¿Quién mató a Lucas González? El joven futbolista que los medios etiquetaron como «ladrón»

La violencia institucional es una epidemia jamás erradicada de América Latina. En Argentina en particular, la manipulación de la escena del crimen y de las víctimas o testigos es bien conocida.

Argentina

Lucas González tenía 17 años. Era un joven futbolista que jugaba en las inferiores de Barracas Central de Argentina. El miércoles llegó al entrenamiento acompañado por tres de sus amigos que querían probarse en el equipo. Dos de ellos lograron ser aceptados.


Los cuatro salieron juntos del club. Se subieron al mismo auto y enfilaron para su barrio. Hicieron una escala para comprar un jugo. Minutos después comenzó a perseguirlos un vehículo sin placas, en el que viajaban el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, policías vestidos de civil que jamás se identificaron y que empezaron a dispararles.

Lucas recibió dos tiros en la cabeza. Lo llevaron a un hospital. Estaba muy grave. Y un día después, murió, explica la escritora y periodista Cecilia González en un artículo de opinión para RT.

Lo mató la Policía. La «maldita Policía», ese nombre que las fuerzas de ¿seguridad? de Argentina, ya sean estatales o nacionales, han ganado a fuerza de matar, torturar o desaparecer a sus víctimas. Ya tienen una larga trayectoria.

Casi ninguna agrupación se escapa. La violencia institucional y los crímenes cometidos por policías son recurrentes por todo el país, con un énfasis especial contra jóvenes de barrios humildes. Basta ser moreno y vestir gorras y ropa deportiva para ser visto y tratado como un presunto delincuente.

Desde que fue creada en 2016, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ya acumula un récord de 121 casos de «gatillo fácil», es decir, de agentes que tiran a mansalva, con la facilidad, irresponsabilidad y, muchas veces, impunidad que les otorga la portación de un arma.

Los datos son revelados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización que, en un trabajo invaluable, se dedica a compilar crímenes que la mayoría de las veces no impactan en la sociedad. Porque, ¿a quién le importa que la Policía mate a jóvenes pobres?

Esta semana, la Policía capitalina estaba de fiesta, celebraba sus primeros cinco años de vida. Pero el festejo terminó con el asesinato de Lucas. Más coherencia, imposible.

Las anomalías de la policía argentina

Las anomalías de la muerte del joven futbolista se acumulan sin sorpresa, porque demuestran una vez más cómo los agentes se protegen a sí mismos.

Uno de los modus operandi más conocidos es plantar armas para hacer creer que las víctimas en realidad eran victimarios. Que perseguían a «delincuentes». Por eso «apareció» una pistola en el auto en el que viajaban los jóvenes.

Este viernes también ya se sabe que los policías le dijeron a uno de los amigos que estaba con Lucas al momento del ataque que podía irse, que no tenía que declarar. Más tarde lo acusaron de haberse fugado. Tuvo suerte. Muchas veces los detienen y terminan misteriosamente «suicidados» en comisarías. O enterrados sin identidad. O son desaparecidos.

Es tan obvia la violencia ejercida por los agentes en esta historia que ha abierto una fisura en la férrea protección mediática de la que, gracias a una multimillonaria inversión en publicidad oficial, suele gozar el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hoy firme aspirante a candidato presidencial en 2023 desde la oposición al peronismo.

El suyo es un caso extraño, porque ni la prensa oficialista ni la opositora suelen meterse con él, investigarlo, denunciarlo, cuestionarlo. Es, quizá, la figura política más cuidada por los medios en Argentina que se dividen en dos grandes bandos: los tradicionales, antiperonistas y más influyentes que todavía dictan gran parte de la agenda pública; y los que defienden al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández. Los medios y periodistas que intentan mantener un equilibrio son los menos.

Pero, a pesar de que el asesinato de Lucas ha desatado una crisis inusual para el gobierno capitalino, algunos comunicadores se resisten a ejercer cualquier tipo de crítica. Se repite así una ya arraigada doble vara en la que los gritos, insultos y sobreactuada indignación estallan sólo si la violencia institucional se cometió en alguna provincia gobernada por el partido contra el que esos periodistas militan en Argentina. 

Los medios lo calificaron de «ladrón»

De hecho, la primera reacción de la mayoritaria prensa antiperonista fue validar la versión de la Policía. Hablaron de «enfrentamiento», «confuso episodio» y «tiroteo contra delicuentes». A Lucas lo identificaron como «un ladrón». Bastaron pocas horas para descubrir que nada de ello era cierto. Aun así, las miserias no terminan.

La conductora Viviana Canosa, opositora al peronismo, representante de los movimientos anticiencia y asidua a los escándalos –por ejemplo, por beber dióxido de cloro en vivo en plena pandemia– y que cada vez se va acercando más a la ultraderecha, no dudó en usar políticamente el crimen al preguntarles a los amigos de Lucas por quién habían votado en las elecciones legislativas del domingo pasado, como si ello justificara de alguna manera que los policías capitalinos les hubieran disparado.

En el mismo estilo, los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, asiduos defensores de la «mano dura contra los delincuentes», se enfrascaron en un diálogo en el que justifican a los policías y, sin asumir que representan al Estado, los ponen al mismo nivel que los jóvenes atacados.

«Qué sociedad vivimos, porque en ambos casos lo que se sintió es inseguridad», dice Feinmann. «Los dos desconfiaban», añade Viale entre suspiros de resignación, relativizando el crimen y hasta sintiendo pena por los policías.

Claro, pobres, se asustaron. Y qué mejor que reaccionar a los tiros contra cuatro jovencitos.

Víctimas en Argentina

La violencia institucional es una epidemia jamás erradicada de América Latina. En Argentina en particular, la manipulación de la escena del crimen y de las víctimas o testigos es bien conocida. El objetivo muchas veces cumplido es culparlos de su propia tragedia.

Cómo olvidar a Luciano Arruga, el adolescente de 16 años que desapareció en 2009 después de ser detenido por policías de la Provincia de Buenos Aires. Casi seis años después, su cuerpo fue encontrado en un cementerio de la capital. Había sido enterrado sin nombre, sin identidad alguna.

La pandemia exacerbó la violencia policial en todo el país. Uno de los primeros casos que llamó la atención de la opinión pública fue el de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años que fue detenido el 15 de mayo de 2020 por policías de la provincia de Tucumán por violar la cuarentena. Un policía lo mató de un disparo en la espalda. Con la ayuda de otros agentes escondió el cadáver en un barranco.

Antes, el 5 de abril, Florencia Magalí Morales, de 39 años, madre y abuela, fue encontrada ahorcada en una comisaría en la provincia de San Luis. Los policías la habían detenido cuando salió de su casa, en bicicleta, para comprar alimentos, pero como no llevaba identificación, la acusaron de violar la cuarentena. Meses después se comprobó que fue asesinada. La estrangularon.

Un mes más tarde, el 24 de mayo, Alan Maidana, de 19 años, fue asesinado con un tiro en la espalda en la provincia de Buenos Aires. Le disparó un policía federal que, en ese momento, estaba fuera de servicio. Seis días después, también en esta provincia, un policía federal asesinó a Lucas Barrios, de 18 años, con 18 balazos. Lo acusó de haber querido robarle.

Otra historia de alta repercusión ocurrió el 26 de junio, cuando policías de Tucumán detuvieron en la calle a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, a quien una mujer acusaba de haber querido robarle. El hombre murió asfixiado por los policías que lo redujeron en el piso, de manera similar a George Floyd, el caso que conmocionó a Estados Unidos.

En 2020 también fue asesinado Lucas Nahuel Verón. Ese día cumplía 18 años. Estaba a una cuadra de su casa. Iba en una moto junto a un amigo cuando los policías de la Provincia de Buenos Aires le dispararon. Y todavía no sabemos con certeza qué le pasó a Facundo Astudillo Castro, el joven de 23 años que desapareció el año pasado. La última vez se lo vio cuando había sido retenido por la Bonaerense; 107 días después apareció ahogado.

Antes de la pandemia, un crimen alteró a la sociedad argentina. La madrugada del 20 de mayo de 2019, los adolescentes Gonzalo Domínguez, de 14 años; Rocío Guagliarello, Camila López y Danilo Sansone, de 13, y Aníbal Suárez, de 22, salieron a pasear en auto y fueron perseguidos por policías bonaerenses que les dispararon. El tiroteo provocó un choque del que sólo sobrevivió Guagliarello.

La lista es larga. Hay miles de víctimas y Lucas no es ni será un caso aislado.

Sabemos que tampoco será el último, porque ningún partido político, ningún dirigente, tiene en agenda la compleja reforma integral que, por el bien de la sociedad, deberían sufrir unas fuerzas policiales que generan más temor que inseguridad. Son un peligro. 

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