Colombia: ¿Por qué 10 jóvenes que lideraron las protestas contra Duque son considerados «un peligro para la sociedad» y los envían a la cárcel?

En las redes, los internautas en Colombia se han referido a la situación precaria de los jóvenes que salieron a las calles a manifestar y a la violencia policial en su contra.

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Un total de 10 jóvenes presuntamente integrantes de la ‘primera línea’, como ha sido llamada la vanguardia de las manifestaciones antigubernamentales de Colombia, fueron enviados a la cárcel acusados de cometer hechos de vandalismo, terrorismo y ataques contra la fuerza pública entre mayo y agosto de este año.


La magistrada del Juzgado 69 Penal Municipal de Bogotá con funciones de control de garantías, que tomó la decisión de manera virtual, consideró que hay «elementos materiales probatorios e información legalmente recopilada» para inferir que los supuestos manifestantes están inmersos en los delitos de violencia contra servidor público, instigación a delinquir con fines terroristas, lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas y perturbación en medio del transporte público colectivo, público u oficial.

Según la togada, los judicializados «representan un peligro para la sociedad» y no se les puede dictar arresto domiciliario porque los hechos se planearon desde medios tecnológicos y en varios domicilios, explica la periodista Nathali Gómez en un reportaje para RT.

Mientras se espera la condena, los jóvenes, que tienen entre 20 y 30 años, fueron enviados a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá ‘La Modelo’ y la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, también en la capital.

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Protesta contra las políticas de Duque en Bogotá, Colombia, 28 de mayo de 2021 Foto: Luisa Gonzalez / Reuters

¿Cómo habrían cometido los delitos?

La Fiscalía presentó como elementos probatorios una serie de mensajes enviados por WhatsApp donde supuestamente se habría coordinado la fabricación, el traslado y el uso de bombas incendiarias para atacar a la fuerza pública en las movilizaciones.

Del mismo modo, los judicializados habrían concertado atacar sistemáticamente a los uniformados con elementos incendiarios, objetos contundentes y armas caseras. Además, habrían provocado daños a bienes públicos y privados.

Según la jueza, los procesados se habrían infiltrado en las manifestaciones pacíficas para generar «zozobra» entre quienes protestaban.

La togada, además, dirigió duras palabras contra los judicializados, a los que llamó «alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos» que usan como «caja de resonancia» las redes sociales «para darse una falsa, absurda y pusilánime publicidad, esgrimiendo como trofeos a humildes servidores públicos». 

¿Cuáles son los hechos?

Según la Fiscalía, el primer hecho que forma parte de esta decisión judicial ocurrió el pasado 28 de mayo en las cercanías del Centro Comercial Los Héroes, en la capital. Allí supuestos integrantes de la ‘primera línea’ habrían causado daños en el infraestructura,amenazando con degollar a uno de los vigilantes y atacado a miembros de la Fuerza Pública usando cócteles Molotov.

El resto de los eventos, que el Ministerio Público registró hasta agosto de este año, son ataques a policías con bombas de fabricación casera e incendio a uno de los autobuses del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá, donde además habrían amenazado al operario.

Reacciones en Colombia

Esta decisión, que ha causado indignación en algunos usuarios de las redes, es calificada de excesiva debido a que consideran que la justicia no se aplicó con la misma dureza contra uniformados y paramilitares denunciados de arremeter contra los manifestantes. Según el senador Iván Cepeda, de 80 asesinatos durante el paro nacional, en 61 estarían vinculados miembros del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Desde el inicio de las movilizaciones, en abril de este año, el Gobierno tildó de ‘vándalos’ y de ‘terroristas’ a quienes participaban en ellas. En algunas organizaciones sociales se afirmó que el Estado estaba «criminalizando» la protesta, que estos hechos de violencia eran aislados y que no representaban el espíritu de las manifestaciones contra las medidas económicas de la Administración de Iván Duque.

Uno de los casos que tuvo mayor relevancia fue la expulsión del país, en medio de amenazas de muerte, de la periodista alemana Rebecca Linda Marlene Sprößer, que había acompañado y registrado las protestas. La joven, además, denunció el asesinato de su compañero, perteneciente a la ‘primera línea’ en Cali, en un atentado del que salió ilesa. 

En las redes, los internautas en Colombia se han referido a la situación precaria de los jóvenes que salieron a las calles a manifestar y a la violencia policial en su contra.

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