En el laberinto del narcotráfico: La polémica que envuelve a la “Constitución de la seguridad”

La "Constitución de la Seguridad" propuesta por el Partido Republicano se enfrenta a una gran encrucijada. Pese a sus intenciones de combatir con fuerza las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, destacados profesores de Derecho argumentan que, de aprobarse el texto el próximo 17 de diciembre, la penalización del narcotráfico podría ser inconstitucional, arrojando un manto de dudas sobre la viabilidad de esta propuesta para nuestro país.

Antes de la elección del Consejo Constitucional en mayo de este año, el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, presentó en el Palacio de Tribunales el plan «Cero Narcotráfico»: El paquete de medidas, presentadas junto a los candidatos del partido al Consejo, tenía como objetivo “implementar las medidas constitucionales, legales, administrativas, financieras y operativas que permitan enfrentar con fuerza la consolidación de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, enfocándose en disminuir su capacidad económica y operativa, y desbaratando sus estructuras, para reducir el crimen asociado, los delitos y contribuir a la seguridad y tranquilidad de nuestros barrios”.

Sin embargo, algo ocurrió en el camino. Pese a que el órgano redactor quedó compuesto por 22 miembros del Partido Republicano, más 11 de Chile Vamos, logrando 33 de 50 escaños, en la denominada “Constitución de la seguridad”, como la han llamado sus adherentes, la penalización del narcotráfico podría ser inconstitucional.

Así lo aseguraron cuatro destacados profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI): Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann, quienes, a través de una carta al director enviada a El Mercurio, aseguraron que “La ‘Constitución de la seguridad’ hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores”.

El punto al que hacen referencia los académicos en la carta, se trata del artículo 16, inciso 8 sobre las “garantías penales mínimas”. La letra a) de este inciso, especifica que “ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella”.

En materia constitucional, para comprender los alcances de un tema en particular, así como en otras, es necesario analizarlos en su conjunto. Bajo ese escenario, según los juristas en cuestión, el inciso 9 letra b) del mismo artículo, reclama que “las competencias sancionadoras administrativas” estén “determinadas en su núcleo esencial por la ley”, confirmando así lo que anticipan los académicos.

Para los autores de la carta, esto significaría que tendrá que ser la ley la que defina cuales son los estupefacientes y sustancias sicotrópicas ilícitas, cuestión que hoy se encuentra estipulado en un reglamento.

Actualmente, cada vez que aparece una nueva droga o variante química de esta, se incorpora al reglamento para que sea considerada como “ilícita”. El reglamento en cuestión se modifica a través de decreto emitidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esta medida evita la necesidad de pasar por el Congreso, simplificando el procedimiento y permitiendo una respuesta más ágil ante la aparición de nuevas sustancias.

Javier Wilenmann, uno de los académicos que firmó la carta, en una entrevista con La Tercera, se refirió a esta situación argumentando que “lo que seguramente va a pasar, no sé con qué efecto, es que los defensores de personas que son imputadas por delitos de tráfico van a imponer recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad diciendo que el modo en que está regulado el delito de tráfico en la Ley 20.000 es inconstitucional. Porque lo hace por remisión al reglamento de estupefacientes y todo debe estar contenido en la ley”.

Los defensores

Tras la publicación de la carta, el tema se tomó la agenda e inmediatamente aparecieron los refuerzos para intentar salvar la situación.

Días después de la publicación de la carta, otro grupo de abogados, entre los que destacan Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla, (el mismo del «Caso Coimas«) conocidos por sus nexos con la elite política y empresarial, respondieron la misiva argumentando que los académicos de la UAI estaban equivocados.

Carlos Maldonado, expresidente del Partido Radical y actual secretario general de Demócratas, tildó de “fake news” la carta enviada por los académicos.

A través de un video que circula por “X”, se puede ver Luis Silva, exconsejero del Consejo Constitucional, refiriéndose al problema planteado por los profesores de la UAI, aludiendo que no es algo descabellado.

¿Puedo yo garantizar que esto no va a pasar? No, no puedo, porque no soy Dios”, dice, y agrega que “me parece que es una lectura del texto que busca el peor escenario posible, sí”.

En medio de un proceso constituyente crucial para el futuro de Chile, la polémica en torno a la penalización del narcotráfico ha arrojado sombras sobre la «Constitución de la seguridad» propuesta por el Partido Republicano. La opinión de destacados académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, respaldada por argumentos constitucionales, plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta medida.

En un escenario donde las organizaciones criminales han evolucionado hacia modelos empresariales, las decisiones en el proceso constituyente adquieren un peso significativo.

El Partido Republicano, en su oportunidad única de redactar una Constitución, enfrenta críticas que van más allá de las fronteras partidistas. La ciudadanía observa con atención cómo estas decisiones pueden afectar su seguridad y tranquilidad. El Estado, al carecer de las herramientas necesarias para enfrentar eficazmente el narcotráfico y el crimen organizado, podría encontrarse en una posición comprometida.

El debate sobre la penalización del narcotráfico no solo es un punto de discordia constitucional, sino también un reflejo de los desafíos presentes en la sociedad chilena actual. La resolución de esta controversia requerirá un equilibrio cuidadoso entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos fundamentales.

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