¡Fin al bloqueo contra Venezuela! Canciller Arreaza busca justicia en la CPI por sanciones de EE. UU.

Washington no cesa en su objetivo de deponer al presidente Nicolás Maduro, para tomar el control del país caribeño, rico en petróleo y recursos minerales

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, presentó una denuncia contra el Gobierno de  Estados Unidos (EE. UU.) ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas unilaterales impuestas contra el pueblo del país suramericano desde 2014.

El Canciller venezolano se dirigió a la sede de la CPI ubicada en La Haya, Países Bajos, para entregar un documento que contiene datos que revelan la ilegalidad de las medidas coercitivas aplicadas por Washington contra su país.

 “Este documento rigoroso introducido por el Gobierno Nacional tiene datos estadísticos, hechos y razones jurídicas sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional para investigar, enjuiciar y determinar responsabilidades de los daños que se ha hecho al pueblo venezolano y que son extensivos”, señaló.

Jorge Arreaza denunció al Gobierno de EE. UU. ante la CPI en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Foto: Cancillería de Venezuela.

El diplomático indicó que las medidas impuestas por la Casa Blanca están principalmente dirigidas contra la economía, y procuran un fin político: forzar un cambio de Gobierno por vías inconstitucionales.

“El bloqueo económico, comercial y financiero ha impactado negativamente con mayor énfasis a los sectores de alimentación y salud en Venezuela”, condenó, al tiempo que afirmó las consecuencias de las medidas coercitivas constituyen crímenes de lesa humanidad contra la población.

“Más de 35 resoluciones de la Asamblea General califican de contrarias al derecho internacional las medidas coercitivas unilaterales. Son una sentencia de muerte para el pueblo venezolano, y Venezuela se apega al derecho internacional”, refirió.

Destacó también que la remisión introducida va dirigida a quienes toman las decisiones desde Washington, “quienes cometen crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos y otros pueblos del mundo”.

“Es un caso bien sustentado que vamos a difundir por distintas vías, esta remisión, acusación, esta demanda, con el objetivo de que las consecuencias de las medidas coercitivas, que constituyen crímenes de lesa humanidad, se puedan investigar y empezar el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y a una determinación de responsabilidad”, explicó el Canciller venezolano.

“Nosotros somos parte de la Corte Penal Internacional, del estatuto de Roma, y por eso tenemos, no solo el derecho sino, la obligación de proteger a nuestro pueblo, esa famosa responsabilidad de proteger, nosotros la estamos llevando adelante de acuerdo con la carta de Naciones Unidas”, afirmó.

No obstante, señaló que Caracas estará presentando en distintas instancias internacionales la denuncia contra las sanciones que han causado sufrimiento a los venezolanos y violan la Carta de la ONU y el Derecho Internacional integralmente.

“También hemos hecho denuncias ante las Naciones Unidas y su Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y cualquier otra instancia válida”, subrayó.

Arreaza acudió a La Haya en compañía del viceministro para Temas Multilaterales, Alexander Yánez; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y la embajadora ante el organismo de justicia internacional, Haifa Aissami Madah.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la denuncia contra EE. UU. en la CPI busca el cese de la agresión. Foto: Sputnik.

Denuncia internacional para el cese de la agresión

El canciller Arreaza destacó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado al frente la tarea de denunciar internacionalmente las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra su pueblo, por cuanto constituyen crímenes de Lesa Humanidad.

A raíz de la más reciente sanción aplicada por Washington, que involucra a la aerolínea estatal Conviasa y 40 de sus aviones, el Mandatario instruyó a Arreaza, a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; y al procurador general, Reinaldo Muñoz; a preparar la querella en busca de la justicia ante los tribunales internacionales frente a la agresión estadounidense.

“Activemos de inmediato una demanda internacional ante la Corte (Internacional) de Justicia contra el Gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer a la empresa Conviasa, a las empresas nacionales; una demanda mundial contra la política de agresión de sanciones y medidas coercitivas. Venezuela buscará justicia en los tribunales internacionales”, expresó Maduro .

Indicó que la denuncia contra EE.UU. ante la CPI busca el cese de agresión a Venezuela.

El Mandatario venezolano responsabilizó al diputado opositor Juan Guaidó de ser el responsable de que Washington impusiera las sanciones a Conviasa.

Juan Guaidó es el responsable directo, quien buscó estas sanciones. Yo a ese señor ni lo nombro, pero hoy tenemos que señalar con nombre y apellido al responsable directo, a quien le dijo a sus amos del norte sancione a esta empresa e incremente las sanciones contra Venezuela”, sostuvo.

Para asfixiar al Gobierno de Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha impuesto en los últimos cinco años más  de 150 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Foto: SupuestoNegado.com.

Cronología de las sanciones contra Venezuela

Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, Venezuela ha resistido las agresiones de Estados Unidos y sus aliados. Golpes de Estado, violencia opositora, inflación inducida, ataques a la moneda nacional y amenazas de intervención militar han sido la constante.

Sin embargo, desde 2014 Washington ha incrementado un criminal bloqueo financiero para asfixiar la economía del país suramericano y causar una crisis social que justifique un cambio arbitrario de Gobierno y la intervención internacional.

Para lograr este objetivo, la Casa Blanca ha impuesto en los últimos cinco años más de 150 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.

En marzo de 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama emitió una Orden Ejecutiva en la que se califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE. UU”.

Al firmar esa orden ejecutiva, el Mandatario “obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes”, una facultad que le ha servido al republicano Donald Trump para aumentar el número de sanciones que afectan directamente a las instituciones y empresas estatales, así como a la banca de Venezuela.

El 31 de julio de 2017, un día después de la votación para la Asamblea Constituyente en Venezuela (ANC), Washington aplicó sanciones económicas al presidente Maduro como “castigo” por no haber suspendido la convocatoria, tal como se lo exigió Trump, reseñó el portal web de TeleSur.

En octubre de 2017, el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, afectando el plan nacional de vacunación en el país caribeño.

Durante 2017, la banca internacional  también bloqueó el pago de ocho millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento de 15.000 pacientes.

En noviembre de 2017, más de 20 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, fueron devueltas por bancos internacionales.

Mientras que un mes después se devolvieron operaciones desde bancos en Europa por 29,7 millones de dólares hacia diferentes proveedores del programa social de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con el que el Gobierno de Maduro brinda alimentos a más de tres millones de familias venezolanas a precios subsidiados.

En febrero de 2018, el Departamento del Tesoro amplío las “sanciones” financieras contra Venezuela impidiendo la renegociación o reestructuración de deuda del país suramericano y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.

En marzo de 2018, la Administración Trump impuso seis nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda “petro”, lanzada por el Gobierno de Venezuela para equilibrar la economía, al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. 

También prohibió a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana.

El 21 mayo, tras la relección del presidente Maduro para el período 2019-2025, el Gobierno de EE. UU. emitió una orden con el fin de ampliar el bloqueo económico contra Venezuela, en la que prohibió la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno venezolano.

También restringió toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta, transferencia, cesión, u otorgamiento como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad, en la cual la administración de Maduro tenga el 50 % o más de propiedad, ubicadas en Estados Unidos.

En enero de 2019, Trump aprobó nuevas “sanciones” contra PDVSA que incluyeron el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa Citgo, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

También, el Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela, depositados en dicha institución bancaria.

Infografía: TeleSur.

En 2019, el Departamento del Tesoro decidió bloquear las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), específicamente sus cuentas en el extranjero, y el desenvolvimiento de la institución en el sistema financiero internacional, con el fin de evitar que por esa vía se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos que requieren los venezolanos.

En agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que se encuentren en territorio norteamericano. La decisión fue impuesta tras la firma de una orden ejecutiva que también prohíbe la realización de transacciones con la nación suramericana.

En diciembre del 2019, el Departamento del Tesoro de EE.UU. también introdujo a seis buques de transporte de crudo de PDVSA en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por su sigla en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El pasado 7 de febrero de 2020, Washington sancionó a la empresa aérea venezolana Conviasa, incluyendo una flota de 40 aviones, lo que afecta a cientos de trabajadores y los venezolanos que se trasladan a través de esta aerolínea.

La excusa que dio el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es que el Gobierno de Maduro ”depende en gran medida de la aerolínea para viajar al extranjero”.

Infografía: TeleSur.

Las consecuencias las paga el pueblo

Las sanciones contra Venezuela tienen un grave efecto sobre sus ciudadanos. De acuerdo con cifras oficiales, las medidas coercitivas aplicadas por Washington han causado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares

Según un estudio de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, el bloqueo de Washington ha causado la muerte de  más de 40.000 venezolanos desde 2017

Dichas sanciones afectan los sectores de educación e investigación, debido a que no es posible adquirir equipos para las ciencias básicas o libros y otras bibliografías que se producen fuera de Venezuela. 

A su vez, las importaciones dependen de los recursos por la venta de petróleo, que también es restringido por el bloqueo. Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados, lo que ha dificultado sus exportaciones y la entrada de dinero.

Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las “amplias sanciones” agravarán la crisis de alimentos y salud en este país.

La administración de Donald Trump amenaza con imponer más sanciones contra Venezuela en su afán de tomar el control de la nación caribeña, rica en petróleo y minerales. Foto: HispanTV.

¿Vendrán más sanciones?

El Gobierno de Estados Unidos no cesará en su objetivo de deponer al presidente Nicolás Maduro, para tomar el control del país caribeño, rico en petróleo y recursos minerales, y que cuenta con una privilegiada ubicación geográfica de interés político y comercial.

Para aplicar su plan injerencista e imperialista, Trump cuenta con un aliado dentro de la derecha venezolana, el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en 2019.

Guaidó emprendió una gira internacional el pasado 19 de enero, violando por segunda vez una prohibición de salida del país impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, que lo llevó a Colombia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Francia, España, Canadá y Estados Unidos, en la que abogó por más presiones y sanciones contra el pueblo venezolano.

En Washington se reunió con el propio Trump en la Casa Blanca, así como con el vicepresidente Mike Pence, para afinar cuáles serán las nuevas medidas de presión contra Venezuela.

De hecho, Guaidó defendió las sanciones que, según él, preparan sus aliados para presionar la salida del poder de  Nicolás Maduro. Guaidó dijo a los periodistas que vendrán nuevas sanciones por parte de países que lo respaldan, y sostuvo que “la presión va a llegar al nivel que deba llegar”.

No tengan dudas de que las sanciones van a escalar. Son las herramientas que tiene el mundo libre para enfrentar a los violadores de derechos humanos, las sanciones económicas y políticas”, señaló.

No es de extrañar que al regresar a Venezuela de su gira internacional, el diputado fuera increpado por una multitud  en el aeropuerto que le gritó: ¡Ya basta de sanciones!

Sigue leyendo…

Compártelo

Comentarios