La Contraloría Regional de Los Ríos detectó un patrón de irregularidades en proyectos financiados con el 8% del FNDR entre 2023 y 2025, vinculados a empresas de Eduardo Fagalde Ampuero. El informe final N° 589 ordena reparo, sumario, restitución y remisión al Ministerio Público.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
La investigación de la Contraloría Regional de Los Ríos se inició tras el reportaje de El Ciudadano que reveló el caso Fagalde y las denuncias sobre el Fondo Vida en Comunidad GORE 2025, aprobado mediante resolución exenta N° 306, de 19 de junio de 2025. El informe final N° 589, de 1 de octubre de 2026, confirma que las irregularidades no se limitaron a ese concurso: se extendieron a proyectos de seguridad ciudadana y de carácter social financiados con recursos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) durante 2023, 2024 y 2025.
El documento establece que Eduardo Fagalde Ampuero, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE de Los Ríos entre 2019 y 2021, aparece vinculado a empresas que facturaron servicios en decenas de iniciativas. La Contraloría identificó un universo de 117 proyectos —80 de seguridad ciudadana y 37 sociales— que incorporaron cotizaciones de empresas de Fagalde o de su entorno, por un monto total financiado de $1.477.255.721**. De ellos, la muestra revisada con rendiciones aprobadas alcanzó **23 iniciativas**, por **$204.052.257.
Gestor externo, conflicto de interés y organizaciones de fachada
Las entrevistas a directivas de juntas de vecinos y comités revelaron que las organizaciones beneficiarias recurrieron a Fagalde para formular los proyectos, gestionar su ejecución y preparar las rendiciones de cuentas. Según el informe, el exfuncionario les presentaba a los proveedores y participaba activamente en la documentación presentada al GORE.
Aunque las bases prohibían pagar honorarios por labores administrativas, de rendición o contabilidad, el informe advierte que empresas ligadas a Fagalde facturaron dentro de los proyectos, lo que generó un conflicto de interés y el riesgo de que las organizaciones actuaran como receptoras formales de recursos públicos mientras los beneficios económicos recaían en terceros.
Rendiciones aprobadas sin control y cero supervisión
La Contraloría concluyó que el GORE de Los Ríos aprobó rendiciones carentes de antecedentes suficientes, con servicios sobrevalorados o que no cumplían lo ofrecido. Además, entre 2023 y 2025 no se realizaron supervisiones ni fiscalizaciones a los proyectos financiados con el 8% del FNDR, situación reconocida por el propio jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Germán Olivera Fuentealba.
El organismo fiscalizador mantuvo las observaciones pese a los descargos del GORE, que argumentó mejoras administrativas y limitaciones de personal.
Cámaras y alarmas: sobreprecios y un hermano como proveedor
En 7 proyectos de 2024, facturas por $54.300.000** respaldaron la compra e instalación de cámaras y alarmas sin detallar especificaciones técnicas como capacidad de disco duro o megapíxeles. El caso más crítico es el proyecto **PS2866 “Reumén Vigilado”**, donde la factura N° 2, de 1 de noviembre de 2024, por **$6.400.000, fue emitida por SFCAM, cuyo dueño es Juan Pablo Fagalde Ampuero, hermano de Eduardo Fagalde.
Además, un análisis comparativo en 14 proyectos detectó que las facturas sumaron $93.702.564**, con diferencias de **$40.648.903 respecto de precios de mercado. “Todos los proveedores que instalaron cámaras o alarmas cobraron tarifas iguales o similares, y estos se encuentran por sobre los precios de mercado”, señala el informe.
Relatorías, difusión radial y cócteles bajo la lupa
- Relatorías: en 9 proyectos, las charlas fueron dictadas por profesionales distintos a los postulados, sin autorización formal. Las facturas, por $4.129.275, no detallaban horas ni precio unitario.
- Difusión radial: 23 rendiciones respaldaron servicios de difusión con facturas de empresas de Fagalde por $19.947.994**. La radio El Conquistador cobraba entre **$50.000 y $200.000**, pero las empresas facturaban entre **$405.000 y $1.200.000**. En el proyecto PS1163, la radio cobró **$50.000 y se facturó $418.994, una ganancia estimada de 738%. Además, cotización, factura y certificado radial no coincidían.
- Cócteles: 13 proyectos pagaron a Gestiones y Logísticas SpA por coffee break, por $9.600.000**. Las fotografías mostraban cantidad y calidad muy inferiores a lo pactado. En **PS2807 y PS3125** se usaron **las mismas imágenes** y se pagaron **$700.000 cada uno por un solo servicio aparente.
Reparo por gastos no acreditados
El proyecto “Infancia protegida: Avanzando Juntos para el Desarrollo Biopsicosocial de Niños en Educación Preescolar”, ejecutado por el Centro de Padres del Jardín y Sala Cuna Retoños de Lingue, derivó en un reparo de $10.843.572. No se acreditaron atenciones de profesionales, informes, recepción de materiales ni un servicio de amplificación y registro fotográfico pagado a una empresa de Fagalde.
Plazos vencidos y rendiciones pendientes
Seis proyectos se ejecutaron fuera del plazo convenido, sin ampliación formal. Pero el dato más grave es que 94 proyectos —36 sociales y 58 de seguridad ciudadana— por $1.273.203.464 aún no tenían rendición finalizada a la fecha de la fiscalización. Muchas garantías ya estaban vencidas, lo que impediría recuperar los recursos.
Al 21 de septiembre de 2026, 70 rendiciones estaban observadas, 22 en revisión y 1 en gestión jurídica.
Sumario lento y acciones ordenadas
El GORE inició un sumario administrativo en octubre de 2025 por el Fondo Vida en Comunidad, pero a agosto de 2026 seguía en etapa indagatoria, con término estimado no antes del 31 de diciembre de 2026. La Contraloría ordenó:
- Reparo por $10.843.572.
- Instruir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.
- Remitir antecedentes al Ministerio Público por cámaras, sobreprecios, relatorías, difusión, cócteles y gastos no acreditados.
- Iniciar la restitución de montos objetados en los proyectos “Vecinos con seguridad” y “Comité vigilado”.
- Exigir al GORE mecanismos de detección de intermediarios, control de rendiciones, supervisiones efectivas y precios de mercado.
El informe final N° 589 mantiene las observaciones pese a los descargos del Gobierno Regional. El caso Fagalde, iniciado con la investigación de El Ciudadano, queda ahora en manos del Ministerio Público y de un sumario que aún no concluye.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
Obtén tu Pasaporte y apoya a El Ciudadano
Elimina la publicidad, accede a contenido exclusivo y sé parte de la comunidad.
Cancela en cualquier momento · Sin permanencia
