La maquinaria delictual de Fuente-Alba: El prontuario de un soldado corrupto

Juan Miguel Fuente-Alba Poblete fue comandante en jefe del Ejército de Chile entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014. Actualmente arriesga hasta 15 años de prisión, puesto que es procesado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito durante su generalato, tras ser parte en una arista del “Milicogate”. En la formalización de junio de 2019, el fiscal José Morales precisó que durante el período en que estuvo al mando de la institución, realizó gastos por más de $7.324 millones y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los $2.980 millones al año 2014.

También saltó a la palestra el nombre de la cónyuge del general en retiro, Anita Pinochet, imputada en la causa, y quien asoma como factor clave del esquema de blanqueo de dinero. Otro dato fue la relación del exjefe castrense con Ditec, empresa a la que adquirió autos de lujo, otra de las “dinámicas” de lavado de dinero empleadas por el exmilitar, según la Fiscalía. Por esta razón en noviembre del 2020 el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella a su esposa, conocida como la “Lucía chica”.

Según relata el CDE, “de acuerdo con los antecedentes presentes en la indagación penal, consta indubitadamente que la imputada, junto con su cónyuge, habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”. Además, relata que realizó diversas operaciones -materiales, financieras y jurídicas-, con el objetivo de “disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”.

He aquí las tropelías cometidas por este corrupto excomandante en jefe del Ejército…

Membrillogate

En junio de 2007, en su calidad de juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago —por ser comandante en Jefe de la II División de Ejército—falló sobre la causa N° 975-87 sobre falsificación de documentos militares realizado por efectivos del Ejército, que emitieron boletas falsas a productores de manteca, carne, garbanzos, frijoles y membrillos, por lo cual el caso fue denominado «Membrillogate», con el objeto de obtener ingresos a costa del erario fiscal. Fuente-Alba dictó una polémica sentencia, condenando a presidio menor en su grado mínimo a los involucrados, lo cual ha sido criticado por considerarse una pena leve para el tipo de delito cometido.

Milicogate

Es el fraude más grande conocido hasta hoy que ha cometido el Ejército, donde se desviaron fondos, a marzo de 2019, de $6.100 millones de la Ley Reservada del Cobre con otros fines. Fue dado a conocer en una serie de reportajes por el periodista Mauricio Weibel el año 2015.

Los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados con las finanzas del Ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del Ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto. El encargado de extraer los fondos era Cruz, que trabajaba en la contabilidad del Ejército, mientras Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos.

En marzo de 2014, mientras revisaba unas facturas, el Tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, detecta irregularidades y se da cuenta de que la firma y el puesto de uno de los oficiales que firmaba no correspondían. Al tomar contacto con uno de ellos, pudo comprobar que estaba frente a un fraude, informando de ello de forma inmediata. Al exigir explicaciones al coronel Montero, este se desliga del hecho, inculpando de todo al cabo Cruz.

El caso es investigado por la abogada Paola Jofré, de la VI Fiscalía Militar. En los llamados a declarar de los imputados, ninguno reconoce estar completamente involucrado en la malversación de fondos. Mientras se revisaban más facturas, otras en situación irregular aparecían, pasando de unas decenas de millones de pesos al nivel de miles de millones de pesos, los cuales en palabras del coronel Montero: “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”. Entre los gastos más sonados, está el gasto de más de $2.000 millones en casinos. El nivel y alcance de las acusaciones llegaron a provocar la entrada de la justicia ordinaria con una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los responsables civiles.

En 2016, el general en retiro Héctor Ureta junto con el por entonces diputado Jaime Pilowsky denunciaron un supuesto borrado de datos desde los servidores del Comando de Ayuda de la Fuerza, sospechando de una red más amplia de implicados. El diputado hizo hincapié en el nulo control de los asuntos militares por parte del poder político.

En abril de 2016, el ministro en visita Omar Astudillo citó al excomandante en jefe, general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba debido a que poseía más de 1000 millones de pesos en bienes, los cuales presuntamente no tienen justificación. Se presentaron pruebas como traspaso de automóviles de lujo, traspaso de bienes raíces y sociedades entre la familia del general. Debido a los costos de sus inversiones y compras comparadas con su sueldo de unos cuatro millones, se inició una causa por incremento patrimonial injustificado.

En mayo de 2016 el proveedor del Ejército Patricio Reyes presentó una querella en contra de Virgilio Cartoni por irregularidades en la compra de uniformes militares, en cuya licitación no se pagaron impuestos por más de 1000 millones de pesos y hubo un sobreprecio de alrededor de 302 millones de pesos. Las compras realizadas por Cartoni (Comercializadora, Exportadora e Importador CyM S.A.) se realizaron por una empresa externa (Servicios de Abastecimiento y Mantención Limitada) de propiedad del empresario iquiqueño Jorge Neira Hernández. Además, se presentó otra querella en contra del general (r) Antonio Cordero por autorizar la licitación. Sin embargo, esta acusación de parte del proveedor Reyes se consideró que carecía de sustento, por cuanto el sistema de adquisiciones del Ejército para los montos involucrados exige la aprobación a través del Comité Permanente de Adquisiciones, con una resolución del propio Comandante en Jefe.

En agosto de 2016, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados (responsable de indagar las responsabilidades administrativas en el fraude), publicó en su página los resultados de la investigación. Entre las conclusiones, se destacan la falta de fiscalización de Contraloría General de la República, poco control legislativo por parte del Ministerio de Defensa y la responsabilidad del excomandante en jefe Fuente-Alba en el monitoreo de gastos. Además responsabilizó a los generales que ejercieron el mando de la Contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza, calificándolos de negligentes. La principal recomendación hecha fue la derogación de la Ley Reservada del Cobre.

Dos años más tarde, el 5 de octubre de 2018, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, zanjó la decisión de la persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, de no perseverar en la investigación por delitos tributarios que se seguía en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, lo que dejó sin sustento la acusación del proveedor Reyes.

Lavandería

En agosto de 2016 CIPER informó que el general Juan Miguel Fuente-Alba compró en 22,8 millones de pesos su primer vehículo Audi, en Klassik Car. Para la transacción el militar entregó otro Audi en parte de pago, tasado en $18 millones y propiedad de Germán Korff Pfeiffer, dueño de una lavandería que funcionaba hace más de veinte años en la Escuela Militar. En la última década Korff facturó cerca de $2.260 millones al Ejército. A mediados de 1990, la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropa. Fue entonces cuando la sociedad de Korff ganó la licitación para proveer ese servicio a los militares.

Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que participó junto a otros en la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el Ejército en 1998, y que fue acusado de intentar extorsionar al exministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. La lavandería de Korff también ha obtenido licitaciones del Comando de Bienestar del ejército (COB) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén y al Centro Recreacional Farellones.

Matrimonio

En agosto de 2016 se reveló una lujosa fiesta de matrimonio de uno de los hijos del general Fuente-Alba efectuada en el Museo Histórico Militar con los servicios del banquetero Paulo Russo, señalado entre los más caros de la plaza. La fiesta fue investigada por la Fiscalía Centro Norte, como parte una indagatoria de oficio por denuncias que apuntan al millonario patrimonio del general en retiro. El fiscal José Morales tomó declaraciones a Fuente-Alba y a su cónyuge en varias ocasiones. El matrimonio indagado se celebró el 31 de agosto de 2013 y asistieron unas 700 personas y costó cerca de $30 millones.

Actualmente, el juicio oral en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su mujer, Anita Pinochet, por lavado de activos finalmente se acerca a su fin. Desde sus inicios el 22 de junio de 2023, la Fiscalía ha presentado diversos antecedentes que buscan convencer al Tribunal de que la pareja incurrió en el delito de malversación de caudales públicos en reiteradas ocasiones, entre los años 2010 y 2016.

El maletín con más de $150 millones

Según la Fiscalía, durante su período como comandante en jefe del Ejército (2010-2014), Fuente-Alba habría utilizado fondos públicos para financiar un estilo de vida ostentoso, que incluía costosos viajes, compras lujosas y enriquecimiento personal. El monto malversado superaría los $2.900 millones. Entre las pruebas presentadas en el juicio se encuentran testimonios de exoficiales del Ejército y registros financieros que contradicen la versión de Fuentealba, que mantiene su inocencia.

Pero no todo eran gastos en lujosos hoteles. El coronel retirado Sergio Vásquez Undurraga, exjefe de finanzas del Ejército, señaló a Mega Investiga que antes de su retiro, Fuente-Alba le pidió que retirara el saldo que había en ese momento en la caja fuerte de dinero en efectivo de gasto reservado y se lo guardara en un maletín. El bolso contenía una cantidad aproximada entre 150 y 160 millones de pesos. Un par de días después del cambio de mando institucional, el excomandante llamó a Vásquez para que llevara el bolso a su domicilio particular en Chicureo.

Como parte de la acusación, la Fiscalía reveló que en 2014, el exgeneral y su mujer realizaron un costoso viaje a un resort en Punta Cana para celebrar la llegada del Año Nuevo. El costo de la estadía fue de más de US$33.510, equivalentes a más de $31 millones hoy en día. Además del general y su esposa, también disfrutaron del viaje uno de sus hijos y otros oficiales militares. El viaje en cuestión fue pagado por el Estado, bajo el pretexto de un viaje diplomático a Haití para visitar a las tropas chilenas en ese país. Sin embargo, en lugar de cumplir con esa misión, el general y su cónyuge optaron por viajar a Miami y luego a Haití solo por una tarde, para luego pasar el Año Nuevo en República Dominicana en un lujoso hotel.

La Fiscalía sostiene que el dinero utilizado durante este período se introdujo en cuentas bancarias personales y se utilizó para comprar vehículos de lujo, pagar bienes inmuebles y renovar el jardín de su casa. Se espera que el tribunal emita un veredicto que podría resultar en penas de hasta 15 años de prisión para Fuentealba y 10 años para su esposa.

Finalmente, solo queda esperar que la sanción en contra de Fuente-Alba y su cónyuge esté a la altura de la severidad que corresponde ante quienes vilmente se sirvieron de un puesto de poder e influencia para robar al Estado de Chile.

Por Jorge Molina Araneda

Sigue leyendo: