Las mujeres de acero en Hungría tras la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH): las juristas para perseguir la red Orbán

Cuando las luces del Parlamento húngaro se apagaron un viernes por la tarde, una decisión trascendental había quedado sellada. Las mujeres de acero en Hungría tras la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) son la politóloga Anna Róza Unger y la fiscal Katalin Tasnády, quienes fueron elegidas para liderar la recién creada Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), el instrumento con el que el primer ministro Péter Magyar pretende desmantelar el sistema de poder construido por Viktor Orbán durante dieciséis años.

Unger fue investida presidenta con 137 votos a favor, siete en contra y una abstención. Tasnády obtuvo 139 votos favorables como vicepresidenta responsable de investigaciones. Ambas asumieron sus cargos el 1 de septiembre de 2026, con un mandato de seis años no renovable.

Recordemos que José Antonio Kast quedó estrechamente vinculado a la Political Network for Values (PNfV), una red internacional de dirigentes conservadores centrada en la defensa de la vida, la familia y las llamadas libertades fundamentales. Kast integró la organización desde 2015, pasó a su consejo asesor en 2019 y fue nombrado presidente en marzo de 2022, sucediendo a Katalin Novák, entonces figura central del gobierno de Viktor Orbán.

Por Equipo El Ciudadano

La estratega y la ejecutora

La división de funciones entre ambas es nítida. Unger, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Eötvös Loránd y especialista en sistemas autoritarios y «Estados capturados», aporta el marco intelectual. En su comparecencia parlamentaria dejó claro que la oficina no debe limitarse a casos individuales, sino examinar los mecanismos políticos e institucionales que permitieron el presunto saqueo de recursos públicos.

Tasnády, en cambio, es la operaria. Con veinte años en el ámbito del derecho penal —dieciséis de ellos en organismos de investigación y acusación—, ha recorrido toda la escala profesional: desde la comisaría de distrito de Buda hasta la Fiscalía Central de Investigación. Quienes han trabajado con ella la describen como una fiscal «extremadamente comprometida, con gran capacidad de trabajo y meticulosa», pero también cercana y accesible. «Es la fiscal que siempre coge el teléfono», señalan fuentes judiciales citadas por Népszava.

El propio primer ministro Magyar lo expresó sin ambages en Facebook: Tasnády es «probablemente la líder más importante de la oficina». Unger ha confirmado que será Tasnády quien decida con qué caso arranca la primera investigación, prevista para finales de septiembre.

Composición y estructura

La NVVH está dirigida por un presidente y cuatro vicepresidentes, que en conjunto forman el órgano de decisión supremo. Los cuatro puestos de vicepresidente están especializados por áreas:

• Vicepresidente de investigación: ya ocupado por Katalin Tasnády, responsable de las pesquisas concretas.
• Vicepresidente de acusación: vacante. Requiere estatus de fiscal en servicio activo.
• Vicepresidente de apelaciones: vacante. También exige ser fiscal en activo.
• Vicepresidente de finanzas públicas: vacante. El candidato debe acreditar al menos quince años de experiencia en la autoridad tributaria o aduanera.

De estos cuatro, tres permanecían sin cubrir al inicio de las funciones. La candidatura para finanzas públicas fue declarada inválida, y las de acusación y apelaciones quedaron desiertas por falta de aspirantes que cumplieran los requisitos legales. La comisión parlamentaria de Justicia acordó el 9 de septiembre reabrir el proceso de selección, con solo dos ajustes técnicos de redacción.

Unger ha fijado el objetivo de contar con aproximadamente 150 empleados en la plantilla inicial, de los cuales la mitad se dedicaría directamente a labores de investigación. La estrategia de reclutamiento no pasa por contrataciones masivas desde el exterior, sino por traslados, adscripciones y comisiones de servicio de profesionales ya formados en otras instituciones: policías, inspectores de la autoridad tributaria (NAV) y fiscales.

Pero esta estrategia choca con la realidad. El plan de plantilla de la NVVH ronda los 200 empleados, una cifra que expertos en investigación de delitos económicos consideran «muy exigua». Se estima que solo el número de fiscales de investigación con experiencia adecuada debería situarse entre 50 y 80.

Funciones y competencias

La NVVH tiene un doble papel: organismo de investigación financiera y acusador público con plenas facultades.

Investigación patrimonial

La NVVH puede iniciar una «investigación de protección del patrimonio público» sin necesidad de que exista sospecha de delito. Su ámbito de actuación abarca la gestión presupuestaria central y municipal, la utilización de créditos y subvenciones (incluidos fondos de la UE), las transferencias gratuitas de activos, la gestión de bienes estatales y municipales, y la actividad patrimonial de entidades de propiedad pública.

Si una empresa y sus vinculadas han obtenido en los cinco ejercicios anteriores ingresos procedentes de contratación pública, concesiones, licitaciones estatales, subvenciones, fondos nacionales o de la UE, o préstamos con garantía estatal que en conjunto alcanzan el 75% o más de sus ingresos totales, la NVVH debe iniciar una investigación. Esto significa que sectores dependientes de fondos públicos —especialmente defensa e ingeniería civil— verán reforzado significativamente su escrutinio.

La NVVH dispone de amplio acceso a datos: registro inmobiliario, sistemas digitales del Estado, información fiscal, aduanera y sanitaria. Los organismos públicos están obligados a transferir datos a la NVVH. Si alguien obstruye una investigación, la oficina puede imponer multas de hasta 50 millones de forintos a personas físicas y de hasta 5.000 millones a personas jurídicas.

Competencia penal

La facultad más controvertida de la NVVH es su capacidad para asumir casos y ejercer como acusador público. Puede retirar un caso a la Fiscalía, continuar la investigación por cuenta propia y presentar la acusación ante los tribunales.

En los casos que asume, la NVVH puede realizar actos de investigación preparatoria y emplear medios encubiertos, supervisar la legalidad de la investigación y dirigir la instrucción, ordenar a la policía la ejecución de actos procesales, y actuar como acusador público sustituyendo a la Fiscalía. La ley establece que no cabe recurso contra las decisiones de la NVVH en materia de asunción de competencias, y la Fiscalía queda automáticamente excluida del caso.

Medidas cautelares

Incluso antes de que se dicte una orden de congelación penal, la NVVH puede someter a una empresa a supervisión de protección del patrimonio público. El supervisor designado puede controlar las operaciones de la empresa, cofirmar sus compromisos patrimoniales e invalidar automáticamente aquellos que carezcan de su firma.

Presupuesto y retribuciones

La NVVH cuenta con un capítulo presupuestario propio y solo rinde cuentas ante el Parlamento. Ha recibido 2.480 millones de forintos como fondos de arranque, transferidos desde el remanente del presupuesto central. De ellos, 1.049 millones se destinan a inversiones, 791,9 millones a retribuciones de personal y 537,9 millones a gastos operativos. El uso de los fondos debe justificarse partida por partida, y lo no gastado debe devolverse.

Las retribuciones son elevadas: Unger percibe 5.017.810 forintos brutos mensuales (unos 13.000 euros), y cada vicepresidente cerca de 3,94 millones. Solo el equipo directivo cuesta al erario unos 249,5 millones de forintos al año, a lo que se suma la nómina de los 150 empleados.

Contexto: la magnitud de la corrupción sistémica

La creación de la NVVH responde a una promesa central de la campaña de Magyar. El gobierno declaró al presentar el proyecto de ley que, incluso en las estimaciones más conservadoras, 30 billones de forintos (unos 75.000 millones de euros) habrían migrado del erario público a manos privadas en dos décadas. Hungría ha sido señalada repetidamente como el país más corrupto de la Unión Europea por Transparencia Internacional, y Bruselas mantiene congelados miles de millones en fondos comunitarios precisamente por las deficiencias en la lucha contra la corrupción.

Escepticismo y resistencias

No todos celebran. Fidesz y KDNP votaron contra la ley de creación y se ausentaron del proceso de selección, calificando el nuevo organismo de «ÁVH redivivo» —en referencia a la temida policía secreta del régimen comunista—. Durante el debate parlamentario, el diputado opositor Latortzai Csaba llegó a afirmar que las competencias de la NVVH «ni siquiera el ÁVH las tenía».

Las encuestas tampoco son alentadoras. Un sondeo de Europion reveló que el 57% de los húngaros no se siente suficientemente informado para juzgar a Unger; entre quienes ya han formado opinión, la proporción es de aproximadamente dos a uno en contra. Incluso entre los votantes de Tisza, el partido de Magyar, el rechazo supera ligeramente al apoyo.

El proceso de selección también ha sido cuestionado. El exdiputado independiente Ákos Hadházy obtuvo la lista completa de los 96 aspirantes y sus currículos, y sostiene que, según criterios objetivos de puntuación, Unger «no habría entrado ni entre los sesenta primeros». Acusa a la comisión de Justicia de «no haber examinado en serio la mayoría de las solicitudes». El presidente de la comisión, Hantosi István, ha reconocido que en el proceso no se aplicó un sistema objetivo de puntuación, sino que los comisionados decidieron por evaluación subjetiva —de 1 a 3 puntos— quiénes pasaban a la entrevista. Dentro del propio Tisza hay voces discordantes: el diputado Melléthei Barna Márton considera que el puesto debería haber recaído en un fiscal experimentado, no en una politóloga.

Unger ha intentado gestionar expectativas: «Sé que todo el mundo espera el clic de las esposas, pero primero hay que crear la NVVH». Ha advertido además que sería «irrealista» esperar sentencias firmes en todos los grandes casos de corrupción dentro de su mandato de seis años.

La sede definitiva de la oficina estará en la calle Markó, en el edificio que actualmente ocupa la Kúria (Tribunal Supremo), junto a la Fiscalía General. Pero el traslado no llegará hasta 2027. Hasta entonces, la NVVH opera en oficinas provisionales, sin cuenta bancaria ni número estadístico propio.

El Ciudadano