Los millones de Cathy Barriga: El documento que confirmaría el fraude al Fisco en la Municipalidad de Maipú

Durante los últimos días, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, será formalizada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, debido a que se estableció que el monto defraudado es de $31.000 millones. Por lo que, la exjefa comunal enfrentará a la justicia el próximo 19 de enero de 2024, en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Incluso, la fiscal Lorena Parra afirmó que «son delitos muy graves, y en este caso son reiterados. El periodo de ellas fue durante varios años, por lo tanto, estamos hablando de una pena de crímenes». Lo anterior, puesto que, los hechos ocurrieron durante la gestión de Barriga en la Municipalidad de Maipú, entre los años 2016 y 2021.

No obstante, el 22 de agosto de 2022, la Contraloría General de la República publicó el «Informe Final de la Municipalidad de Maipú» -y al que este medio tuvo acceso-, el que se realizó respecto a la auditoría sobre la situación presupuestaria en el municipio, y para verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de formulación, ejecución y control presupuestario, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021 -administración de Cathy Barriga-. Además, de determinar si la entidad edilicia tuvo superávit o déficit de caja en igual período.

En dicho documento se reveló que el 20 de diciembre de 2019, se aprobó el presupuesto anual para el año 2020 por $129.288.896.732, respecto del cual se determinó la sobreestimación de los ingresos por la suma de $5.516.005.592, de lo cual no hubo justificación. En cuanto a los gastos, se establecieron disminuciones del ítem personal por $5.490.693.795, inversión de SMAPA de $19.445.437.357 a $6.000.000.000; y a diversas previsiones por contratos vigentes o gastos de suministros calificados como esenciales, por $8.177.824.816.

«Se verificó que el presupuesto final ajustado al 31 de diciembre de 2020, se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684, y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891, quedando un saldo por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial, toda vez que representa, eventualmente, ingresos que no serán efectivos, resultado que, además, incide en el saldo por percibir determinado en la ejecución presupuestaria (…) Se comprobó que, al 30 de diciembre de 2020, el Balance de Ejecución Presupuestaria registró un saldo por percibir de $31.643.677.793, cifra superior al monto efectivamente recaudado durante el año 2021, ascendente a $2.165.164.432, según lo consignado en el reporte Estado Presupuestario de Ingresos, al 31 de diciembre de esa última anualidad, lo que generó una distorsión entre la información presupuestaria y la contabilidad patrimonial», se lee en los resultados de dicho informe.

También se determinó déficits presupuestarios de $29.399.429.554 y $3.753.362.674 (diciembre 2020 y junio de 2021), déficits de caja por $30.424.485.572 y $30.622.935.635, sin que se hubiesen introducido las correcciones necesarias al presupuesto, lo que no se ajusta al principio de legalidad del gasto. Además, se advirtió de que la cuenta bancaria de «Ingresos por Percibir, consignada en el Balance de Comprobación y de Saldos al 30 de junio de 2021, difiere en $28.363.735.265, de lo presentado en las bases de datos de morosos».

Sin embargo, en este Informe Final la entidad fiscalizadora enfatizó en los $31.643.677.793 -cifra superior al monto efectivamente recaudado durante el 2021-, resultante de la diferencia entre el total devengado y los ingresos efectivamente recepcionados.

Finalmente respecto a los hallazgos de esta auditoría, Contraloría envió este informe al Ministerio Público para su conocimiento y los fines que correspondan.