¡Propiedad privada o nada!: Fiscalía pide 6 años de cárcel a activistas comunitarios de San Antonio por ingresar a propiedad abandonada

Tras ser detenidos se les imputó una tentativa de robo en lugar habitado, por ese inmueble que ni siquiera contaba con una puerta de entrada completa o una cama para dormir. Hoy, la Fiscalía de San Antonio pide 6 años de cárcel para los activistas, lo que se compara a una condena por el delito de homicidio frustrado simple. No intentaron matar a nadie, en cambio, buscaban levantar un espacio para operativos de salud comunitaria y talleres de oficios. El fiscal del caso no quiso hablar con este medio.

Caso San Antonio

Era 26 de agosto de 2020, Chile llevaba poco más de tres meses desde que se había decretado la primera cuarentena. Las ollas comunes proliferaban y el mal manejo gubernamental de la pandemia había mostrado ya varias de sus nefastas consecuencias. 

Cuando la crisis sanitaria y la cesantía golpeaba más fuerte que nunca a las familias del país, la resistencia territorial y la activación comunitaria se volvían un pilar para resistir la escasez, de todo tipo, en muchos lugares de Chile. 

Ese día, en la provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso, en un sector ubicado entre San Antonio y Cartagena, se había realizado una jornada de desparasitación comunitaria de animales y prevención de incendios. La actividad había sido planeada para la comunidad del lugar, y entre algunos de sus organizadores se encontraban Hans Magaña Rice (34), María Fernanda García Rojas (27) y a quien conoceremos como Isabel González (33) (nombre ficticio para proteger a la involucrada de eventuales represalias laborales): los protagonistas de esta historia.

Hans es médico de profesión, con especialidad en medicina familiar y preventiva, se ha dedicado al trabajo comunitario en Salud participando, por ejemplo, del Programa de Reparación de Víctimas de Violencia Política. Fernanda, por su parte, es electricista y activa espacios comunitarios para la autoformación. Isabel es guardaparques, y al igual que Hans y Fernanda ha dedicado buena parte de su tiempo al trabajo comunitario. Él y ellas comparten la vocación por levantar espacios para la comunidad y trabajar junto a ella, porque como dice Fernanda “es la forma que tenemos de ayudarnos y autoeducarnos para la vida”.

Desde sus respectivas áreas han apoyado a niñas, niños, adolescentes, personas sin hogar, vecinas y vecinos estableciendo centros de ayuda social en lugares desusados por la sociedad. Estos espacios se han ocupado para desarrollar controles médicos gratuitos, jornadas de aprendizaje, talleres deportivos, asesoramiento jurídico, intervención y recuperación de espacios públicos y comunitarios y mucho más.

Al día de hoy, ya cuentan con dos centros en la comuna de San Antonio: “La Tijereta”, levantado en 2011 y “Caupolicán” en 2016. Este último sirvió inclusive como casa de acogida para niños y niñas foco del programa DAM (Diagnóstico Ambulatorio) de San Antonio. El programa, responsable del Servicio Nacional del Menor (Sename), realiza evaluaciones de diferente tipo, a niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido algún nivel de daño, victimización o sean infractores de la ley. 

La Tijereta y Caupolicán han brindado alojamiento a personas sin hogar y allí se han hecho cargo de las necesidades académicas e incluso emocionales de niños y niñas de la comunidad durante algunos de los meses más duros de la Revuelta Social y la pandemia. Los centros siguen abiertos hasta hoy como lugar de encuentro, actividades y desarrollo para vecinas y vecinos de San Antonio. 

“Nosotros somos una ciudad puerto, que está sumida en el supuesto progreso. Es una zona de sacrificio donde lo poco y nada que queda lo vemos morir. Ante todas estas coyunturas se abren estos espacios para desarrollar el pensamiento crítico y compartir conocimientos, habilidades, para apoyarnos unos a otros”, comparte Fernanda en conversación con este medio.

Frontis del inmueble

El caso

A la orilla del camino que une Cartagena y San Antonio, en el sector de Pelancura, hay una casa en evidente estado de abandono. Tanto hoy como ese 26 de agosto de 2020, e incluso mucho antes de eso. Hans, Fernanda e Isabel en reiteradas ocasiones tuvieron que transitar el camino desde el que se puede observar la casa, ya que es el único disponible para cruzar desde San Antonio a Cartagena y viceversa.

El lugar era ideal. Grande, con jardín para plantar alimentos y una casa que se veía sólida y sin mayores problemas de estructura. Además, estaba ubicada entre las tres tomas en que los activistas solían ayudar y generar actividades y operatorios con los vecinos, era un punto de encuentro y articulación preciso. Vecinos y vecinas de una de estas tres tomas, el campamento Vista Hermosa, lo corroboraron: la casa que se ubicaba unos 200 metros bajo el campamento no presentaba movimiento, no se había visto a nadie habitar el espacio. 

Fue con esta información, y tras terminar la actividad de desparasitación de animales, que los tres emprendieron rumbo a la propiedad ubicada en la calle Antonio Núñez de Fonseca. La misión era investigar el sitio, que quedaba de paso en sus rutas de vuelta a casa, y así analizar la opción de levantar un espacio para el desarrollo de controles de salud, actividades culturales y de educación para las comunidades colindantes.

“Queríamos ocupar el espacio para hacer principalmente un centro de salud (Hans en médico), como lo que estábamos haciendo en la toma de Vista Hermosa. Había mucha gente que lo necesitaba, para control o tratamiento, en mitad de una pandemia que restringía mucho el tránsito. Necesitábamos salir de Vista Hermosa y abrirnos para que más gente pudiera llegar de manera oportuna a esto. De ahí la idea de ocupar este lugar más público y transitable. Por mi parte me hubiese gustado también levantar talleres de autoformación en electricidad, oficios, etc, habían muchas cosas que se podían hacer”, señala Fernanda.

El plan era simple: entrar, buscar algún documento o indicio del último dueño de la propiedad, observar el estado de la casa y salir. Esa jornada sería solo de reconocimiento, o por lo menos así eran las intenciones de los jóvenes. 

Llegaron al lugar y empezaron a notar los primeros indicios de abandono. El pasto del jardín estaba muy largo y sin marcas de tránsito, las rejas perimetrales estaban rotas y oxidadas, la puerta de entrada de la casa estaba incompleta, con una tabla sobrepuesta en la parte baja, lugar por donde pudieron entrar para confirmar que la casa funcionaba como bodega: varias cajas desperdigadas en el interior y la ausencia completa de muebles y artefactos para habitar el espacio. No habían camas, sillones, lavaplatos o refrigerador, Fernanda señaló recordar únicamente una cocina a leña, que parecía no haberse usado en la vida.

El lugar estaba a oscuras, y la entrada fue rápida y limpia. Encontraron con facilidad un papel de Servicios de Impuestos Internos con un nombre. Eso les permitiría partir su investigación para dar con el dueño e intentar un diálogo y acuerdo. Al encontrar este papel salieron de inmediato, cuando ya estaban en el jardín y a punto de irse llegaron al lugar carabineros vestidos de civil para detenerlos.

“Nosotras que con la Isabel estábamos detrás de los arbustos y salimos de inmediato, porque pensamos que eran los dueños, salimos para decir “tranquilos, no estamos haciendo nada malo” y para explicar. Ahí empezó el trato violento enseguida, los pacos gritando “¡tírense al suelo!” y apuntándonos con pistola, no se identificaron en ningún momento. No recuerdo el detalle segundo a segundo porque la situación fue super chocante, pero recuerdo que agarraron al Hans, y nosotras empezamos a forcejear y gritar que lo soltaran. Eran dos pacos y nosotros tres pero ellos tenían pistolas y no dejaron nunca de apuntarnos. Me dio miedo el poder que tenían con esas armas, y la posible estupidez que los podía hacer dispararlas”, cuenta Fernanda, quien entonces tenía un embarazo de tres meses. “No les importa nada, no preguntan, imagínate hubiese habido una persona con crisis de pánico o problemas cardíacos, la gente puede morir por ese tipo de impactos, encañonados”, señala.

Uno de los carabineros llamó refuerzos, y en nada, una horda de oficiales llegaron al recinto. Tras ser detenidos se les imputó una tentativa de robo en lugar habitado, por esa casa que ni siquiera contaba con una puerta de entrada completa o una cama para dormir. Hoy, la Fiscalía de San Antonio pide 6 años para los activistas, comparable a una condena por el delito de homicidio frustrado simple o malversación de caudales públicos.

La carpeta investigativa del caso levantada por la sección de Investigación Policial de la 1ra Comisaría de San Antonio, a la cual El Ciudadano tuvo acceso, señala que hubo una testigo presencial del hecho, una vecina. «Se concurrió hasta la testigo presencial del hecho (…), la que manifestó que a las 18.25 horas aproximadamente, se encontraba al interior de su domicilio y por una de las ventanas observó a tres sujetos (…), los que por un costado de su reja procedieron a escalar el cierre perimetral de su vecino y se trasladaron hasta una de las puertas para darle golpes y entraron a la casa sacando cajas por lo que decidió llamar a Carabineros», señala la carpeta.

Fernanda desmiente el supuesto testimonio de la vecina, en lo que respecta al intento de sustracción de cajas. Asegura que no sacaron ninguna caja, que lo único que buscaban era el nombre del dueño de la propiedad, y que esa caja se encontraba ya fuera de la casa en la puerta de entrada cuando llegaron. Por lo demás, las supuestas especies que Carabineros afirma que los activistas querían sustraer, que se supone estaban dentro de la caja, no eran más que pilas, un par de teteras y artefactos electrónicos en desuso que muy probablemente estaban averiados, ya que de estar en buena condición cuesta creer que hubiesen sido puestos en la intemperie a merced del polvo y la humedad.

Las cosas que contenía la supuesta caja sustraída. (Carpeta de investigación)

El entonces dueño del inmueble, quien se apersonó a la unidad de Barrancas tras el llamado de otro vecino al ver el despliegue de Carabineros en su propiedad, avaluó todo en $300.000. Y pese al evidente descuido y olvido en el que se encontraba el inmueble, su entonces propietario señaló que «mi casa está equipada con todo lo necesario para habitarla (…) Los sujetos me da la idea que pueden ser de un sector de tomas que hay cercano a mi casa, por eso es que tengo temor que nuevamente intenten ingresar, ya que vieron que en mi casa hay de todo». Esto pese a que las imágenes de la carpeta investigativa muestran un espacio más similar a una bodega que a una casa.

Carpeta investigativa
interior del inmueble, carpeta investigativa.

Curiosamente, el inmueble no se mantuvo mucho tiempo en manos del entonces propietario. Según las averiguaciones en terreno que hizo la defensa de los acusados durante abril de este año, y tras conversar con una mujer que regaba el patio de la propiedad en cuestión, esta les comentó que su hermano era el encargado de cuidar la casa para el banco, ya que esta había sido embargada de su antiguo dueño.

Volviendo a las acusaciones de robo, Fernanda razona todas las fallas que se mecen sobre esta acusación. «Como a 200 metros de la casa estaba la Aduana Sanitaria, por donde teníamos que pasar obligadamente, a pie, porque no andábamos en auto. Allí se ponen a controlar los pacos y milicos. Entonces es super irrisorio como nos acusan de querer haber robado una caja llena de cachureos, donde además tendríamos que haber pasado con esa caja en brazos por ese paso de control lleno de pacos, es estúpido«, señala.

La defensa de el y las acusadas encontró además otra falla en el supuesto testimonio de la vecina, ya que desde su casa, aseguran, no se ve el frontis de la casa abandonada desde donde supuestamente se estaban sacando cajas. «Es imposible que haya visto algo desde allí», señala en conversación con este medio Jonathan Ramírez, abogado que defiende a los 3 imputados. La aseveración se basa en la distancia y posición en la que se encuentran una casa respecto a la otra, según lo constatado en terreno.

Para demostrar el evidente estado de abandono del inmueble, la defensa además cotejó los servicios de agua y luz de la propiedad, corroborando la información que se comentaba en los campamentos: la casa no había estado habitada. Cuatro años es el tiempo durante el que no se consumió agua ni luz en el inmueble. Así lo demuestran las boletas de Chilquinta y Esval, que no registraron actividad durante ese periodo, nada de consumo, solo cargos fijos de los servicios.

«No hay violación de morada cuando entras a un lugar que no está habitado. Eso no existe, no es delito. Lo que podría haber son actos preparatorios de una usurpación, esa podría ser la figura. Y esos son temas que se discuten en causas civiles no penales (…) Sería un acto preparatorio porque los chicos fueron a revisar el espacio, no iban con planes de ocupación inmediata, fueron a ver el lugar, el estado de las boletas, en el fondo indicios que corroboraran el abandono efectivo de la propiedad, para luego resolver qué hacer allí”, señala el abogado Ramírez.

«El fiscal nunca los escuchó»

Pese a toda esta evidencia, que en otras instancias hubiese sido más que suficiente para desestimar el caso y comprobar la falta de intención que había de cometer un robo en el supuesto “lugar habitado”, tal y como se les imputa, la defensa sostiene que uno de los principales problemas en esta investigación ha sido la actitud del fiscal que lleva el caso, Ramón Espinosa Sapag.

“Nosotros le tratamos de explicar un montón de veces, le pedimos como 4 reuniones para explicarle la situación. Él no aceptó ninguna y lo único que  ofreció fue que los chicos se declararan culpables por robo en lugar no habitado, era la opción que nos dio para no ir a juicio. Y ellos no aceptaron, porque no habían entrado a robar. El fiscal nunca los escuchó, nunca les aceptó una explicación«, señaló Ramírez.

Pareciera que para algunos fiscales la propiedad privada es sagrada y poco importa el concepto de «lugar habitado» o «no habitado». Aunque este se trate de un inmueble en claro deterioro y desocupación, mientras la comunidad carece de espacios para habitar, reunirse o acceder a consultas y operativos médicos, como planteaba el plan explicado por Fernanda.

Este medio intentó ponerse en contacto con el fiscal Ramón Espinosa, pero no obtuvo respuesta. Tras un mensaje visto y sin respuesta a través de mensajería instantánea y un intento de llamada, que fue cortada luego de escuchar el nombre de la periodista y del medio, se decidió no perseverar. 

«Tenemos que empezar a controlar el poder público, los fiscales son funcionarios públicos pagados con buenos sueldos, con nuestros impuestos. Pero pareciera que todavía hay algunos que no entienden que tienen que sujetarse a la constitución, a las leyes, y a la razonabilidad de sus decisiones. Ellos no pueden tomar decisiones porque sí, porque se les ocurre. Es incompatible con la democracia, todas las decisiones tienen que ser fundadas, los fundamentos de una decisión tienen que ser razonables», expresa firme Ramírez.

Repercusiones para los acusados

Ese 26 de agosto, Fernanda, Hans e Isabel entraron a la propiedad durante menos de una hora. No robaron nada ni pernoctaron en el espacio, pero las repercusiones de ese momento los acompañan hasta hoy. Una investigación abierta y una serie de injusticias y dificultades en las vidas de los acusados han marcado los últimos casi dos años.

Fernanda recuerda que al día siguiente del suceso, o a los pocos días quizás, ya había salido en un diario local (el Líder de San Antonio) un artículo sensacionalista al respecto: “Arrestan a embarazada por robo en una vivienda de Pelancura”. Nadie nunca le pidió su versión antes de publicar, menos se le preguntó si podían revelar su condición de embarazada, la mala práctica del diario perteneciente al grupo El Mercurio S.A, se hizo ver con todos sus colores. 

“Quienes nos conocen sabían cómo fueron las cosas, pero el resto no», comenta Fernanda, quien además denuncia que el caso le significó a algunos de ellos extorsiones laboral, sumarios y amenazas de exponer públicamente esta causa aún pendiente. 

Fue duro, el embarazo de Fernanda estuvo marcado desde los tres hasta los seis meses por visitas nocturnas constantes de Carabineros para comprobar que estaba en su domicilio y pedirle su firma como medida cautelar. “Llegaban con la baliza asustando a los vecinos”, cuenta la electricista, quien además tuvo que cargar con la discriminación y el maltrato de varios de los uniformados durante las visitas nocturnas.

«No tener una vivienda, acceso al agua, o cualquier otro tipo de carencia te hace unirte con la gente para generar redes de apoyo ante la vida, porque es difícil», explica Fernanda. “El sistema nos castiga antes de tener siquiera un juicio y eso está mal (…) Una se da cuenta lo inconsciente que es el sistema con estas cosas. Nosotras entramos a una casa abandonada, a observar, no andábamos encapuchados, no nos robamos nada, no destruimos nada, veníamos de una actividad en beneficio de la comunidad, y el Estado está gastando una cantidad irrisoria de recursos en un juicio estúpido que carece de víctimas y que se ha alargado casi por 2 años, no se entiende”, sentencia finalmente.

La fecha del juicio por fin está fijada y es esta semana. Tiene lugar en el Tribunal Oral de San Antonio y es el jueves 28 de abril a las 9:00 a.m. La defensa de Fernanda, Hans e Isabel es optimista, dice que tienen pruebas sólidas para demostrar que el cargo que se les imputa es falso. Por su parte, Fernanda no puede evitar sentirse nerviosa luego de estos casi dos años. Y es de entender, no son pocas la veces que la justicia chilena ha fallado contra quienes más necesitan su amparo. Pero como dice Fernanda, «por ahora solo queda esperar».


Comparte ✌️

Comenta 💬