¿Qué tiene que ver Iván Duque con el escándalo Odebrecht en Colombia?

Si bien el excandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga no aceptó los cargos de «enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad de documento», imputados por la Fiscalía de su país por la financiación de su campaña por parte de Odebrecht, un juzgado desveló una participación hasta ahora desconocida: la del expresidente Iván Duque.

Zuluaga, que hasta hace poco perteneció al uribista partido Centro Democrático, asistió a inicios de julio a una audiencia por vía remota en el juzgado 42 de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. Allí estuvieron el fiscal delegado ante la Corte Suprema Andrés Palencia y la jefa del Juzgado 42 de control de garantías, que avaló la imputación.

En ese trámite judicial también compareció el hijo del exsenador, Daniel Zuluaga, imputado por fraude procesal, y quien tampoco aceptó los cargos, explica la periodista Nathali Gómez para RT.

Zuluaga renunció a su partido en medio del escándalo generado por unos audios en los que admitió haber recibido financiamiento de Odebrecht para su campaña, en 2014. 

El material fue registrado por el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Daniel García Arizabaleta, quien pasó de ser amigo del excandidato derechista a convertirse en el testigo estrella del caso, tras acogerse al principio de oportunidad.

Las charlas, que tuvieron lugar en Bogotá y en Lima, habrían ocurrido luego del triunfo del Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta presidencial, frente a Zuluaga, en 2014.

Los pasos previos al acuerdo

El fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia aseveró que Zuluaga habría recibido el aporte ilegal de 3.000 millones de pesos (unos 721.000 dólares) del conglomerado brasileño, recoge El Heraldo.

Según Palencia, el también exsenador sabía que García Arizabaleta había «tenido una vinculación contractual en Colombia con Odebrecht», por lo que le pidió que averiguara si podía «sugerir alguna forma de publicidad en su país de origen«. La Constitución colombiana prohíbe recibir financiamiento de personas o empresas del extranjero. 

Así, el exdirector de Invías contactó a Eleuberto Martorelli, representante de Odebrecht Colombia, «quien sugirió al publicista ‘Duda’ Mendonça, quien ya venía trabajando para la empresa brasilera en ese país».

La primera reunión con Duque

Según la fiscalía, el 6 de febrero de 2014 se hizo una reunión en Sao Paulo a la que acudieron Zuluaga, su hijo David, Arizabaleta e Iván Duque, quien en ese entonces era candidato al Senado por el Centro Democrático.

En ese encuentro, «‘Duda’ dejó en claro que los servicios costaban 4,3 millones de dólares«. De ese monto, «se convino que la campaña pagaría 1,5 millones de dólares» y que Odebrecht cancelaría el excedente.

Tras esa aclaratoria, se nombró a David Zuluaga como gerente de campaña y a García Arizabaleta como coordinador político.

Al ser preguntados por la jefa del juzgado 42 de control de garantías sobre los cargos imputados por la Fiscalía, tanto Zuluaga como su hijo dijeron que no los aceptaban. A partir de esa afirmación, la jueza dictó enajenación de bienes en los próximos seis meses.

¿Y Duque qué ha dicho?

Hasta el momento no ha habido una reacción pública de Duque para justificar su presencia en esa reunión, a pesar de que en sus interacciones posteriores en las redes se expresaba en contra de Odebrecht y catalogaba sus actos de «fraudulentos y corruptos«.

El también expresidente compartió en su cuenta de Twitter, en 2017, un trino del Departamento de Justicia de EE.UU. que se refería al «soborno más grande de la historia», cometido por el conglomerado de la construcción y la petroquímica brasileña Braskem.

En 2017, cuando se perfilaba como la opción del Centro Democrático a la Casa de Nariño, pidió sanciones en Colombia contra Odebrecht «por violación a la libre competencia con sobornos».

«¿Cuándo le va a decir el Gobierno [de Juan Manuel Santos] cuánto le debe Odebrecht al sistema financiero colombiano?», se preguntó en un tuit del 22 de enero de 2017.

Meses después, en un debate presidencial realizado en mayo de 2018, lanzó esta tajante afirmación: «No he tenido, no tengo y no voy a tener ningún vínculo con Odebrecht. Enfrentaré la corrupción con toda la determinación».

Aunque, según las revelaciones del fiscal del caso, Duque habría sido testigo del acuerdo, su propia campaña también se ha visto salpicada por acusaciones de financiamiento ilegal, pues ha sido señalado de estar relacionado con la compra de votos presuntamente liderada por el exmandatario Álvaro Uribe, y que estaría coordinada por el fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe Hernández‘. 

Ambos derechistas han negado la veracidad de esa acusación, sobre la que no ha habido pronunciamiento por parte de la Justicia.

¿Cómo se hicieron los pagos?

Palencia afirmó que en la primera vuelta de las presidenciales se firmó un contrato con la empresa de ‘Duda’ por 598.000 dólares, el 4 de abril de 2014. 

El 16 de abril se suscribió otro con una empresa colombiana propiedad de Mendonça, por 464 millones de pesos (unos 111.000 dólares) y el 17 de abril uno por 120.000 dólares con el brasilero. En el balotaje se hicieron varios pagos que suman unos 607.300 dólares.

En cuanto a los desembolsos de Odebrecht a Mendonça, se habrían completado los 1,6 millones de dólares, a través de una ruta estructurada para el pago de las coimas. Según el fiscal, «para garantizar la discrecionalidad en los giros» se creó una compañía ‘offshore’ en Antigua y Barbuda, a través de un banco suizo, y se hicieron  operaciones en Panamá.

La parte acusadora afirmó que el dinero de Odebrecht destinado al publicista brasileño no fue reportado el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni en la investigación que hizo el Centro Democrático.

Del mismo modo, Zuluaga es señalado de alterar los documentos de cuentas de campaña entregados al organismo electoral para lograr obtener así 26.000 millones de pesos (unos 6,2 millones de dólares) por la política de reposición de votos, que corresponde a la financiación del Estado por cada sufragio válido obtenido.

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