La administración Trump aprueba una venta de 2.800 millones de dólares en armamento financiado con impuestos estadounidenses, mientras el Instituto Lemkin advierte de un «precipicio» hacia la expansión del genocidio en Gaza y Oriente Medio.
Por Equipo El Ciudadano
La administración del presidente Donald Trump ha notificado al Congreso su intención de vender a Israel 40.000 bombas de 2.000 libras —entre ellas 20.000 MK-84, 20.000 BLU-117 y 20.000 ojivas perforantes I-2000— por un valor de 2.800 millones de dólares, en lo que constituye una de las mayores transferencias individuales de armamento pesado en la historia de la relación bilateral entre ambos países.
El paquete, financiado casi en su totalidad a través del mecanismo de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) —que permite a Israel utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses para adquirir armamento de contratistas de defensa de EE.UU.—, equivale al peso total de todas las bombas lanzadas sobre Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y a un tercio de las arrojadas sobre las islas japonesas en el mismo conflicto.
La operación, que revierte la política de pausa implementada por la administración Biden en abril de 2024 sobre las bombas MK-84 —conocidas como «el martillo» por su capacidad destructiva—, se produce en un momento de máxima tensión política en Washington, con elecciones de medio mandato a la vista y una opinión pública estadounidense que, según múltiples encuestas, se ha girado de forma dramática contra el apoyo incondicional a Israel.
Chile no puede ni debe firmar el Escudo de las Américas: la complicidad con el genocidio no es un acuerdo de seguridad
La administración de José Antonio Kast ha confirmado la adhesión plena de Chile al Escudo de las Américas, la coalición militar impulsada por Donald Trump que reúne a quince gobiernos de derecha de la región bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. Kast ha insistido en que se trata de «coordinación, información, seguimiento de bandas» y no de «operaciones militares». Sin embargo, el texto oficial que Chile suscribió —difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, no por la Cancillería chilena— incluye la intención de convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de adoptar «una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río». Es decir, un instrumento de defensa mutua que, en la práctica, abre la puerta a una cooperación militar que el gobierno chileno ha negado públicamente.
La contradicción no es menor. El mismo Departamento de Estado que redacta esa declaración es el que, en septiembre de 2026, notificó al Congreso la venta de 60.000 bombas de 2.000 libras a Israel por 2.800 millones de dólares, financiadas con impuestos estadounidenses, mientras el ejército israelí continúa matando civiles en Gaza con esas mismas municiones. La administración Trump no solo suministra el armamento: lo financia, lo autoriza y, cuando el Congreso intenta oponerse, elude sus objeciones declarando emergencias o forzando resoluciones con mayorías inalcanzables.
Chile es Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En septiembre de 2024, en ejercicio de esa condición, presentó ante la Corte Internacional de Justicia una declaración de intervención en el caso Sudáfrica contra Israel, invocando el deber de prevenir el genocidio y destacando que Israel «sabe o debería saber del riesgo de genocidio existente». Ese gesto, celebrado por la comunidad internacional, fue una señal inequívoca de que Chile reconocía la gravedad de lo que ocurría en Gaza y asumía las obligaciones jurídicas que derivan de esa Convención.
Oposición en el Congreso, pero sin capacidad de bloqueo
El representante Gregory Meeks, demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, anunció formalmente su oposición al paquete, argumentando que las municiones «no serían utilizadas de acuerdo con la ley estadounidense e internacional» y que la administración no ha proporcionado «garantías suficientes» de que el gobierno de Netanyahu las empleará con «protecciones significativas para la vida humana».
«La administración Trump no ha proporcionado garantías suficientes de que estas armas serán utilizadas por el gobierno de Netanyahu de acuerdo con la ley estadounidense y con protecciones apropiadas para los civiles», declaró Meeks, quien subrayó que su decisión «no disminuye el apoyo del Congreso a las necesidades legítimas de defensa de Israel» sino que refleja «la responsabilidad del Congreso de asegurar que las armas financiadas por Estados Unidos se utilicen de manera legal, responsable y con salvaguardias significativas para la vida humana».
Sin embargo, la objeción de Meeks es simbólica más que operativa. La administración puede eludir la oposición legislativa declarando una emergencia, como ha hecho en ocasiones anteriores. Para bloquear la venta, el Congreso necesitaría aprobar una Resolución Conjunta de Desaprobación (JRD) con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras —un umbral prácticamente inalcanzable en el clima político actual y a semanas de unas elecciones críticas—, y luego superar un veto presidencial.
La venta ha generado una condena generalizada entre organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos y legisladores. J Street, el grupo de defensa pro-Israel de tendencia liberal, resumió la paradoja en una declaración a Haaretz: «No se puede reconstruir Gaza con bombas de 2.000 libras». La presión legislativa no se limita al paquete israelí: senadores como Edward Markey y Bernie Sanders han introducido resoluciones similares contra la venta paralela de 5.000 millones de dólares en armamento a Arabia Saudita, que incluye 5.000 bombas BLU-117 de 2.000 libras.
74.000 muertos y un genocidio que la ONU documenta
El contexto humanitario en Gaza continúa agravándose. Según el Ministerio de Salud palestino, el balance de víctimas desde octubre de 2023 ha alcanzado los 74.040 mártires y 175.168 heridos, con 1.439 muertos y 5.052 heridos solo desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. La cifra real es probablemente muy superior: el ministerio advierte que «un gran número de víctimas permanece atrapado bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no han podido llegar hasta ellos».
La relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha sido categórica: «el comercio y la venta continua de armas a Israel por parte de algunos países constituyen complicidad en el genocidio». Un informe reciente de Naciones Unidas señaló la participación de más de 60 países en «el crimen masivo que permitió a Israel cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza». El propio Instituto Lemkin, en su declaración del 21 de septiembre de 2026, calificó el paquete como «una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales» y advirtió que «el mundo debe responder apropiadamente a una amenaza de este nivel».
Las bombas de 2.000 libras son, precisamente, el instrumento central de esa destrucción. Un MK-84 detonando en un entorno urbano produce una onda expansiva letal que se extiende más de 300 metros y un cráter de unos 15 metros de profundidad. Una sola bomba de este tipo «lleva suficiente energía explosiva como para derribar un edificio de varios pisos». Organizaciones humanitarias advierten que «desplegar armas de esa escala en barrios densos causa pérdidas civiles masivas incluso cuando el objetivo previsto es un solo individuo».
Un «precipicio» hacia la guerra regional
El Instituto Lemkin, en su declaración, va más allá del impacto inmediato en Gaza y advierte que el paquete de armas podría estar diseñado para «prolongar la guerra contra Irán y exportarla a otros teatros» de operaciones. El instituto sostiene que tanto Trump como Netanyahu enfrentan presiones electorales internas —el primero ante las elecciones de medio mandato de noviembre, el segundo ante sus propios problemas políticos— que hacen «razonable» suponer que ambos «buscarían una expansión de la guerra regional y del genocidio».
Las ojivas perforantes I-2000 incluidas en el paquete están diseñadas específicamente para «penetrar a través del suelo, la roca y el hormigón armado antes de detonar con retardo», lo que las hace idóneas para atacar redes de túneles y estructuras subterráneas en Gaza y el Líbano, pero también para alcanzar instalaciones nucleares en Irán.
El Instituto Lemkin no solo responsabiliza a Trump y Netanyahu. En un pasaje particularmente incisivo, señala que «la culpa no recae únicamente en los genocidas y los proveedores de armas», sino también en «aquellos que permanecieron en silencio, los que se beneficiaron discretamente, los que torcieron la narrativa y los que prestaron apoyo público». Entre estos, menciona a «las corporaciones, universidades, académicos, ONG, bancos e individuos adinerados que han seguido beneficiándose de ingresos e inversiones vinculados al gobierno y al ejército israelíes», así como a «las organizaciones de medios de comunicación convencionales que han utilizado un lenguaje pasivo para minimizar la responsabilidad de Israel».
La obligación legal que el mundo ignora
El Instituto Lemkin recuerda que los Estados Partes de la Convención sobre el Genocidio tienen «la obligación de tomar medidas para prevenir que Estados Unidos e Israel utilicen estas armas para continuar cometiendo genocidio en Palestina y expandir la destrucción al resto de Oriente Medio», lo que «con toda certeza se convertirá en una Guerra Mundial».
La Corte Internacional de Justicia ha establecido que las obligaciones derivadas de la Convención son erga omnes partes —debidas por cada Estado Parte a todos los demás—, lo que significa que «cada Parte Contratante tiene un interés común en su observancia». El deber de prevenir el genocidio «surge tan pronto como un Estado tiene conocimiento» de que existe un riesgo serio de que se cometa.
Sin embargo, la respuesta internacional ha sido, en el mejor de los casos, desigual. Mientras Irlanda, Bélgica y Noruega han pedido repetidamente el cese de las operaciones militares israelíes y un mayor acceso humanitario, otros países han mantenido un silencio cómplice o han continuado suministrando armamento. La Corte Penal Internacional examina actualmente una denuncia de Nicaragua contra Alemania por presunta complicidad en el genocidio a través de exportaciones de armas, y abogados suizos han presentado una denuncia similar contra su propio ministro de Asuntos Exteriores.
La tormenta política que se avecina
El paquete de armas llega en un momento de creciente aislamiento político para Trump. El presidente enfrenta «un posible desastre electoral en noviembre», con las elecciones de medio mandato amenazando con destruir el control republicano del Congreso. Su respuesta ha sido prometer 5.000 dólares a cada estadounidense si los republicanos mantienen el control legislativo y enviar al vicepresidente JD Vance a «rogar a los estadounidenses que nos den otra oportunidad, o nos den un par de años más».
Los datos de opinión pública son demoledores para la causa del apoyo incondicional a Israel. Una encuesta de Gallup de febrero de 2026 mostró que, por primera vez en la historia, los estadounidenses expresan mayor simpatía por los palestinos (41%) que por los israelíes (36%). El 30% de los estadounidenses —incluida la mitad de todos los demócratas— cree que Israel está cometiendo genocidio, frente a solo un 20% que cree que no y un 50% que dice no saber lo suficiente para determinarlo. Según el Institute for Global Affairs, solo el 16% de los estadounidenses apoya las transferencias de armas a Israel sin restricciones, mientras que el 38% cree que todas las transferencias deberían detenerse y otro 24% aprueba los envíos solo si existen «fuertes restricciones» sobre su uso.
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