El lucro en la salud, o el enriquecimiento de las Isapres

Indignación generalizada desde distintos sectores sociales ha causado el revuelo de la grandes utilidades reportadas por las Isapres. Hace cinco que años que no registraban dividendos tan elevados como los del primer semestre de este año, que superaron en un 70 por ciento a los de 2010. Estas cifras han provocado tal rechazo que incluso ya se ha pedido la cabeza del supertintendente de Salud, Luis Romero.

La explicación del organismo frente a esta enorme alza, que registró más de 45 mil millones de pesos, es debido a que los ingresos de las aseguradoras privadas aumentaron debido a la entrada en vigencia de nuevas patologías Auge. Sin embargo, según registros de la misma Superintendencia, sólo el 23 por ciento de las personas accedieron a estos beneficios, pues la mayoría prefirió su plan complementario.

El senador Francisco Chahuán (RN), desde la Comisión de Salud del Senado, aseguró que los datos entregados presentan una incongruencia en la información que entregan las aseguradoras de salud privada.

“Las Isapres no pueden argumentar que esta alza en las utilidades se debe a una baja en los costos porque en abril pasado los incrementos de los precios de los planes se debía justamente a un aumento de los mismos. Aquí hay algo que no cuadra y en ese contexto le pedimos al Superintendente que asuma su rol fiscalizador y normativo”, indicó el RN.

El tema de las fortunas creadas por las Isapres pasa por la deficiente legislación que existe en el país para regular este mercado, el cual permite que se obtengan tan altos dividendos a costa de los bolsillos de los afiliados.

Para el diputado Enrique Accorsi (PPD), el mercado actual de salud mantiene un mecanismo perverso, en el que en todo este tiempo sólo se han implementado cambios cosméticos.

“Nunca hemos planteado el tema como una legislación de verdad. Esto es porque hay una protección financiera del mundo empresarial y de la derecha y esto se demuestra claramente con las utilidades que presentaron en el primer semestre”, afirmó Accorsi.

Por su parte el gerente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, defendió las utilidades apuntando que las ganancias percibidas corresponden a $ 2.652 mensuales por cada afiliado y la rentabilidad del sistema es de las más bajas de los sectores económicos.

«Las Isapres están sujetas a una alta estacionalidad, hay años en que la utilidad ha sido cero. Nosotros estimamos que las ganancias del primer semestre van a disminuir en este semestre, porque se produce un mayor gasto en salud», indicó el empresario.

INTERVENCIONES LEGISLATIVAS

La consternación sobre el tema se vio inmediatamente reflejada en la clase parlamentaria. El senador Guigo Girardi (PPD) hizo un llamado este sábado al Gobierno a esclarecer el tema, mediante comisiones de trabajo o debates, antes de que estas alzas produzcan una crisis profunda en el sistema de Salud.

“No puede ser que la Isapre te diga yo voy a pagar el 30% y tú tienes que pagar el 70%. Se requiere otro tipo de cobertura, que lo máximo a pagar a todo evento pueda ser nunca más del 20 por ciento. Una institución que te garantice a todo evento el 80% empieza a ser un seguro de salud”, sostuvo Girardi.

El Presidente de la Cámara Alta pidió también que se regularizara el trámite de inscripción en el sistema y así poder dejar de lado la discriminación (por la que se ven afectados quien tiene una enfermedad previa o por ser mujer en edad fértil o adulto mayor). Además, sostuvo que “hay que terminar con los planes cerrados de las Isapres con el fin de que los beneficiarios puedan recurrir a cualquier médico, laboratorio, etcétera, que estos elijan”, señaló.

Hace algún tiempo Girardi, junto a otros legisladores, creó un estudio sobre el tema que pretende reformar la actual Ley de Isapres, pues la actual mantiene un carácter orgánico, generado así desde la dictadura militar.

Afirmó que «hoy día a nadie le cabe duda de que la legislación que tenemos es una legislación hecha como un traje a la medida de las Isapres. Esto nació mal, porque los que hicieron la ley de isapres en el ’80, casualmente fueron sus dueños después», argumentó.

Por su parte, los senadores Camilo Escalona (PS) y Jaime Pizarro (DC) hicieron un llamado con carácter de urgente para el proyecto de Ley Corta para contener el crecimiento las utilidades de las Isapres.

El proyecto infiere una transformación en las bases del sistema de Salud actual, para así construir un sistema de prestaciones universales, igualitarias y solidarias, capaz de asegurar altos niveles de calidad y justicia en las prestaciones de salud.

“Tenemos que tener un nuevo pacto social, que distribuya de mejor manera la riqueza producida por el país. Estas altas rentabilidades no son sino seguir echándole bencina a una hoguera que puede prender con una violencia y virulencia demasiado fuerte”, advirtió Escalona.

LOS DICHOS DE MAÑALICH

Además de todas estas denuncias, demandas y reclamos, los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD) solicitaron la renuncia del superintendente de Salud, Luis Romero, por un supuesto conflicto de intereses.

Al respecto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se negó tajantemente a la petición argumentando que la actual Ley es imperfecta y por ello permite que se produzcan situaciones como las actuales; «en ese sentido nuestra posición, más que decirle a la Superintendencia ‘haga mejor su trabajo’, es darle los instrumentos legales para que haga mejor su trabajo», comentó.

Pero eso no fue todo, el Secretario de Estado además afirmó que “el Gobierno tiene las manos atadas para regular los reajustes de las Isapres” y admitió que el Gobierno cree que las utilidades del segundo semestre serán aún mayores.

Por eso llamó al parlamento a aprobar la Ley Corta que establece un IPC de Salud para calcular los reajustes y modifica la tabla de factores de riesgo, reduciendo las diferencias de precio que pagan las personas.

Sobre estos dichos nació una fuerte indignación por parte de la ciudadanía que en forma organizada llegó a las afueras del Minsal a entregar una carta cuestionando la indiferencia y la falta de fiscalización por parte de Mañalich.

Según los trabajadores esta indiferencia con la salud pública no pasa más allá de un descarado intento de las autoridades de privatizar el sistema a cualquier costo, aunque eso signifique desmantelar de a poco los consultorios y hospitales hasta hacerlos inservibles.

Por Camila Méndez Pérez

El Ciudadano