TISA PLAN : El acuerdo transaccional para hacer de la salud un negocio

Hasta nuestra sala de redacción llegaron documentos y el aviso de activación para hoy del reporte de  (https://data.awp.is/international/2015/02/04/22.html) filtrados por la  Associated Whistleblowing Press (AWP, Prensa de Denuncias Asociadas), que dan cuenta de un acuerdo bajo cuerdas que involucra a más de 30 Estados, dentro de los cuáles se encuentra Chile y que nos llevan a entender el rumbo que está tomando la salud en nuestro país y el mundo, pasando de ser un derecho a un negocio.

Sin ir al fondo de los asuntos y trabajar en pos de la salud de la población y no la cura de enfermedades , atrás se mueve un plan mercantil de millones.

Se trata del plan TISA (Trade in Services Agreement, al español Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) , emanado de un grupo de  economías en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio) quienes decidieron, en el 2011, iniciar conversaciones destinadas a negociar un acuerdo plurilateral de servicios en torno a la salud.

Según el profesor Jane Kelsey, de la Universidad de Auckland, la ideología que mueve el acuerdo “supone una transición en el modelo dominante de atención a la salud,  de un servicio público y social integral a un sistema orientado al mercado en el que los ciudadanos son consumidores en un mercado de la salud globalizado”.

En el mismo documento fechado del 28 de enero del 2015, el académico expresa dos razones que  justifica la ideología socavando tareas como la especializaciones médicas en territorio nacional, para promover  “el turismo” en salud.

(i) los países tienen escasez de personal y de inversión de capital en sus sistemas de salud

públicos y privados, lo que se traduce en listas de espera. Estos retrasos pueden aliviarse si

sus ciudadanos consumen servicios de salud en el extranjero.

(ii) algunos países tienen una ventaja comparativa en la prestación de servicios de salud por

medio de  los beneficios  con respecto a los  precios y la eficiencia, así como  por contar con

menores obstáculos estructurales y reglamentarios.

DANZA DE MILLONES

Los gastos de los gobiernos, relacionados con la salud se llevan casi el 10% de todos los países de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales donde Chile aparece como uno de los países más desiguales del mundo)  en un mundo donde el costo de la prestación de cuidados médicos sube,  el cáncer lucra, y todas esas vainas que cada vez es mayor.

Asimismo, los estudios cuantitativos muestran que existe una enorme diferencia de precio y de tiempo de espera entre los países. Como un argumento para la transnacionalización de la salud en un mercado.

Conscientes de este desarrollo y potencial meramente comercial, un grupo de  economías en el marco de la OMC, (Organización Mundial del Comercio) decidió, en el 2011, iniciar conversaciones destinadas a negociar un acuerdo plurilateral de servicios denominado Trade in Services Agreement (TISA).

LA POMADA DE TISA

Actualmente ya se esbozó un anexo relativo a los servicios de atención a la salud (o a la facilitación de la movilidad de los pacientes). El anexo crea un sistema basado en tres pilares que son: la financiación (reembolso), la prestación del servicio (calidad y normas) y finalmente las responsabilidades posteriores al tratamiento.

Este anexo establece que:

1. Los profesionales de la salud permitirían, con previa autorización, que sus pacientes fueran tratados en otros países TiSA. (El motivo podría ser el largo tiempo de espera en el país de origen, los conocimientos insuficientes acerca de un problema médico específico, la preferencia personal del paciente, etc.).
2. Los pacientes recibirían el tratamiento en el extranjero.
3. Tendrían derecho a ser reembolsados hasta el coste del tratamiento en el sistema del país de origen (sistema de la seguridad social, cobertura de seguro privado u otros sistemas sanitarios).
4. Con el fin de garantizar la calidad y los estándares para los nacionales del país de origen, las autoridades podrían acreditar las instituciones sanitarias de otros países TiSA. Por lo tanto, el reembolso sería válido sólo para el tratamiento en las instituciones acreditadas. El país de acogida asumiría la responsabilidad de los cuidados necesarios después del tratamiento.

Como podemos ver, esta nueva propuesta comercial, no hace más que mercantilizar los servicios de atención médica a nivel mundial y esto se va a traducir en dos grandes problemas:

Mayores costos para los gobiernos y en peores prestaciones de servicios para los cotizantes en el territorio, en pro de las grandes empresas que lucran con la salud.

Recientemente  se han expuesto a los negociadores del secreto Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) lo que están discutiendo grandes reformas de los sistemas nacionales de salud pública, las cuales serán férreas promotoras de la deslocalización de los servicios de atención de la salud y la privatización a escala paises.

La propuesta, supuestamente presentada por el gobierno de Turquía, fue discutida por los estados miembros de la UE el pasado mes de septiembre en las negociaciones sobre el TISA que tuvieron lugar en Ginebra. Sugiere un anexo relativo a los servicios de atención médica en el TISA que facilitaría el acceso de los pacientes a servicios de salud en el extranjero (como lo demostramos más arriba).

“La propuesta elevaría los costes de la asistencia médica en los países en desarrollo y disminuiría la calidad en los países desarrollados de Europa, América del Norte, Australia y otros países”, explica la Dra. Odile Frank, que ha analizado el documento para la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Frank sostiene que, en el marco de esta propuesta, los gastos del gobierno aumentarían, del mismo modo que las primas de los seguros de enfermedad.

Según la ISP, la propuesta del TISA supone que los servicios de la salud son una mercancía como cualquier otra que puede ser manejada por el mercado. La comercialización de los servicios de la salud ignora los aspectos relativos a la salud pública e incrementa las desigualdades.

“Es escandaloso que se discutan propuestas para desmantelar el sistema público de salud a puerta cerrada y que la sociedad tenga que basarse en las filtraciones para averiguar lo que sus gobiernos están discutiendo en su nombre”, comenta la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli.

“La salud es un derecho humano y no se puede vender o negociar. Los sistemas de salud existen para mantener a nuestras familias seguras y saludables, no para garantizar los beneficios de las grandes empresas”, dice Pavanelli.

Las personas que busquen tratamiento en el extranjero pueden llevarse consigo su financiamiento, lo que significa que el dinero sale del sistema nacional de salud, cuyo bajo nivel de inversión se cita como uno de los argumentos a favor del tratamiento en el extranjero, pero de esta forma, evidentemente, sólo se perpetúa el círculo ya que de esta forma se va a justificar una menor inversión en el sistema de salud público y en la formación y contratación de personal para el territorio que necesita la atención.

Claramente los recursos que se recauden de parte de los contribuyentes y que debiera destinarse a la asistencia sanitaria local, se verán necesariamente transferidos al sistema privado y de ahí, los sistemas sanitarios de los países suscritos al TISA.

Además, los países que actualmente no asignan fondos públicos a la atención sanitaria mediante cuentas individuales, pero que se encuentren sujetos al anexo mencionado anteriormente, necesariamente van a verse presionados para realizar modificaciones al sistema de financiamiento de los servicios de salud a un sistema de cuentas individuales o recibos. Y los seguros privados de salud, que generalmente se benefician de deducciones fiscales, se van a gastar en el extranjero.

Traduciendo un poco, la economía del país de origen del paciente va a perder los beneficios dinámicos del gasto sanitario y van a ir a parar a las arcas de la economía del país proveedor del servicio. Más encima, las instalaciones del país de origen tendrán que solucionar los problemas que surjan desde el extranjero, una vez que el paciente haya regresado a su país, lo que contribuirá a crear cargas imprevistas en el sistema de asistencia sanitaria del país de origen, a menos que se tomen medidas especiales adicionales con respecto a los seguros.

Esto, necesariamente va a generar una interdependencia de los países, en donde la deslocalización de la atención de salud va a incrementar su dependencia hacia los proveedores extranjeros.

Y todo esto ¿Cómo afecta a los pacientes?

Pues bien, si lo ponemos en simple, todo esto apunta a que si tienes poder adquisitivo, puedes ir a darte una vueltecita por el mundo haciendo “Turismo de salud”, como un buen consumidor de servicios. Pero el asunto puede ponerse cuesta arriba en el caso de tratamientos prolongados ya que hay aislamiento de los familiares y redes de apoyo (A menos de que tengas el dinero para pagar pasajes y estadía de los parientes que quieras que te visiten).

Por otra parte, La acreditación de las instalaciones en el extranjero puede no tomar en cuenta tu  idioma, religión, conocimiento cultural y las sensibilidades, que son elementos importantes de la asistencia médica.

En el caso de que vayas a atenderte al extranjero, pueden aparecer dificultades para garantizar el seguimiento o el tratamiento curativo en caso de que surjan problemas una vez que vuelvas a tu país.

Otro elemento a considerar es que la responsabilidad jurídica puede ser difícil de garantizar cuando los proveedores se encuentran en el extranjero, especialmente si los derechos de seguro médico están limitados en tu país de origen. Imagínate qué podría suceder en el caso de negligencia médica.

Además, si recibes tratamiento en tu país de origen podrían te podrías enfrentar a un deterioro de los servicios de atención pública, debido a la falta de inversión, en vez de beneficiarte de las mejoras esperadas por las listas de espera más cortas.

Finalmente, todos sabemos que los médicos, las farmacias, las Isapres y todo el sistema, te presionan para que hagas lo que a ellos más les conviene (Por ejemplo, recomendaciones de partos por cesárea cuando no son estrictamente necesarios, medicamentos que no son genéricos, planes más caros) y obviamente, la empresa se va a ver beneficiada si te das un paseo por algún país lejano, entonces te vas a ver sometido a presiones indeseables, aún cuando tu preferencia sea atenderte en tu país.

Un paseo por la salud en la historia de Chile

El paseo por la historia de la salud en Chile, no fue gratuito. La idea es que puedas darte cuenta de que el Estado, hasta 1973, tuvo un rol importante en materia de protección social y fue garante del derecho a la salud. Sin embargo, cada día nos alejamos más de aquel sistema y el gobierno toma decisiones a puertas cerradas para mercantilizar algo que es tan delicado. Se trata de nuestras vidas y de la calidad de esta.

El 70% de nuestro país recibe un sueldo menor a los 445.000 pesos y con eso, no podemos optar a estar enfermos y turistear al mismo tiempo; sin embargo la salud, cada día se acomoda más para las minorías que tienen el poder adquisitivo.

Nuestro actual sistema de salud fue impuesto brutalmente y sin consultarnos. La Concertación ni las Piñericosas hicieron nada por revertir esa situación y ahora seguimos por la misma senda con privados coludidos contra lo público que trata de abrirse camino.

Que no te metan el dedo en la boca. Chile sí puede y debe garantizar una salud de calidad para todos y son las empresas las que pagan la política para que no les quiten el mango de la sartén.

Pero para entender el proceso que ha pasado Chile en materia de salud, es necesario revisar la historia.

Entre los años 1552 y 1917, los hospitales y servicios sanitarios fueron responsabilidad exclusiva de las autoridades locales y, desde el siglo XVI, hasta principios del siglo XX, la organización de la salud se fue desarrollando lentamente y de forma paulatina, principalmente a través de instituciones públicas y de otras instituciones que se podrían llamar privadas, cuyos principios eran filantrópicos o de beneficencia. Es así, como en 1886 se dictó el Reglamento Orgánico de la Junta de Beneficencia que permitió, por primera vez en la historia del país, un orden más o menos claro de los hospitales, en conjunto con las organizaciones locales existentes.

En 1887, se creó la Junta Nacional de Salubridad con la única misión de asesorar a los gobiernos en materias de salubridad y la organización nacional de los desarrollos locales.

Las dos instituciones mencionadas anteriormente fueron asumidas, en el año 1892 por el Consejo de Higiene Pública.

Entre los años 1917 y 1952, podríamos decir que Chile vivió un proceso de maduración del desarrollo social y del precario sistema de salud existente. Es así, como en esta época, el énfasis se centró en la seguridad social y se establecieron subsidios enfocados para la gente que vivía en extrema pobreza y que carecía de empleos. En estos casos, los aspectos de la salud eran fundamentales.

Ya para 1924, se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y, además, se estableció el Seguro Obrero Obligatorio (ley 4.054), junto con la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

La Caja del Seguro Obrero Obligatorio fue el paso más significativo en la construcción de un sistema de previsión social ya que se estableció bajo el principio de un sistema de reparto. Esto significa que con el total de los aportes que recibía (de trabajadores contratados, de empleadores y del Estado) pagaba los beneficios sociales de sus afiliados.

De esta forma, la caja era la institución que se hacía cargo de pagar las jubilaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo y el fallecimiento de sus cotizantes.

A medida que avanzaba el tiempo, a los derechos antes mencionados, se le agregan también las asignaciones familiares, además del seguro de cesantía.

Cabe destacar que, además de prestar estos servicios, la Caja realizaba inversiones en pro de la salud social y del bienestar de los chilenos. De esta forma, las inversiones se concentraron en el establecimiento de consultorios de salud y postas rurales. Y también realizó una importante participación en acciones del Laboratorio Chile. La idea era abaratar los medicamentos que eran utilizados en sus programas de salud.

Ya en 1952 se genera una reorganización administrativa, la que dio origen al Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud (SNS).

Este período estuvo marcadamente orientado en una planificación central, vinculada potentemente a la gestión económica, organizacional y a la gestión política. La medicina estaba orientada al desarrollo social del país y este desarrollo también incluía aspectos importantes de liderazgo social y político. Es así como pudimos observar en nuestra historia que los médicos estaban en todos los aspectos de nuestra escena política nacional. Ocupaban cargos que iban, desde la Presidencia de la República, hasta alcaldes, pasando por varios escaños del senado.

PRELUDIO A LA DEBACLE

Golpe de Estado y el neoliberalismo más descarnado

No es un secreto para nadie que el Golpe de Estado trajo consigo la política neoliberal, que convirtió en añicos el rol y la importancia del Estado, promoviendo al sector privado. Obviamente, esto se vio reflejado también en el sistema de salud.

En el periodo entre 1973 y 1980, el gasto social se fue al suelo. Lo mismo pasó con el SNS. En 1979, el sector de salud estatal sufrió una reestructuración. El SNS pasó a ser el Ministerio de Salud y además, se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) que es el que rige actualmente (DL 2.763/1979). En este período se crea el régimen de prestaciones de salud mediante la denominada ley de salud (ley 15.469, año 1985).

Quizás, uno de los mayores problemas que este proceso trajo consigo fue que al suprimir la Dirección General del SNS, cuya autoridad era autónoma y tenía propiedad en su cargo, ya que era nombrada, en tiempos democráticos, con acuerdo del Senado; es que este poder recayó en el gabinete del Ministerio de Salud, más concretamente en la Subsecretaría. Y esta concentración del poder central, estableció un núcleo de poder y, por ende, de conflictos en relación directa con el correcto desempeño de esta tarea. A esto se sumó el hecho de que los nuevos servicios de salud (que eran un total de 26 a lo largo de todas las regiones), no contaban con gente preparada para desempeñarse en los cargos y tampoco contaban con los recursos necesarios para ejercer esta supuesta autonomía recién adquirida.

Otro fenómeno que asoló al sistema de salud fue el tema de la municipalización y las críticas a este sistema fueron aumentando, conforme a la instalación de este sistema en un número creciente de comunas. Los problemas que más resaltaban eran la atomización y la descoordinación del sistema. Básicamente, esta dinámica generaba un sistema de atención primaria de segunda clase, en donde el personal recibía peores salarios, hubo pérdidas de niveles técnicos y la aplicación uniforme de un mecanismo descentralizado se volvió imposible.

Como todo en dictadura, la privatización del sistema fue legalizada con casi nula discusión previa y el cuerpo médico tuvo una reacción muy confusa y deprimida frente la aparición de los seguros privados competitivos de salud, que recibieron el nombre de ISAPRE  y, que estaban destinados a sustituir progresivamente el sistema público de salud.

En este momento clave de la historia, lamentablemente los médicos reaccionaron divididos. Un segmento se mostró a favor, e incluso idearon formas de crear isapres propias; mientras otro segmento se manifestó totalmente contrario.

Sin embargo, las Isapres, como ya sabemos, han sido junto a las AFP, los negocios del siglo en Chile y de exportación para destruir economías sociales Europeas y el mundo haciéndolas privadas.

LA DEBACLE

Restauración “democrática”

No cabe duda de que la Concertación realizó esfuerzos para recuperar al sector público en cuanto a salud ya que se encontraba en un estado de postración absoluta en materia económica y de factibilidad técnica. En 1997 se logra el mayor gasto fiscal que fue destinado principalmente al tema de los salarios.

Sistemáticamente los sueldos se fueron ajustando en medio de conflictos que dejaban de manifiesto la ingobernabilidad de un sistema que era inmensamente burocrático. Quizás los logros más destacables en este período son, por una parte, la renovación de hospitales, (especialmente en regiones, y más recientemente en la región Metropolitana) y, por otra parte, tenemos una disminución significativa de la brecha tecnológica. Pero no podemos dejar de resentir el hecho de que se mantuvo el sistema privado que es brutalmente disímil con las condiciones de la salud pública, que se mantiene para los “ciudadanos de segunda clase”. Indudablemente, las personas con mayores recursos van a optar por cotizar en el sistema privado y eso se traduce en una menor recaudación de fondos fiscales para potenciar un sistema que sea igualitario y que garantice un derecho fundamental como lo es la salud.

Es de lamentarse, además, lo que está dejando en evidencia el caso Penta, en donde podemos observar que la falta de voluntad política para terminar con este sistema injusto radica en los escaños del congreso (Un claro ejemplo es el caso particular de Ernesto Silva, presidente de la UDI), en donde los políticos legislan a favor de los intereses de estas empresas de la salud ya que son los financistas de la política y ni siquiera los perros muerden la mano que da de comer.