CUT y gremios estatales apuran a La Moneda: quieren reajuste real y calendario acotado antes del balotaje

En un escenario político marcado por la proximidad del balotaje presidencial y el cierre del Congreso, la Mesa del Sector Público —coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 16 organizaciones— inició este jueves la negociación por el reajuste salarial para más de 900 mil trabajadores estatales. El encuentro con los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, dejó en claro una demanda perentoria de los gremios: el calendario de discusión debe acortarse y el acuerdo debe estar sellado antes de la segunda vuelta.

El pliego de negociación entregado el 26 de noviembre contiene un paquete de demandas económicas y laborales que los dirigentes califican como determinantes para el último año del gobierno del Presidente Gabriel Boric. La piedra angular es la solicitud de un reajuste real del 2% para el período diciembre 2025–noviembre 2026, aplicable a todos los regímenes del Estado, incluyendo trabajadores a honorarios, municipalidades, universidades estatales y Servicios Locales de Educación (SLEP).

Además, las organizaciones exigen la cobertura universal de aguinaldos, bonos y asignaciones, eliminando exclusiones que, a su juicio, perjudican a funcionarios bajo leyes especiales y el sector municipal. El documento también plantea avanzar en compromisos pendientes en salud mental, cuidado infantil, estabilidad laboral y la aplicación de la jornada de 40 horas en el sector público.

«Queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales»

Sin embargo, la tensión con La Moneda se concentra en los plazos. Los gremios advirtieron que la negociación debe resolverse antes del 15 de diciembre— un día después de la segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre—mientras el Ejecutivo aún no presenta un cronograma que los satisfaga.

Según consignó Diario U. de Chile, tras el encuentro con Laura San Martín, coordinadora de la Mesa del Sector Público, señaló que existe preocupación y controversia por los tiempos propuestos desde el Gobierno.

«Tenemos un problema con el tema de los calendarios para negociar y estamos esperando una nueva propuesta del gobierno para la tarde. Queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales. No podemos incidir en el Parlamento, pero sí incidir en este tipo de negociación», dijo.

«Estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días»

Sin embargo, dejó en claro que la disposición de la mesa es total para acelerar el proceso.

«Estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días. Las 24 horas si es posible, pero lo importante es sacar una buena negociación para todos los trabajadores y trabajadoras», afirmó al tiempo que aclaró que el petitorio no contiene novedades radicales, sino «cosas que se vienen arrastrando de ajustes anteriores».

Por su parte, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT y encargada del sector público, subrayó la singularidad de esta negociación y el contexto político en que se desarrolla.

«Esta no es cualquier negociación. Esta es la última negociación de este gobierno. No sabemos todavía la línea política que tiene el que viene, pero sí sabemos que tenemos un parlamento que va a ser difícil de convencer», declaró al medio citado.

Farías explicó que el cierre del Congreso el 17 de diciembre impone una carrera contra el tiempo para poder llevar a cabo el proceso.

«Estamos buscando apurar lo más posible esta negociación, de manera que los temas más relevantes de las y los trabajadores se puedan dar en tiempos en que sean más beneficiosos para nosotros», sostuvo.

Sobre las prioridades, fue clara: «Lo primero es que las remuneraciones y las asignaciones estén completamente aseguradas».

Asimismo, ratificó que esperan conocer la nueva propuesta del Ejecutivo para así poder evaluar la disposición del gobierno a modificar el calendario.

Frente a estas presiones, el ministro Nicolás Grau ha manifestado previamente la voluntad del Ejecutivo de avanzar con rapidez hacia un entendimiento y estudiar alternativas para mejorar la programación del proceso.

No obstante, las proyecciones gubernamentales indican que el proyecto de reajuste difícilmente ingresaría al Congreso antes de enero, es decir, después del balotaje. Este escenario, sumado al receso legislativo, alimenta la inquietud de los gremios, que buscan certezas concretas en las próximas horas.

La Mesa del Sector Público espera analizar a la brevedad posible la nueva propuesta de calendario que el Gobierno se comprometió a enviar, en una negociación que, advierten, será decisiva para el futuro inmediato de casi un millón de funcionarios públicos.