La indicación establece concretamente que "no podrán comunicarse los datos ni la información relacionada con las deudas contraídas por el otorgamiento de créditos a estudiantes", lo cual se contrapone a la propuesta de reemplazo de la ley del CAE que ha impulsado el gobierno de Piñera, que pretende hacer de público conocimiento el listado del DICOM, incluso para los empleadores.