Queda claro también que el abandono de la lucha por la verdadera justicia social por parte de la izquierda ha dejado un vacío que los partidos de la nueva derecha han explotado al prometer soluciones más concretas a los problemas reales por los que atraviesan las clases trabajadoras.

Hay que confiar en que los despropósitos de nuestra izquierda gobernante no se hereden a las prácticas de quienes continuarán propiciando los valores de la libertad, igualdad y democracia real.

Uno de cada tres adultos mayores tiene riesgo de desnutrición, mientras las AFP ganan más de $1.700 millones al día en utilidades.

Lo que no entienden algunos analistas es que en Chile la situación de inequidad e injusticia es tan grave como en el mundo. Según la organización TECHO, 114 mil familias viven en unos 1.432 campamentos o asentamientos ilegales. El propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoce un déficit de 552 mil viviendas.

Muchas veces, esto es posible por la situación de empate popular entre las expresiones políticas que gobiernan y las de sus adversarios.

La mayor riqueza se genera en las regiones, pero la plata va a parar siempre a la capital. Una constante que se repite por generaciones, y que mantiene a la gente amarrada a valores arcaicos e incompatibles con el avanzar hacia una nación más equitativa y moderna.

Son tantos los votos nulos o en blanco que ahora se manifiestan que, en justicia, debiera leerse en ellos un rechazo perentorio al desempeño de nuestros políticos y representantes a nivel nacional, regional y comunal.

Tal como en los contratos bancarios, hay toda una “letra chica” que muchos no leen en este caso en los escrutinios y que habla, por ejemplo, que comunas pobres y ricas tengan resultados muy erráticos y contradictorios, contrariando con frecuencia la condición social de sus habitantes.

Sin pretender ofrecer un antídoto definitivo a las crisis que una y otra vez, al menos desde 2006 -pasando por 2011 y hasta 2019-, aquejan a la sociedad chilena, es evidente que cualquier paso en dicha dirección tiene que comenzar por una reflexión profunda de los detonantes de la crisis —cuestión que hemos intentado hacer aquí desde el prisma de la teoría de la concentración.

Por los argumentos expuestos, sin lugar a dudas, si el ministro Muñoz, agotadas las instancias en Chile, recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será REINSTALADO en su cargo como ya ha sucedido -por los mismos motivos- en varios otros casos en distintos países del Tratado.