La acción legal que acusa discriminación y hostigamiento tras el despido del ex fiscal, fue presentada el pasado 21 de julio al Ministerio Público y busca principalmente la restitución de su cargo y una indemnización por 39 millones de pesos.
Tanto la comunidad Autónoma Temucuicui como otras organizaciones y representantes mapuche se han marginado de la mesa de diálogo propuesta por el gobierno tras declarar que no existe una representatividad de los pueblos originarios.
