Activistas en la lucha del VIH advirtieron que documento dirigido desde las Subsecretarías de Salud y Redes Asistenciales hacia las diferentes autoridades de salud, no cuenta con fechas ni lugares claros para la inoculación en personas viviendo con VIH, a quienes además se les exigirá una orden que certifique su condición, transgrediendo el principio de confidencialidad del diagnóstico establecido en la Ley 19.779.
