The investigation into alleged tax fraud involving Senator Camila Flores has intensified as Carlos Swett, president of the Association of Notaries and Conservators, has been summoned to testify as a suspect, shedding light on the mysterious envelope linked to the case.

Un exasesor de la parlamentaria aseguró haber visto al presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, entregar un sobre en la puerta de la casa de la senadora y el Ministerio Público busca establecer si dentro de ese sobre había dinero en efectivo

Die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Steuerbetrug der Senatorin Camila Flores haben eine neue Wendung genommen. Carlos Swett, Präsident der Notariatsvereinigung, wurde als Beschuldigter befragt, nachdem ein ehemaliger Berater angeblich einen Umschlag vor Flores' Haus übergeben hatte.

La decisión de Kast de solicitar la renuncia del entonces superintendente José Miguel Salazar, en plena etapa de resolución del caso contra la USS en un limbo y a superintendenta subrogante, Daniela Poblete, se ha limitado a señalar que “el proceso está en curso, sin cierre aún”

En 1988, Luis Hermosilla decía votar No por “dignidad personal”, progreso social y justicia. Casi cuatro décadas después, esa declaración vuelve como una contradicción brutal en medio del Caso Audios y sus presuntas redes de pagos, favores e influencias.

Un año de pesquisas reservadas y millones en transacciones bajo escrutinio fiscal mantienen al Andrés Chadwick en la mira del Ministerio Público, en causas que van desde el lobby privado hasta el uso indebido de escoltas, a lo que se suman $226 millones transferidos desde la cuenta de Luis Hermosilla al exministro del Interior

"Todos los antecedentes que se han reunido permiten concluir que el investigado valiéndose de los fondos que provienen de la explotación del cargo público que se le ha confiado, ha promovido la generación de una red de tráfico de influencias con el consiguiente desvío de propósito de la Función Pública y su descrédito", indicó la fiscal judicial Carla Troncoso.

A massive operation known as "Operation Apocalypse" aimed at dismantling a corruption network within the penitentiary system was simultaneously deployed across seven regions of the country, covering nine facilities including the Santiago 1 and San Joaquín Women's Prison, both in the Metropolitan Region. The guards are accused of facilitating, in exchange for money, the entry of drugs, cell phones, and undocumented visitors.

Un masivo operativo, denominado “Operación Apocalipsis”, destinado a desarticular una red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario, se desplegó de manera simultánea en siete regiones del país y abarcó nueve recintos, entre ellos las cárceles de Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, ambos en la Región Metropolitana. Los gendarmes son señalados de facilitar, a cambió de dinero, el ingreso de drogas, celulares, visitas indocumentadas.

Former Vitacura Community Development Director Antonia Larraín accepted responsibility for 20 counts of fraud against the treasury in an abbreviated trial. She received five years of intensive supervised release, a fine of $48.5 million, and was disqualified from public office for a decade. Her testimony is a pivotal piece in the investigation targeting the former mayor, who faces charges of fraud, criminal association, and money laundering.