"Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad. La memoria, la verdad y la justicia no son negociables", indicaron los integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Desde el sitio de memorias denunciaron que "en este caso la Corte actuó sin razón legal para hacerlo" y que el arresto domiciliario a represores implica incumplir la obligación internacional de sanción efectiva.
La víctima fue objeto de una detención ilegal, secuestro, torturas físicas, psicológicas, y vejámenes, ras su participación en el paro de la Universidad de Tarapacá, registrado en Arica en 1986, durante la dictadura de Pinochet.
La fiscal Clara Carrasco suspendió a la jueza Irene Rodríguez y a una funcionaria del 8° Juzgado de Garantía por irregularidades en la liberación de un sicario que escapó del país. El sumario disciplinario, ordenado por la Corte de Apelaciones de Santiago, avanza junto a una indagatoria de la Corte Suprema para determinar responsabilidades.
Jorge Chovar oficiaba de conductor del vehículo particular en que se movilizaba el grupo represivo de la dictadura "comisión civil" en Temuco. La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al empresario gastronómico a la pena de 12 años de presidio efectivo, por el secuestro calificado del estudiante universitario Luis Bernardo Maldonado Ávila.
Uno de los responsables fue declarado inimputable por demencia, mientras que otros fallecieron sin condena. Solo un exmilitar enfrentará prisión por los crímenes cometidos contra tres docentes en octubre de 1973.
La Corte Suprema detectó 1.029 viajes al extranjero de 692 funcionarios judiciales durante licencias médicas en cinco años, incluyendo 571 activos, 4 ministros y 1 fiscal de Cortes de Apelaciones, y 84 jueces. Se ordenaron procedimientos disciplinarios a cargo de fiscales judiciales, evaluando posibles superposiciones con feriados. Ningún ministro de la Corte Suprema está involucrado.
El abogado Alberto Espinoza, defensor del werken de la CAM, cuestiona el fallo de la Corte Suprema que negó el traslado de Héctor Llaitul a un módulo de comuneros mapuche. Acusa al máximo tribunal de sustentar su resolución en antecedentes erróneos y en una mirada “racista y colonial” sobre la cultura del pueblo mapuche.
La Corte Suprema ordenó al Estado pagar $1.500 millones a la constructora Azvi por el puente Cau Cau. La obra, aprobada en el gobierno de Piñera, sigue generando costos millonarios y vergüenza pública.
Aunque confirmó el rechazo al recurso de amparo, la Corte Suprema instó al Ministerio Público y a las policías a respetar los derechos humanos en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.
