El crimen fue consumado en 1974 por un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, SIFA, quienes acribillaron el automóvil en que se desplazaba la víctima, el dirigente del MIR, José Francisco Bordás Paz, en la comuna de Las Condes.

El máximo tribunal decidió acoger un recurso de queja y ordenó continuar con la tramitación de la demanda por despido injustificado en contra del partido político.

La Corte Suprema ratificó la condena contra el oficial que se desempeñaba como médico militar, Eduardo Arriagada Rehren, por el homicidio del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, perpetrado en 1973.

El Pleno de la Corte Suprema se reunió este viernes 8 de noviembre para analizar diferentes aspectos relativos a la comisión de ética y temas relacionados a la actualidad judicial, en particular, a las repercusiones del Caso Hermosilla y los 4 ministros en funciones.

La petición formulada por 11 diputados de Chile Vamos buscaba remover a la directora del INDH, Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás, luego de que el organismo presentara una querella criminal por un eventual tráfico de influencias relacionado con el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, en el marco de la “Operación Topógrafo”.

El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia que acogió la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones del trabajador desvinculado por la empresa embotelladora.

“Su conducta demuestra un ánimo de tejer una red de influencias”, indicó el fallo del máximo tribunal, afirmando que “devela un interés personal contrario al buen funcionamiento del Poder Judicial”.

Estas jornadas se desarrollan en un momento crítico para el Poder Judicial, tras los cuestionamientos surgidos a partir del caso Audio y las destituciones de los magistrados Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

El fallo impugnado ordenaba a Gendarmería de Chile contratar un médico de planta y disponer de una ambulancia para atender las necesidades de salud de los reos, medidas que implicaban el uso de fondos fiscales no autorizados, lo cual según determinó la Suprema, excede las atribuciones de la Corte de Apelaciones.

Organizaciones de DDHH, firmantes de una carta pública, condenan la acusación parlamentaria contra el ministro Sergio Muñoz, considerándola un abuso de poder para proteger a la ministra Ángela Vivanco y defienden su trayectoria como juez de carrera, independiente, probo y comprometido con la defensa de los derechos humanos, solicitando al Senado que hagan prevalecer el Estado de Derecho y no se sumen a la infamia cometida en la Cámara.