The Supreme Court has upheld the convictions of four former agents associated with the Joint Command for their involvement in the 1976 enforced disappearance of José Edilio Flores Garrido, a communist leader, marking a significant moment in the pursuit of justice for human rights violations during Chile's dictatorship.

La Suprema mantuvo las condenas por secuestro calificado, delito calificado como crimen de lesa humanidad, contra cuatro exagentes que participaron en la detención y posterior desaparición del estudiante universitario y dirigente comunista José Edilio Flores Garrido, quien hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido

The lawmaker argued that by using an individual case to challenge the systematic state terrorism Chile endured under Pinochet, the right is engaging in “pure fascism.” “This is the world turned upside down, and we will not allow it. This is denialism that seeks to erase history. It is the indecency of a right wing that still calls it a ‘military government’ despite it being one of Latin America’s bloodiest dictatorships,” she said.

La parlamentaria planteó que al valerse de un caso individual para cuestionar la política sistemática de terrorismo de Estado que se vivió en Chile durante el régimen de Pinochet, la derecha incurre en un acto de “fascismo puro”. “Esto es el mundo al revés y no lo vamos a permitir. "Esto es negacionismo que quiere borrar la historia. Es la indecencia propia de la derecha que sigue llamando gobierno militar a una de las dictaduras más sangrientas de América Latina”, dijo.

“The dictatorship carried out a systematic policy of enforced disappearance, executions, and torture that left thousands of victims. One case—or the late recognition of another—does not undermine that truth; on the contrary, it confirms it. Each new finding reminds us of the scale of these crimes against humanity and the urgency of clarifying every one of them,” stated more than 70 organizations of victims’ families, memory sites, and human rights advocates.

"La dictadura implementó una política sistemática de desaparición forzada, ejecuciones y torturas que dejó miles de víctimas. Un caso, o el reconocimiento tardío de otro, no debilita esa verdad: por el contrario, la confirma. Cada hallazgo nos recuerda la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y la urgencia de esclarecer cada uno de ellos”, plantearon más de 70 organizaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria y entidades defensoras de los Derechos Humanos.

Desde CODEPU alertaron sobre una ofensiva negacionista que intentará aprovechar el caso para restar veracidad a los miles de crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. "Condenamos y condenaremos todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales", afirmaron en un comunicado.

El ex brigadier del Ejército Miguel Krassnoff, suma más de 1.000 años de cárcel por su participación en diversos delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema lo sentenció junto a otros dos ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de Leopoldo Daniel Muñoz Andrade, estudiante de Construcción y militante del MIR.

Eduardo Campos Barra, técnico automotriz y militante del FTR-MIR, tenía 29 años al momento de su detención y desaparición, el 14 de septiembre de 1973. Según la investigación fue interrogado y cruelmente torturado antes de ser ejecutado.

Una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo recibió el ex capitán de Carabineros Hugo Jesús Medina Leiva, acusado como autor del secuestro calificado de Víctor Valdivia Vásquez, de 18 años al momento de su detención en octubre de 1973.