En las investigaciones realizadas contra Oviedo, se logró establecer la utilización de cuatro tarjetas de créditos por una facturación total de $75 millones, los cuales fueron transferidos a una cuenta nacional.
Uniformados habían sido notificados de su procesamiento, el pasado 22 de septiembre, por parte de la ministra Romy Rutherford, acusados del delito de malversación de caudales públicos, ilícitos cometidos en diciembre de 2007 y marzo de 2018.
La entrega se hizo con el acompañamiento de una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia católica que se trasladó hasta el piedemonte cordillerano