El Caso Fraude en el Ejército. con sus más de 40 aristas, pasará a partir del 4 de septiembre de 2023, a manos de Ana María Osorio, quien juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2022.

Jueza asumió el 3 de marzo de 2017 la investigación de este caso, encausando a 68 militares, incluyendo a los últimos 4 comandantes en jefe de la institución: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).

Ministerio Público ha pedido 15 años de cárcel para el ex general y 10 años para su cónyuge. Asimismo, ha solicitado el comiso de una parcela del matrimonio ubicada en Las Brisas de Chicureo, y tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en Las Condes.

Según la Fiscalía, para ejecutar el supuesto lavado, Oviedo habría realizado distintos movimientos que incluirían la compra de bienes raíces, cuentas bancarias en Chile y el extranjero, depósitos a su esposa, Marianne Stegmann, y pagos con tarjetas de créditos con las que se facturaron $75 millones.

Documentación falsificada asciende a $262.857.055, correspondientes a 5.776,650 UTM, y que equivalen al día de hoy a $360.751.792.

Ministra Romy Rutherford había decretado su prisión preventiva hace 9 días, la cual fue revocada finalmente durante la presente jornada.

Cabe recordar que Cheyre, fue procesado hace poco más de una semana por malversación de caudales públicos, por una cifra cercana a los 130 millones de pesos.

En un informe dirigido a la Corte Marcial, la jueza planteó la hipótesis de que los altos mandos procesados se concertaron entre ellos para la comisión del delito de malversación, organizando así un sistema para seguir recibiendo gastos reservados una vez que pasaran a retiro.

Junto con dictaminar las medidas cautelares para Cheyre, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, amplió los cargos contra los ex comandantes en jefe Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, quienes están imputados por el delito de malversación de caudales públicos entre 2006 y 2018, arista "gastos reservados".

De acuerdo a la investigación de la ministra Romy Rutherford, el uniformado habría traspasado bienes provenientes de dineros ilícitos a sus hijas, lo cual constituye un delito de lavado de activos.