El caso de Lesbia Urquía, junto al reciente crimen de Berta Cáceres, se suma a los 111 asesinatos de activistas ambientales registrados en Honduras entre 2002 y 2014. Aunque las autoridades de Honduras intentan ocultar las claves de estas muertes a la opinión pública, ambos asesinatos ocurrieron en medio de la tramitación para la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y en circunstancias que apuntan a la persecución política.