El gobierno anunció un aplazamiento a la reforma de la Ley de Isapres y ha generado reacciones diversas. Mientras algunos parlamentarios de bancadas diversas, aceptaron esta prórroga de buen grado, los sectores que están vinculados a la discusión de la iniciativa se han molestado (y con razón) poniendo en duda la real voluntad política del poder ejecutivo para realizar los cambios necesarios a este sistema instalado en la dictadura y que no cuenta con ninguna legitimidad social.